A lo largo de los casi seis años que Erika Aifán estuvo al frente del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, diversos fueron los casos de alto impacto que fueron conocidos, analizados y resueltos por la togada. Aquí el recuento de algunos de ellos.
Tras constante asedio, la jueza de Mayor Riesgo "D", Erika Aifán, presentó su renuncia al cargo. La togada enfrenta varios procesos de antejuicio en su contra promovidos por el MP y sindicados en casos a su cargo. pic.twitter.com/gDaPBFCU71
— Diario La Hora (@lahoragt) March 21, 2022
CASO MIGRACIÓN
En febrero de 2017, la jueza envió a juicio a más de 40 personas implicadas en el caso “Migración”, que según las investigaciones del Ministerio Público y la CICIG, se trataba de una organización dedicada a la falsificación de pasaportes, en el que se encuentra involucrado personal de la Dirección General de Migración, Registro Nacional de las Personas, abogados, tramitadores y particulares.
En este caso posteriormente fueron condenados Igor Bitkov, así como su esposa e hija Anastasia e Irina Bitkova.
FINANCIAMIENTO FCN-NACIÓN
Una de estas carpetas judiciales es la del denominado caso “Financiamiento FCN-Nación”, donde la investigación del Ministerio Público y de la extinta CICIG, señaló que en la campaña electoral del 2015, el partido que llevó a la Presidencia de la República a Jimmy Morales, FCN-Nación incumplió con su obligación de reportar ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) un aporte de al menos Q8 millones que recibió de manera anónima.
En esta investigación varias personas fueron señaladas, entre ellas: José Fraterno Vila Girón, Salvador Paiz Del Carmen, José Miguel Torrebiarte Novela, José Guillermo Castillo Villacorta y Felipe Bosch Gutiérrez, así como Rodrigo Arenas y José Andrés Botrán.
El caso quedó sin materia cuando el Congreso reformó las normas de financiamiento electoral. Además, algunos de ellos han sido beneficiados con resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) y para el efecto, debían celebrarse audiencias para resolver lo pertinente en términos procesales.
COMISIONES PARALELAS
En febrero de 2018, las investigaciones revelaron una estrategia impulsada por el abogado Roberto López Villatoro para intervenir en el nombramiento de las más altas autoridades del Poder Judicial en Guatemala, mediante la creación de una estructura paralela a las Comisiones de Postulación para la elección de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones período 2014-2019.
Lo anterior fue llevado a cabo en complicidad con varios legisladores y comisionados que integraban la postuladora en esa oportunidad. Este caso, también estuvo en manos de la jueza Aifán.
CONSTRUCCIÓN Y CORRUPCIÓN
En julio de 2017, se reveló el caso Construcción y Corrupción, el cual vinculó a exfuncionarios y constructores con una organización criminal, liderada por Alejandro Sinibaldi Aparicio, excandidato presidencial y extitular del Ministerio de Comunicaciones durante el gobierno del Partido Patriota.
Sinibaldi habría cobrado coimas a los constructores a cambio de agilizar pago de deudas y contratos con el Estado, mientras el dinero era previsto para su campaña electoral. Este expediente también estuvo a cargo de Aifán.
CASO ODEBRECHT
En octubre de 2018, en el denominado caso Odebrecht fase 1, Aifán resolvió enviar a juicio a tres empresarios y un abogado vinculados con el pago de sobornos al Gobierno del Partido Patriota por parte de directivos de la empresa constructora brasileña Norberto Odebrecht S.A., a cambio de adjudicación de contratos para la construcción de carreteras.
En septiembre de 2020, la juzgadora citó a audiencia de primera declaración al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi por su presunta implicación en el caso Construcción y Corrupción. En esta investigación, el Ministerio Público acusa a Sinibaldi de asociación ilícita, lavado de dinero, financiamiento electoral ilícito y de soborno.
COMISIONES PARALELAS 2020
En julio de 2020, el caso Comisiones Paralelas 2020, también llegaría a las manos de la juzgadora. En esta ocasión, la Fiscalía requirió el retiro de inmunidad de al menos 13 funcionarios judiciales quienes estarían implicados “en posibles negociaciones ilícitas con el privado de libertad Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, entre ellos comisionados de postulación, postulados a integrar altas cortes, actores externos al proceso y diputados al Congreso de la República”.
CASO LIMA
En noviembre de 2020, la togada emitió auto de apertura a juicio en contra de al menos 13 personas por su presunta implicación en el caso “Caja de Pandora”, entre los sindicados estaba el exministro de Gobernación del Gobierno del Partido Patriota (PP) Mauricio López Bonilla y el hermano del fallecido capitán Byron Lima, Luis Alberto Lima Oliva.
De acuerdo con la investigación de la FECI, los señalados en el caso habrían integrado una estructura criminal cuyo jefe era Byron Lima, asesinado en prisión, por medio de la cual se realizaron junto a personas particulares y funcionarios el cobro de comisiones ilegales a reclusos para obtener beneficios a conveniencia.
EL TESTIGO A
En febrero de 2022, el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, tenía el control jurisdiccional de la denuncia del denominado “Testigo A”, quien por medio de una declaración reveló que en el 2019, cuando Alejandro Giammattei aspiraba a la presidencia del país, habría negociado con el entonces ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, un aporte de US$2.6 millones para su campaña electoral, a cambio de dejar al funcionario al menos un año más en el cargo lo que le permitiría beneficiar a constructoras allegadas a él.
