El juez José Eduardo Cojulún resolvió que el ex viceministro de Energía y Minas en el gobierno del Partido Patriota (PP), Edwin Ramón Rodas Solares junto a Claudia María Rocasermeño Montenegro, Alfonso Efraín Pérez Bassir, Nancy Siboney Rivera Gularte y Jorge David Figueroa García fueran procesadas por fraude al considerar que existen elementos suficientes que los vinculan a la investigación.
Además, la extitular de la Secretaría de Planificación de la Presidencia (Segeplan), también con el PP, Ekaterina Arbolievna Parrilla Artuguina, fue ligada a proceso por fraude, pero se le declaró falta de mérito por incumplimiento de deberes.
En el caso de Jorge José Stalling Sandoval fue ligado por dos delitos: fraude y falsedad ideológica.
FALTA DE MÉRITO
El juez declaró falta de mérito a favor de Samuel Nenroth Hernández Orantes, quien era sindicado por el Ministerio Público (MP), por fraude e incumplimiento de deberes, mientras contra Sergio Iván Sosa Ramírez, también declaró falta de mérito por abuso de autoridad.
“Esta judicatura establece que no concurren todos los presupuestos al haber obviado por ahora el Ministerio Público en qué se excedió en su conducta y cuál es el abuso”, refirió el togado.
Caso Amperios:
Juez José Eduardo Cojulún, ligó a proceso penal por el delito de fraude a siete de nueve sindicados:Edwin Ramón Rodas Solares, exviceministro de Energía y Minas.
?: Oscar Canel/LH pic.twitter.com/rtxfPRDx63
— Diario La Hora (@lahoragt) December 30, 2021
CINCO A PRISIÓN PREVENTIVA
Tras conocerse esta decisión llegó el turno de discutir las medidas de coerción para las siete personas procesadas. Uno a uno los abogados solicitaron arresto domiciliario a favor de sus defendidos.
Luego de escuchar la petición de la defensa, el juez Cojulún otorgó arresto domiciliario a Jorge David Figueroa García y Alfonso Efraín Pérez Bassir. Las otras cinco personas permanecerán en prisión preventiva en Mariscal Zavala.
Por último, al MP le otorgó dos meses para presentar el acto conclusivo, es decir la acusación formal para determinar si los sindicados deben ir a debate oral y público.
LA INVESTIGACIÓN
La Fiscalía sostiene que de 2014 a 2016, mediante un proceso de adquisición, a través de un contrato de servicios de suministro de energía eléctrica, estas personas supuestamente habrían defraudado al Estado.
La investigación preliminar señala que por medio de aparentes acciones fraudulentas convirtieron una licitación de dos años en una de 17, favoreciendo a la empresa La Libertad S.A. por intervención y autorización del entonces ministro de Energía y Minas, Érick Archila.
Según las pesquisas, con este contrato, dicha empresa, al mes de septiembre de 2021 ha sido beneficiada mediante la generación de pagos que ascienden a Q826,843,822.38.
