El abogado Omar Barrios, tiene un contrato laboral con la Secretaría General de la Presidencia. Foto La Hora/Emisoras Unidas

POR MANUEL GARCÍA
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Mientras el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) revisa las tachas contra cuatro de los siete aspirantes que fueron señalados en el proceso de selección de magistrado titular o suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC), se han ido conociendo las argumentaciones de algunos de estos para que las objeciones sean desestimadas.

Los candidatos Gloria Porras, Juan Carlos Godínez, Delia Dávila y Omar Barrios fueron señalados y este último expresó que los señalamientos en su contra no tienen fundamentos.

La Asociación de Estudiantes de Universitarios (AEU) señalaron que siendo abogado y sin ser parte de un proceso penal que se encontraba bajo reserva, Omar Barrios aprovechando su amistad con el juez Lester Castellanos obtuvo información que no podía ser revelada, argumentaron que por estos hechos existe una investigación en el Ministerio Público (MP) pendiente de resolver, acción que pone en duda su imparcialidad, según explicaron.

Ante esto Barrios señaló: “Primero, AEU presentó en contra del Juez, una resolución de 2018, pero no adjuntaron la correcta, que es la emitida por el Consejo de la Carrera Judicial en 2020 donde, como autoridad superior, revoca la de la Junta y establece sin lugar la denuncia contra el Juez Castellanos, es decir no existe sanción en su contra, por lo tanto, no tengo ni tuve ninguna responsabilidad de lo que señalan”.

La otra tacha fue presentada por el diputado Aldo Dávila, por supuesto conflicto de interés por la relación laboral entre el rector Murphy Paiz y Barrios.

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Barrios argumentó que el legislador “aduce que prestar servicios profesionales en entes del Organismo Ejecutivo es un impedimento, lo cual es violatorio a la independencia del ejercicio profesional. Sobre el distorsionado señalamiento de conflicto de intereses se le explica qué es y se adjuntan instrumentos internacionales en materia de DDHH, así como unas publicaciones para desvanecer el planteamiento”.

El aspirante a cargo de Magistrado en la CC añadió que el diputado asegura que publicar en redes sociales cuestionando algunas actuaciones “debe ser razón suficiente para negarme a optar al cargo de magistrado, lo cual es una violación a la libre emisión del pensamiento y discriminación para optar a cargos públicos y se le adjuntó fundamentos nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos”.

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