A la derecha Virginia Laparra, su caso se ha suspendido más de seis veces y a la izquierda José Rubén Zamora Marroquín, este lunes 1 de agosto se suspendió audiencia de primera declaración. Foto: La Hora / AFP

El Ministerio Público (MP) informó este lunes 1 de agosto que la fiscalía no tiene responsabilidad en la suspensión de la audiencia de primera declaración del presidente de elPeriódico José Rubén Zamora Marroquín y la auxiliar fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Samari Carolina Gómez Díaz, la cual estaba prevista para las 10:00 horas.

No obstante, en el Juzgado Séptimo Penal no es la primera vez que una diligencia se retrasa por falta de expedientes, ausencia de alguna de las partes, carga laboral o inhibitoria de los juzgadores.

Este caso está a cargo del juez «A», Freddy Orellana, y en esta judicatura también se lleva el caso de la exjefa de la FECI con sede en Quetzaltenango, Virginia Laparra.

Juan Luis Pantaleón, Jefe de Información y Prensa del ente investigador explicó que el personal fiscal acudió a ambas judicaturas para la celebración de la indagatoria.

 

“El Ministerio Público se hizo presente tanto al juzgado de turno como al juzgado Séptimo para llevar a cabo la audiencia”, indicó Pantaleón.

Sin embargo, explicó que la diligencia no se realizó porque el Juzgado de Turno no había trasladado el expediente del caso al Juzgado Séptimo Penal.

CASO DE VIRGINIA LAPARRA

En esta misma judicatura se lleva el caso de la exjefa de la FECI con sede en Quetzaltenango, Virginia Laparra, aunque el proceso está a cargo del juez «B», Sergio Mena.

Cabe señalar que en el caso de Laparra, en este mismo juzgado se suspendió en más de seis ocasiones y entre las causas se indicó la inasistencia de querellantes, carga laboral del juzgado, acciones legales planteadas y cuestiones de competencia en el Juzgado de Turno.

Finalmente, el pasado 8 de junio se ordenó enviar a debate oral y público a la exfiscal, dado que el caso sigue detenido en la referida judicatura por apelaciones pendientes de resolución, tampoco hay una fecha programada para continuar con el proceso penal correspondiente.

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