Guatemala tiene la oportunidad de elaborar y preparar una ley de ciberseguridad, en un contexto de recientes ataques cibernéticos a diferentes instituciones del Estado, el último a la Corte de Constitucionalidad. De no aprobarse, panelistas propuestos por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) advirtieron hoy en un foro de lo que el país podría desaprovechar.
UN TEMA DE SEGURIDAD NACIONAL
Para el diputado presidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, Jorge Mario Villagrán, Guatemala no debe esperar a un gran ataque o a que se vuelva una emergencia nacional para legislar en materia de ciberseguridad.
Villagrán es uno de los actores que puede influir entre sus pares para que esta ley sea aprobada en el hemiciclo parlamentario.
Actualmente, la normativa se encuentra en análisis y en la búsqueda del dictamen favorable de otras comisiones de trabajo antes de que comience su lectura por artículos. Por ejemplo, con la Comisión de Comunicaciones y la de Economía y Comercio Exterior.
El legislador hizo una remembranza de ataques que han surgido en otros países, como en Estonia, en 2007; otro contra el banco de Bangladesh, lo que él subrayó como «una amenaza directa a la seguridad nacional».
UNA ACTUALIZACIÓN EN EL MARCO PENAL
Delitos como fraudes digitales, suplantación de identidad, ataques cibernéticos y crimen transnacional, son algunos de los delitos que pueden ser perseguidos con esta legislación.
Al respecto, el abogado y consultor invitado por Fundesa, Ignacio Andrade, fue enfático en la obsolescencia de artículos dentro del Código Penal que vienen desde 1996 y que hoy dificultan la preservación de evidencia, ya que en el entorno digital se necesita una intervención rápida y certera, como él resaltó.
Por ejemplo, señala que en los últimos años, por el delito único de alteración de información, se han emitido condenas en menos de una decena de casos y la mayoría por aceptación de cargos, lo que deja ver que hay una dificultad para llevar delitos como ese a juicio.
«No existen figuras específicamente que señalen el delito de ransomware. Los deja en la obligación de inventarse una combinación de delitos que eventualmente pueda desembocar en una persecución», dijo el jurista.
Andrade reiteró que se deben fortalecer las políticas de persecución penal y mecanismos de obtención de pruebas.
UNA AUTORIDAD AUTÓNOMA Y QUE REACCIONE
Las ponencias propiciadas por Fundesa también incluyeron la perspectiva del experto colombiano Germán López, directivo de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones.
López aseveró que la gobernanza debe recaer en una autoridad que pueda reaccionar ante emergencias y que cuenta con la capacidad de coordinar con demás instituciones, dentro del país, tanto públicas como privadas; así también con homólogos en el exterior.
Una de las principales labores en el marco de la ciberseguridad es determinar qué información es susceptible y que necesite ser protegida. Es necesario un inventario de infraestructura crítica, expuso el experto colombiano.
El ecosistema también incluye la tipificación del cibercrimen, la proyección de datos activos de información, sistemas de información y la transformación digital.
Entre algunas autoridades existentes a nivel global con las cuales se pueden comparar resultados, mencionó las siguientes, con su respectiva fecha de creación:
- Chile (ANCI 2024)
- EL Salvador (ACE 2024)
- Francia ANSSI (2009)
- Alemania (BSI 1991)
- EE. UU. (CISA 2018)
- Unión Europea (ENISA y autoridades de cada región)
Una gobernanza que sería responsabilidad del Cuarto Viceministerio de Gobernación, de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.
LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN Y EL CONVENIO DE BUDAPEST
Ana Isabel Antillón, coordinadora del Eje de Certeza Jurídica del plan de desarrollo Guatemala No Se Detiene (GNSD), mediciones internacionales que sitúan a Guatemala por debajo de la competencia cercana en materia de innovación, tecnología y ciberseguridad.
Por ejemplo, citó el Índice Mundial de Innovación que posiciona a Guatemala en el puesto 123 de 139, el Índice Global de Ciberseguridad de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que da al país un valor de 40 puntos sobre 100 en temas de tecnología, innovación y ciberseguridad. Costa Rica, por ejemplo, tiene 75 puntos, precisó.
«El inversionista extranjero podría tomar en cuenta qué país está mejor calificado», dijo Antillón.
Tamibén recordó que en marzo de 2027 se cierra la oportunidad para que Guatemala se adhiera al Convenio de Budapest de Ciberdelincuencia, considerado el primer tratado internacional dirigido a frenar los delitos informáticos y en internet. El acuerdo internacional une a los países bajo un mismo plan para atrapar a los delincuentes digitales que operan desde diferentes partes del mundo.
«No es solo un checklist. Dirán que Guatemala tuvo la oportunidad de participar y adherirse a un convenio de cooperación internacional y poder perseguir delitos de forma transnacional. Es una oportunidad más perdida para Guatemala», expresó la abogada.
Los retos de Guatemala frente a un mundo interconectado en materia de ciberseguridad
