La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República acordó realizar la convocatoria pública para iniciar el proceso de relevo de tres magistrados titulares y tres magistrados suplentes para la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura (OPT), ya que el período de sus funciones finaliza el 25 de marzo del próximo año.
De acuerdo con el diputado Álvaro Arzú, presidente de esa sala, “es un proceso que se debe llevar adentro de la Comisión” y por ello, realizarán una convocatoria pública para que los interesados envíen sus expedientes y posteriormente sean evaluados por los integrantes, así como entrevistas para que los aspirantes expliquen su plan de trabajo.
El congresista detalló que se deben conformar “tres ternas, es decir, nueve posibles candidatos”, listado que debe conocer el pleno para luego elegir a tres magistrados titulares y tres suplentes “esa elección posiblemente se llevaría a cabo el próximo año”.
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Artimaña evidencia que tienen votos necesarios para el Presupuesto 2022 ?? [https://t.co/OWVTlJnH9K] pic.twitter.com/tard62BJpX— Diario La Hora (@lahoragt) October 26, 2021
La convocatoria fue aprobada este martes y ahora será trasladada a la Dirección Legislativa para su publicación en los próximos días en Diario Oficial y otros medios de comunicación, también se aprobó un cronograma a fin de conformar las tres ternas y evaluar a los candidatos.
LOS REQUISITOS
De acuerdo con lo que establece el artículo 19 y 21 de la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, los interesaros deberán cumplir las cualidades siguientes:
Ser guatemalteco de origen
Ser mayor de edad
Ser profesional universitario y colegiado activo de cualquiera de las ciencias humanas, sociales, jurídicas, de salud física y mental, entre otros.
Tener experiencia mínima de 4 años en el campo de los derechos humanos, administración de justicia, de los derechos de las personas privadas de libertad, en prevención de la tortura y con otros tratos o penas crueles.
La OPT gira en torno a la prevención y en contra de la integridad física y mental de las personas privadas de libertad, se verifica las condiciones en que estas personas se encuentran, la presencia del uso de la fuerza, abuso o arbitrariedad por funcionario o agentes del Estado en la presentación de servicios públicos, o de hacer cumplir la ley en los centros de privados de libertad, de hombres mujeres y adolescentes en conflicto con la ley penal.
