POR REDACCIÓN LA HORA
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La Procuraduría General de la Nación (PGN) determinó que el incremento salarial del 10 por ciento anual y otros bonos para los trabajadores del Congreso, establecidos en el pacto colectivo de dicha entidad, resultan perjudiciales para el Estado de Guatemala; por lo que recomendó renegociar el acuerdo laboral y anunció que tomará las acciones legales correspondientes contra los responsables.
María Eugenia Villagrán, titular de la PGN, dijo a La Hora, que el pacto colectivo de trabajo del Organismo Legislativo es “perjudicial” e “inviable económicamente” para los intereses del país e instó al Congreso para que negocien nuevas condiciones con los trabajadores, pues además se viola el principio de igualdad.
De acuerdo con el informe redactado por la PGN sobre la de negociación, suscripción y homologación del pacto colectivo del Congreso, al cual La Hora tuvo acceso, los funcionarios del Organismo Legislativo y del Ministerio de Trabajo, que intervinieron en dicho proceso, pudieron perjudicar el patrimonio del Estado y haber incurrido en responsabilidades legales, al no haber observado las normas Constitucionales, presupuestarias y demás normas sobre dicha materia.
El documento establece que los funcionarios aludidos debieron sustentar “técnica, financiera y jurídicamente” los beneficios económicos a los que se comprometieron en el pacto y debieron tomar en consideración las posibilidades financieras del Estado.
Sin embargo, el análisis realizado determinó que no contaron con un dictamen de la Dirección Técnica del Presupuesto que avalara la posibilidad financiera del Estado de cumplir con los beneficios laborales, y tampoco indicaron la fuente de donde se tomarían los fondos destinados a cubrirlos.
Sobre los gastos de negociación, se estableció que “el Artículo 41 del referido pacto no establece la cuantía del mismo”, pero que al ser una persona jurídica, el Sindicato de Trabajadores del Congreso, es el responsable de las obligaciones contraídas y no así el Estado de Guatemala.
Ante toda la evidencia recolectada, la PGN concluyó que “el incremento salarial del 10 por ciento anual y algunos bonos, resultan perjudicial para el Estado de Guatemala, en virtud que causa un alto impacto financiero al Estado y comprometen seriamente su precaria situación financiera” y por lo mismo, anuncia que “procederá a plantear las denuncias penales contra las personas que resulten responsables”.
Además, la Procuraduría recomienda al Congreso analizar los beneficios laborales otorgados para intentar la renegociación en consenso con el Sindicato de Trabajadores, que ya dijo estar anuente a ello.
Esta renegociación debe considerar los principios de justicia social, razonabilidad, proporcionalidad e igualdad, y respetando los derechos laborales mínimos, establecidos en la Constitución, indica la PGN.
El documento fue entregado esta mañana al presidente del Congreso, Mario Taracena, quien sin proporcionar mayor información anunció que contenía “un premio”.
Según Taracena, el documento «afecta a seres humanos» e indicó que lo revisaría tras una reunión con el presidente Jimmy Morales para dar declaraciones.
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