POR KIMBERLY LÓPEZ
klopez@lahora.com.gt
La conservación de la biodiversidad en Guatemala se debilita ante amenazas como las ocupaciones, el narcotráfico y la explotación comercial de recursos en áreas protegidas. En tanto, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), no puede cumplir con su labor por falta de capacidad presupuestaria, humana y administrativa.
El presupuesto aprobado por el Congreso de la República para el funcionamiento del Conap para el 2016, asciende a Q102 millones 41 mil. Un presupuesto notoriamente reducido, si se compara con los Q107 millones 635 mil asignados para el 2015.
La cantidad se elevó tras el cabildeo de las autoridades de la institución, ya que según el subsecretario ejecutivo, Eliseo Gálvez, se pretendían asignar Q10 millones menos de lo que se aprobó finalmente.
Entre otras, el Conap es una de las instituciones dependientes del Estado que sufrió un recorte en sus recursos. La reducción significa más de cinco millones de quetzales menos destinados para la protección de áreas, de recursos naturales y de vida silvestre.
Con dicho presupuesto, la institución tiene que resguardar 328 áreas protegidas, iguales al 30.65 por ciento del territorio nacional.
El Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas comprende una muestra amplia de lo más notable de la naturaleza nacional, no sólo cuanto a paisajes y biodiversidad, sino también en términos de procesos naturales que son imprescindibles para garantizar la vida y el bienestar material de las personas.
Sin embargo, los recursos para el Conap nunca han sido una prioridad en el presupuesto general. De hecho, en los últimos seis años, su presupuesto ha sido modificado para que un porcentaje de los recursos asignados pueda ser destinado a otras necesidades. (Ver recuadro: Presupuesto).
UNA DECISIÓN COSTOSA
En los primeros días de enero, la Secretaría Ejecutiva del Conap emitió un comunicado con el que buscaba dar a conocer que la institución había sufrido un recorte de nueve millones de quetzales para la contratación de personal en el renglón 029, que incluye a los trabajadores que laboran bajo un contrato de servicios profesionales y por ello, se veían forzados a cancelar varios de estos contratos.
“Existía una sobrepoblación de trabajadores de dicho renglón, muchos de los cuales fueron contratados en años recientes, con salarios dispares y sin los perfiles técnicos adecuados”, explicaba el documento publicado.
Esto, en respuesta a las declaraciones que brindó un grupo de trabajadores afectados por dicha medida, quienes denunciaron la cancelación de los contratos del más del 50 por ciento del personal técnico y administrativo.
Según Diana Monroy, trabajadora del Conap, esta decisión se habría tomado de manera arbitraria, en total violación de los derechos laborales y sin considerar las repercusiones que esto tendría en la realización de proyectos para la protección y resguardo de los recursos naturales y en la misión general de la institución.
Esta situación desmantelaba departamentos completos en la capital y otras regiones, y dejaba sin representación al Conap ante varios organismos ambientales.
Los trabajadores advirtieron de la vulnerabilidad en que se estaba dejando al Conap, que hasta ahora ha mantenido fuerte resistencia a la influencia de empresas extractoras que buscan explotar recursos en zonas protegidas.
EL ACUERDO
Tras una serie de diálogos, la Secretaría Ejecutiva y los trabajadores involucrados lograron un acuerdo que, aunque no dio por terminado el conflicto, extendió las relaciones laborales de este grupo de empleados para no desestabilizar el funcionamiento de la entidad.
El acuerdo dejó en suspenso la situación de casi 130 trabajadores afectados y comprometió a las autoridades a buscar más recursos para no tener que prescindir de tantos empleados.
Sin embargo, Gálvez señaló que los despidos continuarán, aunque se harán respondiendo a “la ausencia de capacidades o a un desempeño poco satisfactorio”. El secretario no explicó cómo se definirán estos parámetros.
Gálvez aseguró, que pese a los esfuerzos financieros, la institucionalidad del Conap, tiembla ante la falta de recursos.
MISIÓN CONDICIONADA POR FALTA DE RECURSOS
La misión asignada al Conap es ambiciosa: “Asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica y las áreas protegidas de Guatemala, así como los bienes y servicios naturales que estas proveen a las presentes y futuras generaciones”. Y lo es más aún, si se compara con los recursos disponibles para cumplir esa función.
La disminución de los recursos tiene consecuencias sobre la capacidad de la institución para cumplir sus fines. La efectividad del manejo del Sistema de Áreas Protegidas fue medida por el Conap de 2000 a 2012, en los cuales solo se logró un 50 por ciento de efectividad, variando entre las categorías de “regular” a “poco aceptable”.
Gálvez, resume el problema de esta manera: “las necesidades superan los recursos con los que se cuentan”.
Según el entrevistado, la mayor necesidad de esta institución es el presupuesto, los recursos que necesita para responder a las funciones que debería cumplir. “La conservación del Sistema de Áreas Protegidas, se ve afectada en función de que su presupuesto no cubre todas las necesidades para el fortalecimiento del cuidado de áreas protegidas”, explica.
A su vez, el problema de la falta de presupuesto propicia una serie de carencias a nivel institucional, entre estas, la limitación para realizar contrataciones de personal suficientemente calificado o para hacer capacitaciones técnicas constantemente.
También, afecta en la adquisición del equipo especializado para cumplir las funciones de monitoreo de áreas protegidas, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los bosques y parques ecológicos que además de ser un recurso natural, son refugio de la diversidad biológica.
Los nueve millones menos destinados al Conap para la contratación de personal, resultan contraproducentes, pues según el subsecretario de la entidad, la cantidad de empleados a nivel regional resulta insuficiente, pues justamente en los departamentos en donde se encuentran las áreas protegidas, el personal se queda corto.
El presupuesto ejecutado durante el 2015, ascendió a Q 99 millones 940 mil 859. Esto es, más de siete millones menos del presupuesto asignado inicialmente por las modificaciones realizadas en el transcurso del año. Una situación similar ocurrió durante el 2014, cuando al presupuesto le restaron más de Q 10 millones 585 mil.
Y en el caso del 2010, la reducción fue dramática, pues el Conap ejecutó solamente Q 66 millones 441 mil 211, pues le fueron desasignados más Q 15 millones.
Sacrificar los recursos para la conservación de áreas, diversidad natural y vida silvestre es reflejo de la poca preocupación del Estado por el cuidado de los recursos naturales que, más que un patrimonio, son la garantía de un país en condiciones ambientalmente sostenibles.
UNA FUNCIÓN POCO VALORADA
Según Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), el Conap figura por ser una institución débil frente al Estado. En cuanto a la toma de decisiones legales que involucra la protección de áreas, “ha sido muy crítico en momentos determinantes pero también han autorizado cuestiones que no deberían ocurrir”, explica.
Sin embargo, asegura que la reducción de presupuesto a la institución se puede entender como una forma de “ahorcarla financieramente” para que responda a intereses distintos a los que le competen.
Maldonado también afirma que la reducción al presupuesto general de la institución, así como las reducciones al rubro para la contratación de empleados, representan una violación del Estado a los compromisos adquiridos en el Tratado de Libre Comercio con República Dominicana, Estados Unidos y Centroamérica. Por medio del cual, Guatemala se comprometió a “asegurar que no dejará sin efecto o derogará, ni ofrecerá dejar sin efecto o derogar dicha legislación (ambiental) de una manera que debilite o reduzca la protección otorgada por aquella legislación”, según cita el capítulo 17 de dicho tratado.
“El problema es que el Gobierno ve el tema ambiental como un tema de tercera”, lamenta el entrevistado.
Para Magaly Arresis, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, este desinterés pone en desventaja al país, en dos vías.
En principio, asegura Arresis, no se han valorado económicamente los recursos naturales como para considerarlos una fuente de ingresos a través del turismo sostenible o de alternativas de producción limpia, que aseguren las áreas protegidas y la diversidad biológica.
Por otro lado, asegura que los ecosistemas que todavía quedan, ayudan a mantener el equilibro de la naturaleza “que cada vez se está perdiendo y el fenómeno del cambio climático ya nos está afectado a unos más que a otros pero los agricultores son los más preocupados”.
Arresis concluye que debido a que la situación aún no llega a niveles de crisis, las autoridades no ven la preocupación que el tema merece.
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN SIN PERSONAL
El pasado 11 de enero, La Hora realizó una solicitud de acceso a la información a la unidad encargada del Conap, acerca de los masivos despidos en la institución, así como otra información sobre recursos humanos. Pasado el plazo de 10 días que prevé la Ley, no se recibieron los datos requeridos, ni se recibió notificación alguna.
Ante la falta de respuesta, La Hora se comunicó con el equipo de comunicación del Conap, quienes indicaron que tras los despidos, la Unidad de Acceso a la Información había quedado desmantelada y por lo tanto no se podía responder a nuestra solicitud.
