POR CLAUDIA PALACIOS
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La contratación anómala de la empresa Pisa por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el fortalecimiento de la red de defraudación aduanera La Línea en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), nunca fueron detectados por la Contraloría General de Cuentas (CGC), el órgano rector de control gubernamental, que hasta hoy inicia acciones para prevenir la corrupción en dichas instituciones.
Como una respuesta tardía, calificó José Ramón Lam, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Usac, las acciones de la CGC en el IGSS y la SAT tras el desmantelamiento de dos casos de corrupción que involucran a altos funcionarios de ambas instituciones.
Desde el desmantelamiento de la red de defraudación aduanera La Línea, la CGC ha iniciado a verificar los procedimientos y reglamentos internos de importaciones en las aduanas. Según explicó Carlos Mencos, Contralor General de Cuentas, este control no se mantenía desde 1994, cuando se retiraron las delegaciones que tenía la CGC en las aduanas.
“Lo que se hacía, únicamente, en la SAT era la auditoría del presupuesto de ingresos y egresos. Ahora estamos evaluando el cumplimiento de procedimientos en Puerto Quetzal, Tecún Umán, Aduana Central y Santo Tomás de Castilla”, señaló Mencos.
Agregó que las auditorías en el IGSS no son una novedad, sino procesos continuos que se realizan desde hace varia gestiones. “La Comisión de Auditoría sí está haciendo su trabajo, pero el tema es institucional. Ayer yo recibí una llamada del Presidente del IGSS para proporcionar la información en menor tiempo posible”, indicó en referencia al anuncio del nuevo presidente del Seguro Social, Carlos Contreras, sobre auditorías en la institución.
Lam, señaló que la CGC es un órgano vital para controlar la inversión de los fondos públicos, pero hasta la fecha las influencias políticas no han permitido que ejerza su función.
Para el experto en fiscalización, las acciones anunciadas por la CGC están “fuera de lugar” porque “(…) ya la corrupción está presente, la CGC está fuera de lugar y de oportunidad, entonces únicamente van a salir los casos relevantes y probablemente al llegar al MP van a pasar engavetados como siempre”, indicó el analista.
Lam agregó que para lograr una fiscalización efectiva, el trabajo de la CGC debe ir acompañado de una auditoría ciudadana, en la que se vea involucrada la sociedad civil organizada.
Mencos rechazó la opinión de Lam. “Nosotros detectamos y mandamos a pedir que se revocaran o rescindieran otros contratos, no es que hayamos aparecido después. Estamos intensificando la revisión previa de los procesos de licitación. Se revisarán el cien por ciento de compras por licitación y contrataciones”, aseguró el Contralor.
