POR GRECIA ORTIZ
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La iniciativa de ley de desarrollo rural integral se encuentra engavetada en el Congreso desde hace más de seis años, tiempo en el que ha dado un pulso entre grupos de campesinos organizados, que piden la aprobación de la normativa para democratizar el acceso a la tierra y sectores empresariales vinculados al agro, que se oponen al proyecto al considerar que amenaza sus intereses. El campo se encuentra dividido sobre este tema, mientras que la pobreza y el hambre asolan con dureza a la población rural.
Si bien la pobreza es un problema de todo país, el campo lo sufre con más severidad. De acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida 2015 (Encovi), en las áreas urbanas los pobres representan el 42.1 por ciento de la población, pero en las áreas rurales son la mayoría, el 76.1 por ciento.
Esta disparidad, nada nueva para los conocedores del desarrollo humano, llevó en 2009 al planteamiento de la ley de desarrollo rural integral, con el objetivo de garantizar el desarrollo humano de las poblaciones asentadas en el campo y con menos posibilidades de salir de la pobreza.
La iniciativa de ley ya pasó por las manos de cientos de diputados, integrantes de organizaciones campesinas, empresarios, funcionarios, académicos y expertos, pero no hay un consenso sobre cómo responder a la necesidad de la población rural.
Adrián Zapata, arquitecto de la política nacional de desarrollo rural, habló con La Hora acerca de la iniciativa de ley en una oficina en la Ciudad de Guatemala, aunque el académico conoce de muy cerca la realidad del campo y de los campesinos, y por eso insiste en que la normativa se debe aprobar.
En primera instancia, Zapata resume el proyecto de ley en cinco elementos. El primero define que el desarrollo rural se mide con la calidad de vida de las personas de quienes habitan en territorios rurales, y no en la cantidad de carreteras o la situación de las fincas.
El segundo, es el Estado, porque es el que tiene la responsabilidad de enfrentar la falta de desarrollo rural. La política y la iniciativa de ley de desarrollo rural establecen que hay que enfrentar la problemática de pobreza y exclusión social de manera multi e intersectorial, lo que significa que el Estado debe responder con educación, salud, trabajo, seguridad alimentaria, política económica y social; se establece la creación de un Ministerio de Desarrollo Social.
Lo tercero que establece es el enfoque territorial, es decir, que tiene que partir de las condiciones concretas que existen en los territorios porque no todos son iguales y cada quien tiene su realidad territorial.
El cuarto, por otra parte, dice que los pobres y excluidos son los sujetos priorizados; y, el quinto, define la política, es decir, la que le da el papel de promotor al Estado.
POLÉMICA: DEMOCRATIZAR NO ES PRIVATIZAR
Zapata explica que la iniciativa de ley se encuentra estancada debido a que grupos empresariales se encuentran en oposición, pues «les da terror la política agraria que incluye el Artículo 10 donde se indica de democratizar el régimen de tenencia de la tierra».
En palabras del académico, la preocupación de los empresarios es que el artículo «abra la puerta para burlar la propiedad privada en el agro, pero los empresarios no leen el numeral completo, porque al final de ese texto dice: en el marco constitucional, legal, de los acuerdos, convenios y suscritos vigentes».
Según Zapata, con «democratizar» se refiere promover que los campesinos tengan acceso a la tierra, en otras palabras, impulsar una política agraria que ayude a la mayor cantidad de campesinos que necesiten tierra.
«Hay que buscar mecanismos a través de los cuales los campesinos accedan a la tierra, pero no violando las leyes del país que protegen la propiedad privada», puntualizó el experto.
Textualmente el Artículo 10 señala: «La Política Agraria reformará y democratizará el régimen de uso, tenencia y propiedad de la tierra, desincentivando su concentración mediante la dotación y otros mecanismos de acceso a la tierra, e incentivando el área destinada a la producción de alimentos, para el desarrollo del sujeto de la presente Ley en los términos que establecen la Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes y Convenios Internacionales ratificados por el Estado de Guatemala».
Además, indica: «Las principales líneas estratégicas de esta Política serán: acceso a tierra; regularización de la tenencia y propiedad de la tierra; atención a la conflictividad agraria y ambiental, y la dinamización de las economías campesinas mediante mecanismos financieros, y la dinamización de las economías campesinas mediante mecanismos financieros, de aseguramiento y garantía, que permitan generar en forma sostenible capacidad productiva y técnica e ingresos rurales para el desarrollo social y económico de las familias beneficiarias; y el fomento de intervenciones que generan capacidades productivas que contribuyan a la solución de la deuda agraria. Esta política será complementada con las disposiciones legales que sobre la materia del derecho sustantivo y procesal agrario, promulgue el Congreso de la República».
LA VIDA EN EL CAMPO
Angelino Flores es un campesino de El Pajonal, una comunidad de Jalpatagua, departamento de Jutiapa, en el oriente del país, donde la producción de maíz se reduce cada vez más por causa de las condiciones climáticas y la falta de oportunidades de conseguir parcelas.
Flores explica que tuvo que adquirir un préstamo para arrendar tierras, comprar semillas e instrumentos de labranza, pero la cosecha no resultó como esperaba por la escasez de lluvias en el último año, dejándole prácticamente en la quiebra.
Los apoyos de las municipalidades para la agricultura son mínimos, por no decir nulos, y por eso los campesinos creen que los gobiernos locales y el Ejecutivo le están dando la espalda a uno de los sectores más desprotegidos del país.
«No tenemos otra cosa que hacer para ganarnos la vida más que sembrar y cosechar. Eso es lo que hicieron nuestros abuelos y nuestros papás, pero la situación está muy dura ahora y nosotros no tenemos cómo sobrevivir», explica Angelino, al lado de otros campesinos que corrieron con la misma suerte.
Miles de campesinos como Angelino no han leído la iniciativa de ley de desarrollo rural, pero entienden y viven el problema de la falta de oportunidades en el campo, que se traduce en pobreza y miseria.
UNA VISIÓN EMPRESARIAL
Carla Caballeros, secretaria ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro), dijo que ese sector expuso desde 2009 su postura sobre este tema, y dejó claro en el Congreso que la iniciativa no responde a los objetivos para los que fue planteada.
«Creemos que esa iniciativa realmente no responde ni a su título. No es una iniciativa que provea desarrollo rural. Nosotros creemos que debería impulsar una serie de acciones que tengan como propósito promover desarrollo en las áreas rurales», afirmó Caballeros.
«El desarrollo no se promueve creando nuevos ministerios», aseguró Caballeros, en referencia a la propuesta de creación de un Ministerio de Desarrollo Rural, y añadió que la solución para el campo no consiste en duplicar funciones de las instituciones y leyes que «ya existen».
A criterio de Caballeros, para combatir la pobreza rural se deben ejecutar con transparencia los programas sociales que ya existen y se ejecutan desde el Organismo Ejecutivo, para que los beneficios lleguen a los más necesitados.
El combate a la pobreza rural, para la entrevistada, radica entonces en el cumplimiento de las leyes que ya existen, especialmente en que los programas deben funcionar libres de corrupción, por lo que requieren una «revisión de calidad de gasto».
«Hay una serie de programas en el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía, que también están dirigidos a grupos vulnerables», indicó.
La solución es verificar que la ayuda llegue a quien de verdad lo necesita, dijo Caballeros, porque hay casos de personas afiliadas a partidos políticos que se benefician de la asistencia para los pobres.
Mientras Nills Leporowsky, presidente de Camagro, afirmó que están conscientes que es necesaria una ley de desarrollo rural, pero no están de acuerdo en la forma en que se plantea la normativa, pues la misma tiene un elevado costo para el Estado, contemplando la creación de un ministerio.
«Nosotros creemos que la única forma de llegar a tener un desarrollo rural es mediante inversión. Es importante que las empresas vengan a invertir, que se creen empresas y empleos dignos con el tiempo y no mediante una ley que lejos de buscar ese desarrollo solo venga a crear más burocracia», explicó.
A su criterio está normativa más bien ahuyenta la inversión, y de aprobarse habría más pobreza de la que se tiene, y acotó que «no existe otra forma en cualquier parte del mundo -de contrarrestar la pobreza-, sino es mediante la creación de empleo».
Respecto a los salarios diferenciados comentó que «son una idea que se va a poner en prueba porque no lo tenemos todavía, para ver si así se logran mejores niveles de inversión en ciertos municipios del país, es una idea que salió hay que ver si funciona».
El objeto de los salarios diferenciados, comentó Leporowsky, es llamar a mayores inversiones en el país, porque con ello vendrían mayores empresas, sin embargo los mismos fueron derogados porque no son acordes a los principios, derechos y garantías sociales que la Constitución garantiza.
UN PROBLEMA A FUTURO
En la Encuesta de Condiciones de Vida de 2006, ya el 51 por ciento de la población guatemalteca vivía en pobreza; de esa cifra el 35.8 por ciento correspondía a pobres y el 15.2 por ciento a pobres extremos, sin embargo ocho años más tarde la proporción de pobreza aumentó hasta llegar a un 59.3 por ciento, según el estudio realizado en 2014.
La última encuesta reveló que 9.37 millones de personas, bajo proyecciones de población de 2014, vive por debajo de la línea de pobreza, mientras del 15.2 por ciento de pobreza extrema se pasó a un 23.4 por ciento, lo que significó un aumento de 8.1 puntos porcentuales.
El estudio realizado en 2014, por otro lado demostró que la incidencia de pobreza entre la población indígena es del 79.2 por ciento, y eso equivale a 1.7 veces más que la población considerada no indígena.
Los departamentos que registraron una mayor concentración de pobreza son Alta Verapaz, Sololá y Totonicapán, en niveles desde un 83.1 por ciento hasta un 77.5 por ciento; las tres locaciones son principalmente rurales.
Irma Gutiérrez, vicepresidenta de los 48 cantones de Totonicapán, dijo que esta ley es importante porque reconoce a las comunidades, sus necesidades y establece soluciones. «La ley de desarrollo rural parte de como nosotros, como pueblo, logremos el acceso a la tierra y el agua; nosotros consideramos que debería ser oportuno para que se haga la aprobación de esta ley», afirmó.
Lo que sucede, a su parecer, es que en los diálogos legislativos y empresariales no se toma en cuenta a los pueblos indígenas. «Realmente nosotros como pueblo estamos marginados», dijo la comunitaria y recalcó que la aprobación de la normativa iría en beneficio de las comunidades.
De no aprobarse la normativa, Gutiérrez afirmó que se estaría ignorando la debilidad del Estado para hacer frente a un problema histórico, pues hay muchas personas que no cuentan con tierras para sembrar y garantizar su sobrevivencia.
En el interior existen problemas integrales, pero no hay soluciones integrales, menciona Gutiérrez.
Para Mario Itzep, del Observatorio Indígena, existe un incoherente sistema de acceso a las tierras, por lo que cada vez hay menos campesinos con posibilidades de acceder a los medios de producción para subsistir.
«Hay que recordarle a los diputados que tienen una deuda política con los guatemaltecos y especialmente en el área rural; en la campaña electoral buscan el voto pero en el Congreso de la República le dan la espalda a la población», aseveró.
Al igual que la vicepresidenta de los 48 cantones de Totonicapán, Itzep sostiene que la normativa se debe aprobar porque va en beneficio de las áreas rurales, y que la oposición del sector privado radica en el «miedo a perder las tierras que tienen».
La pobreza disminuiría a su parecer, porque existirían mejores condiciones de salud y educación, por lo que los opositores deberían buscar no el bien propio sino anteponer el bienestar de todos, y de no aprobarse la ley, existiría mayor conflictividad social, más pobreza.
Zapata, por su lado, insiste en que la iniciativa de ley de desarrollo rural no tiene relación con una reforma agraria, como la que se intentó en 1944.
«El tiempo ha cambiado y el mundo es otro al de aquella época. Yo no creo que la reforma agraria sea el camino para desarrollar el país, porque la tierra no es el camino, pero no hay camino sin tierra, o sea hay que afectar la estructura de tenencia de la tierra para que haya desarrollo», indicó.
«No basta resolver la problemática agraria para que haya desarrollo. Esta ya no se resolverá mediante una reforma agriaría y fiscalizadora, porque ya no hay condiciones y no corresponde con la realidad contemporánea y del mundo. Sin embargo, hay otros instrumentos para ello, como la iniciativa 4084», puntualizó el académico.
En cifras
9.37 millones de personas viven en condición de pobreza.
51.2% de personas vivían en situación de pobreza en 2006.
83.1% de las personas en Alta Verapaz son pobres.
8 puntos porcentuales aumentó la pobreza extrema de 2006 a 2014.
53.6% de la pobreza extrema se concentra en Alta Verapaz.
«Les da terror la política agraria que incluye el artículo 10 donde se habla de democratizar el régimen de tenencia de la tierra».
ADRIÁN ZAPATA«Realmente nosotros como pueblo estamos marginados».
IRMA GUTIÉRREZ -VICEPRESIDENTA 48 CANTONES DE TOTONICAPÁN-«Creemos que esa iniciativa realmente no responde ni a su título. No es una iniciativa que provea desarrollo rural. Nosotros creemos que debería impulsar una serie de acciones que tengan como propósito promover desarrollo en las áreas rurales».
CARLA CABALLEROS -CAMAGRO-«Nosotros creemos que la única forma de llegar a tener un desarrollo rural es mediante inversión. Es importante que las empresas vengan a invertir, que se creen empresas y empleos dignos con el tiempo y no mediante una ley que lejos de buscar ese desarrollo solo venga a crear más burocracia».
NILLS LEPOROWSKY -CAMAGRO-
