POR SAIRA RAMOS
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La Unidad de Fiscalización de Alto Impacto de la Contraloría General de Cuentas (CGC) con la que colabora la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), desde hace dos meses, tienen bajo investigación distintas irregularidades estatales estimadas en Q7 millones 561 mil 296.15.
El contralor Carlos Mencos a través de su equipo de información dio a conocer que entre las irregularidades que se investiga está el pago del estudio de prefactibilidad para proyectos de remodelación en varias sedes de la Policía Nacional Civil (PNC), en el departamento de Petén, valoradas en Q1 millón 857 mil 681.
Además, una denuncia conexa de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP), contra la Federación Nacional de Tenis de Mesa, luego que se encontró deficiencias en la documentación de respaldo, por un monto de Q532 mil 600.34, correspondiente al pago de tres empresas durante el 2014.
Asimismo, una investigación contra la Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios, Izabal, por una denuncia que refirió que no se administran los ingresos correspondientes de consumo de energía a pesar que el contrato de fideicomiso de administración eroga honorarios de administración al fiduciario por Q576 mil.
La Unidad de Fiscalización de la CGC y CICIG también indaga el destino de Q3 millones 850 mil de la Municipalidad de Taxisco, Santa Rosa, que servirían para el pago de préstamos bancarios adquiridos por esa comuna; y, el faltante de caja de Q751 mil 014.81 de la Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya, El Progreso.
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
La Unidad de Fiscalización de Alto Impacto de la CGC con la que colabora la CICIG está a cargo de 10 auditores que investigan los casos relacionados al mal uso de los fondos del Estado, además dan seguimiento a las denuncias presentadas por la Contraloría y la divulgada en medios de comunicación.
La referida Unidad fue inaugurada en septiembre del 2015, en la sede de la CGC, en zona 13, después que el MP junto a la CICIG desarticularon varias redes de corrupción incrustadas en el Estado operadas por altos exfuncionarios de esas dependencias, las cuales fueron bien aceptadas por miles de guatemaltecos.
