POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Un análisis del Observatorio Fiscal centroamericano señala que Guatemala muestra escasos avances en el fortalecimiento de la Administración Tributaria, mediante la eliminación del secreto bancario, regulado en la legislación como la obligación que tienen los bancos de mantener en reserva la información de sus clientes y que no se puede revelar a terceros sin autorización.
Según el Observatorio, el secreto bancario limita la actuación fiscalizadora de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, generando consecuencias negativas como la protección de actividades ilícitas (corrupción, lavado de activos, narcotráfico) y la evasión de obligaciones tributarias.
De acuerdo a la misma fuente, actualmente no existen condiciones en el país para mejorar la recaudación de ingresos fiscales, que sufragan los programas y proyectos gubernamentales destinados a resolver las necesidades más urgentes de la población.
En ese contexto, el Observatorio indica que el Estado enfrenta un desafío eminentemente político para modificar la regulación del secreto bancario para fines de control tributario, toda vez que actores con poder político o económico se resisten a pagar los impuestos que corresponden, en particular, el Impuesto Sobre la Renta.
