Codede
Trabajos en una escuela de Guazacapán, Santa Rosa. Foto: Codede, Santa Rosa.

Los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) tuvieron a su disposición, en los últimos cuatro años, Q14 mil millones para invertir en proyectos en beneficio de las comunidades; sin embargo, a decir de especialistas, los resultados no son visibles.

En este tiempo, no siempre hubo eficiencia del gasto, puesto que del presupuesto asignado se ejecutó menos de Q10 mil 500 millones. En principio, se programaron 13 mil 605 proyectos, de los cuales se habrían finalizado 12 mil 697.

En los años 2021 y 2022, según el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) la ejecución fue del 81 por ciento, el año pasado llegó a 76%, mientras que en el 2020, la cifra más baja, la ejecución fue del 57%.

Construcción de una planta de tratamiento en Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, con fondos del Codede. Foto: Codede Santa Rosa /La Hora
Construcción de una planta de tratamiento en Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, con fondos del Codede. Foto: Codede Santa Rosa /La Hora

El pasado 5 de febrero, La Hora publicó el artículo “El ‘ecosistema de la corrupción’ que envuelve a los Consejos de Desarrollo y qué va a hacer el Gobierno para erradicarlo”, en el cual el actual secretario General de Planificación, Carlos Mendoza, y un analista coinciden en que estas instancias se han vuelto en un negocio de diputados distritales y alcaldes, quienes deciden qué obra se hace, donde se ejecuta y a qué empresa se le adjudica.

En el trabajo periodístico, el experto en temas municipales, Edy Cifuentes, considera que las empresas destinan el 35% de lo que reciben por un contrato en coimas, lo que redunda en una mala calidad de las obras. De tal cuenta que no son pocas las que se inauguran y a las pocas semanas están inservibles.

VICIOS ANTIGUOS

En septiembre de 2023, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) presentó un estudio, según el cual, los Codedes han recibido más de Q44 mil millones en 32 años, desde 1993 que se instituyó Fondo de Solidaridad para el Desarrollo Comunitario. En 2004 pasaron formalmente a llamarse aporte a los Codedes.

Una de las conclusiones del estudio es que en ese tiempo y a pesar de la multimillonaria inversión, “no hay evidencia de la calidad en el gasto, pues no se realiza un seguimiento sistemático del proceso de ejecución, para determinar si las contrataciones son competitivas, las construcciones de buena calidad y de costo razonable”.

Además, “tampoco se conoce que el Gobierno haya llevado a cabo una evaluación para determinar el impacto en la mejora de los servicios y en la calidad de vida de la población”.

El análisis también señala que los proyectos se ejecutan sin procesos competitivos ni transparencia y  “con intervención de diputados distritales”, lo que contribuye a incrementar la corrupción en el ámbito municipal.

Otro problema es que desde el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) se han dictado resoluciones que condicionan a los alcaldes a estar a favor de las decisiones del Gobierno y de las aspiraciones electorales del partido oficial de turno, uno de los factores para que la corrupción en los Codedes “echaran raíces”.

Puente rural en Panzós, Alta Verapaz, que se construye con fondos de los Consejos de Desarrollo. Foto / Codede Alta Verapaz.
Puente rural en Panzós, Alta Verapaz, que se construye con fondos de los Consejos de Desarrollo. Foto / Codede Alta Verapaz.
LINARES: SE DESPERDICIAN LOS RECURSOS

Luis Linares, analista de Asies y uno de los especialistas que estuvo involucrado en el estudio, expuso que la corrupción puede darse en dos vías, por un lado, los alcaldes que en muchas ocasiones imponen los proyectos a las comunidades, y por otro los diputados distritales que escogen a los contratistas.

“Los recursos se desperdician, no son bien utilizados, si tomamos en cuenta la escasez de recursos del Estado”, afirma el analista, quien cree que estos fondos serían mejor invertidos si se hacen proyectos departamentales o interdepartamentales. Así como están ahora, remarca,  no son más que “otro paquete más de recursos a disposición de los alcaldes”.

El analista recordó que ha habido una multiplicidad de ejemplos de malos manejos, como la construcción de un camino rural en Chimaltenango cuyo destino era el negocio de una diputada, o la construcción de oficinas gubernamentales en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, que quedaron inconclusas desde la administración de Álvaro Colom.

Los caminos rurales son otro ejemplo, a consideración de Linares, “se invierten millones de millones y con dos o tres aguaceros ya no queda huella del trabajo que se pudo haber hecho”.

 

VELÁSQUEZ: SE PERDIÓ LA MÍSTICA DE SERVIR

Luis Velásquez, exsecretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), considera que en los Codedes, como ha ocurrido en otras instancias del Gobierno y del servicio público, se ha perdido la objetividad, la voluntad, el sentido común y la mística de servir. Tampoco hay compromiso, profesionalismo y responsabilidad para cumplir con la ley.

Agregó que cuando él estuvo al frente de la SCEP, recibió presiones políticas de gobernadores y alcaldes, pero que actuó apegado a la ley y no cedió a aquellas. Dijo que si no existen negociaciones políticas para algún proyecto donde se comprometan obras o recursos, el sistema de consejo de desarrollo debería funcionar.

Pero, “el pecado original se da cuando se negocian algún tema en específico y en pago reconocen algunas obras, ahí ya no funciona nada”, expuso el exfuncionario.

Velásquez considera que para hacer funcional al sistema y al resto de instituciones de Gobierno no es necesario refundar el Estado o hacer cambios a la Constitución, sino tener la “voluntad de hacer las cosas correctas”.

“Si alguien va a estar al frente —de una institución— tiene que tener claro que no va a enriquecerse con dinero fácil. El amor al dinero fácil corrompe a cualquiera y para ser funcionario público se requiere honestidad, capacidad e idoneidad”, concluyó.

Sergio Morales
Periodista y licenciado en Ciencias de la Comunicación. Temas políticos, comunitarios, gestión pública y migración.
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