POR MARIELA CASTAÑÓN
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El Ministerio de Gobernación (Mingob) tiene una deuda de arrastre por Q528 millones 161 mil 405 en sus diferentes direcciones, subdirecciones y unidades específicas. La Policía Nacional Civil (PNC) es la entidad que más compromisos económicos tiene, pues debe Q374 millones 738 mil 294, según un informe oficial presentado hace algunas semanas al Congreso de la República.
La gestión del actual ministro de Gobernación, Francisco Rivas, inicia con varias dificultades, entre ellas la deuda millonaria en la cartera que dirige y que afecta principalmente a la PNC, la entidad que tiene una de las responsabilidades más amplias: proteger a las personas y sus bienes.
El pasado 12 de enero, la exviceministra administrativa de Gobernación, Gladys Delgado, y el director de la PNC, Nery Ramos, asistieron a una citación en la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), donde explicaron y entregaron un informe oficial sobre las deudas en cada dependencia.
El informe detalló que la deuda de arrastre data de 2012 a 2015 y es la institución policial la que debe más de Q374 millones, en arrendamientos por las cámaras de videovigilancia, autorizadas en la administración de Mauricio López Bonilla, extitular de la cartera del Interior y de Telémaco Pérez, exdirector de la institución policial, además de alimentación para los alumnos de la academia de la PNC, uniformes, alquileres, entre otros. (Lea el recuadro Investigan a exfuncionarios).
De acuerdo con los datos oficiales, la alimentación en el Sistema Penitenciario (SP), también es otra de las deudas grandes, sin embargo, no son las únicas direcciones con problemas financieros, las otras dependencias adscritas al Mingob enfrentan la misma dificultad, aunque en menor escala. (Lea el recuadro Deuda millonaria registrada).
En tanto, otros montos elevados son los de la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros, encargada de contrataciones y servicios varios, así como la Unidad Especial Antinarcóticos, que tiene como objetivo cumplir directrices emanadas de la estrategia nacional contra la narcoactividad.
ADMITE DEUDA
La Hora consultó hace algunos días al titular de la cartera del Interior, Francisco Rivas y aunque dijo que se realiza un análisis de la situación financiera del Mingob, admitió que es la PNC la que enfrenta el mayor problema, pues debe más de Q300 millones.
De acuerdo con el funcionario, con el nombramiento del Viceministro Administrativo, Mario René Álvarez Galán, quien fue juramentado el pasado 20 de enero en el cargo, será posible proporcionar datos específicos sobre el tema.
Una de las intenciones del encargado de la Seguridad es el fortalecimiento institucional de la PNC, y según él, con la llegada del Viceministro Administrativo se revisarán las deudas de arrastre y se canalizarán los pocos recursos en beneficio de esa entidad.
“Tengo como prioridad fortalecer y dignificar a la Policía, optimizando los recursos que ya existen y actuando de manera creativa con honestidad y transparencia, los invito a todos ustedes –periodistas– para que se acerquen al Ministerio de Gobernación y pidan información especialmente en el tema financiero, queremos que todo sea transparente y que cada centavo vaya a donde tiene que ir, pero invertido eficientemente y bajo el principio de honestidad e integridad”, explicó el Ministro.
El entrevistado indicó que Álvarez Galán ha sido instruido para realizar su función en beneficio de la sociedad.
“Hemos trabajado a efecto de evaluar la situación financiera del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil. Él –Viceministro Administrativo– ya recibió instrucciones de que nuestra función debe ir en servicio de la población guatemalteca, pero respaldada hacia la PNC, que es la que día a día está trabajando y exponiendo su vida con el fin de lograr la seguridad de las y los guatemaltecos”, indicó.
NO REGISTRADA
Por otro lado, Carlos Barreda, diputado de la UNE, explicó que, en la citación pasada, se conoció que existen dos deudas en la cartera del Interior: una que está registrada y otra que no lo está. Esto generaría problemas, porque el Ministerio de Finanzas no reconoce la que no está documentada.
“Finanzas no lo contempla como saldos por pagar. Si no hay espacio presupuestario, no hay como pagarlo, eso implicaría una ampliación presupuestaria, reconocer la deuda significará presión presupuestaria para este año”, indicó.
De acuerdo con los datos proporcionados, la deuda no registrada es la que no fue ingresada al Sistema de Contabilidad Integrado (Sicoin), que es la entidad que registra oficialmente un compromiso de los fondos públicos y su consecuente devengado.
Según Barreda, la situación actual en el Mingob afectaría principalmente a la PNC, que debe fuertes sumas de dinero en arrendamientos de cámaras y a Presidios que debe la alimentación de los reos.
“Sí la empresa decide cancelar las cámaras, una de las principales herramientas de la PNC para el combate a la delincuencia común, se quedaría sin eso. Aparte de los combustibles y alimentación de la academia de la PNC y en el Sistema Penitenciario, que creo que todo eso era con las empresas Tigo y Presto, -respectivamente-”, dijo el entrevistado.
El diputado detalló que probablemente lo que sucedió con la deuda no registrada, fue que los funcionarios de esa cartera, únicamente documentaron lo que podían pagar.
“Podría haber una responsabilidad o negligencia de algún funcionario, del porqué no registró esa deuda dentro del sistema de contabilidad, pareciera que lo que ha querido el Gobierno saliente es esconder la deuda real y registrar lo que podían pagar. Y lo que no, no lo registraron”, argumentó. Por otro lado, fuentes oficiales hacen un análisis para determinar el monto real de la deuda no registrada.
¿ES REAL O ES CORRUPCIÓN?
A criterio de Sandino Asturias, director del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), es necesario que las autoridades de Gobernación identifiquen si la deuda de arrastre proviene de servicios reales o si es parte de la corrupción de la administración anterior.
De acuerdo con Asturias, el Ministro de Gobernación, debe analizar esta situación y tratar de evitar que las deudas incrementen.
“Es importante saber si esta deuda es parte de la corrupción de la administración pasada o es verdaderamente de cosas existentes. Creo que es importante establecer la diferenciación del tipo de deuda, el segundo paso es evitar incrementarla. La irresponsabilidad de las autoridades pasadas de hacer contratos por excepción fue la práctica permanente que tuvo a la Policía en condiciones precarias”, argumentó Asturias.
El profesional explicó que los recursos deben ser utilizados adecuadamente, sin la intención de beneficiar a empresas específicas.
“Es importante que los recursos sean bien utilizados, en beneficio de la Policía y no de empresas particulares, como nos acostumbró la administración anterior. Hay una falta de recursos. Es difícil administrar la crisis financiera del Estado en general, pero particularmente de Gobernación. Aquí estamos frente a los temas de fondo que hay que abordar en el país. Es necesario que el Mingob y otras entidades tengan los recursos básicos que necesitan para funcionar”, demandó.
El director del CEG concluyó en la necesidad de retomar la propuesta de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sobre la creación de un impuesto para combatir la impunidad.
“Habrá que hacer una reforma y atender la propuesta que hizo en su momento la CICIG, sobre un impuesto especial para los temas de impunidad. Habrá que buscar recursos extraordinarios para que funcione el sistema de seguridad y justicia, por lo tanto, se hará si la actual administración del Mingob, presenta un plan sobre los recursos que se necesitarán, eso hará más viable que los nuevos recursos se usen adecuadamente y con transparencia”, puntualizó Asturias.
Investigan a exfuncionarios
La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) investiga la denuncia interpuesta por la Contraloría General de Cuentas (CGC) en contra de tres exfuncionarios del Ministerio de Gobernación, entre ellos Mauricio López Bonilla, extitular de esa cartera, por la sobrevaloración del contrato de arrendamiento con opción a compra de las cámaras de videovigilancia en la zona 18.
La denuncia también es en contra del otrora Viceministro Administrativo, Manfredo Pacheco; del exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Telémaco Pérez, y miembros de la Junta de Cotización.
La Fiscalía contra la Corrupción ya conoce este caso, luego que lo remitiera la Oficina de Atención Permanente del MP, que recibió la denuncia el 15 de julio del año pasado.
Las anomalías observadas, responden a la sobrevaloración del arrendamiento con opción a compra que se estima es de Q190 millones 676 mil 870, adjudicado a la empresa Construcción y Telecomunicaciones S.A.
