Sesión del 30 de noviembre, cuando el Congreso aprobó con 115 votos el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación 2024. . Foto La Hora / Congreso de la República.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) desconoce si el presidente, Alejandro Giammattei, ya recibió el decreto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación 2024, según indicó a La Hora este martes 12 de diciembre. Esto a pesar de que un día antes aseguró que desde el viernes lo había recibido.

Este medio publicó que Giammattei ya tenía en sus manos el decreto; sin embargo, personal de esa dependencia, dio a conocer que hubo una confusión de parte de los encargados de la SCSP en el traslado de información y que, en realidad, con esa respuesta se presentía resolver una pregunta distinta de otro medio.

Se explicó que la consulta que se trataba de responder era si Giammattei había recibido una carta del presidente electo, Bernardo Arévalo, para vetar el Presupuesto 2024. Y se aclaró que ese fue el documento que se recibió en el Ejecutivo el pasado viernes.

Con respecto al financiamiento del Estado para el próximo año, pareciera que el hermetismo sobre ese tema llega, incluso, a su secretaría de Comunicación.

 

PIDEN VETAR

Desde su aprobación, en una sesión maratónica el pasado 30 de noviembre, varios sectores han pedido al mandatario que vete el decreto legislativo que contiene el Presupuesto para el próximo año.

Desde el momento en que el plan de gastos para el próximo año sea recibido por el Ejecutivo, el gobernante tendrá 15 días para vetarlo, como lo exigieron varias voces sociales. Ese aspecto está regulado en el artículo 178 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

El plan de gastos establece un techo presupuestal de Q124 mil 880 millones y fue aprobado por el Congreso de la República cerca de la medianoche del 30 de noviembre, con una serie de enmiendas que han generado múltiples dudas y que han motivado a distintos sectores sociales a pedir el veto presidencial.

PROCEDIMIENTO

De acuerdo con el procedimiento establecido en dicho artículo constitucional, después de 15 días de haber recibido el decreto y luego de llegar a un acuerdo en Consejo de Ministros, el Presidente de la República puede devolverlo al Congreso “con las observaciones que estime pertinente”.

Pero “si el Ejecutivo no devolviere el decreto dentro de los quince días siguientes a la fecha de su recepción, se tendrá por sancionado y el Congreso lo deberá promulgar como ley dentro de los ocho días siguientes”.

Esto significa que para que el decreto se convierta en ley, no necesariamente tendría que ser sancionado por el Presidente.

Mientras que el artículo 179 constitucional detalla que, una vez devuelto el decreto al Congreso, la Junta Directiva “lo deberá poner en conocimiento del pleno en la siguiente sesión”, y “en un plazo no mayor de treinta días, podrá reconsiderarlo o rechazarlo”.

Si no fueren aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazara el veto por las dos terceras partes del total de sus miembros, es decir, 107 diputados, el Ejecutivo deberá obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los ocho días siguientes de haberlo recibido, y si no lo hace la Junta Directiva ordenará su publicación “en un plazo que no excederá de tres días, para que surta efecto como ley”.

 

POLÉMICA

Desde que se dio la aprobación del presupuesto, analistas, empresarios y el mismo presidente electo, Bernardo Arévalo, han pedido que Giammattei vete el decreto.

Dentro de las irregularidades denunciadas por sectores empresariales y centros de pensamiento, está la dudosa distribución de millones de quetzales para organizaciones no gubernamentales, la aprobación de más de Q2 mil 500 millones para proyectos que ya fueron asignados por el Legislativo y la dificultad que tendría el próximo gobierno para la colocación y recolocación de Bonos del Tesoro para el pago de deuda interna y externa.

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), por ejemplo, expuso que el plan de gastos “atenta contra la estabilidad macroeconómica” del país.

En tanto, la Cámara de Comercio consideró que la aprobación del Presupuesto 2024 es “irresponsable” y que se trata de un proyecto “poco técnico e inefectivo”; además de señalar que seguirá promoviendo “la corrupción y el despilfarro”.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) advirtió que de cobrar vigor el Presupuesto aprobado, se generarán “daños a varios y diversos sectores económicos y sociales, y dificultará la gestión del nuevo gobierno”.

Mientras que organizaciones indígenas llamaron al presidente Giammattei a vetarlo, toda vez que “compromete severamente el bienestar y derechos de las familias guatemaltecas”.

El Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) también mostró preocupación por el contenido de ciertos artículos, en específico, el que tiene que ver con la colocación de bonos.

Este sector empresarial no pidió expresamente vetar el Presupuesto 2024, más bien dijo que los errores aprobados en la norma “deben ser corregidos por medio de los procesos que la ley determina”; no obstante, el artículo 178 constitucional dice que “las leyes no podrán ser vetadas parcialmente”.

 

** Esta nota fue modificada el 12 de diciembre a las 10:08 horas tras la explicación que dio el Organismo Ejecutivo acerca de la confusión interna en el traslado de declaraciones oficiales
Sergio Morales
Periodista y licenciado en Ciencias de la Comunicación. Temas políticos, comunitarios, gestión pública y migración.
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