Por Sara Solórzano
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Autoridades del Ministerio de Educación fueron citadas por el diputado Cristian Álvarez, del bloque Compromiso Renovación y Orden (CREO), y la legisladora Andrea Villagrán, de la bancada BIEN, para conocer el motivo por el que 31 docentes sentenciados por agresión sexual continúan laborando en centros educativos.
“Solamente son rotados, siento que hay un blindaje a los docentes por parte de la Ministra de Educación y el Sindicato, lo que impide que se tomen las acciones y sean separados de los cargos”, argumentó Álvarez.
En la citación, los legisladores mostraron estadísticas del Ministerio Público y detallaron que 31 personas condenadas por agresión sexual, incluidos en esos datos, siguen laborando en la cartera.
Entre las cifras también se mencionan a más de 1 mil docentes señalados por ese delito y cuyos procesos aún están en diferentes etapas dentro del Ministerio Público o los tribunales de justicia.
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¿QUÉ DICE EL MINEDUC?
El equipo jurídico del Ministerio de Educación, la viceministra Técnica, Lorena Aragón y Edna Torres de la dirección de Calidad fueron los funcionarios que asistieron a la citación y justificaron que de conformidad a procesos administrativos no se pueden despedir de un momento a estas personas y recalcaron que deben agotarse todos los pasos.
La diputada Andrea Villagrán cuestionó ¿por qué no pueden despedir a un agresor sexual que ha sido condenado y los mantienen como docentes?, la pregunta no fue respondida.
Luego indicaron que el departamento de Recursos Humanos y las direcciones departamentales de Educación, son los encargados de darle seguimiento a las destituciones y despidos.
LAS CIFRAS
El año pasado, la pandemia del Covid-19, obligó a los centros educativos a cerrar y las clases no fueron presenciales, sin embargo, el Ministerio Público recibió 58 denuncias de agresiones sexuales por parte de personal docente.
De acuerdo con los registros del MP de 2015 a 2020, los departamentos con mayor número de denuncias son Guatemala con 128, Alta Verapaz 95, Huehuetenango 80, Quetzaltenango 58 y San Marcos 57.
Para Leonel Dubón, director del Refugio de la Niñez, “es necesario y urgente implementar medidas a fin de que los docentes señalados no tengan contacto con menores, porque representan un riesgo”.
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