El Ministerio Público (MP), dirigido por la Fiscal General, Consuelo Porras, recibió un nuevo golpe, luego que la Sala Quinta de Apelaciones, rechazó la solicitud de apartar del caso al juez Moisés Emilio de León, titular del Tribunal Primero de Sentencia de Quetzaltenango, quien otorgó libertad condicional a la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de esa ciudad, Virginia Laparra.
El recurso interpuesto por el MP, la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) y el exjuez Lesther Castellanos mostraba la inconformidad contra el juzgador por haber otorgado las medidas sustitutivas en el segundo caso dirigido contra Laparra, con lo cual buscaban devolverla a prisión preventiva.
La solicitud fue rechazada por la Sala Quinta de Apelaciones al calificarla de Improcedente y ordena que el juez De León Díaz continúe conociendo el caso.
INTENTO ANTERIOR
El 23 enero una Sala de Apelaciones rechazó un recurso interpuesto por los mismos querellantes en contra de la libertad condicional otorgada a Laparra, que pretendía regresarla a prisión preventiva a menos de un mes de abandonar la cárcel de la base militar Matamoros, en la zona 1 capitalina.
La Sala confirmó que Laparra debe mantener las medidas sustitutivas que le fueron otorgadas, en las cuales goza de un arresto domiciliario, mientras que se resuelve el segundo proceso penal que se sigue en su contra, señalado por varios sectores como una persecución política y venganza en contra de la exfiscal, por investigar redes de corrupción que salpicaron a funcionarios.
Los magistrados declararon improcedentes las apelaciones planteadas por el presidente de la FCT, Ricardo Méndez-Ruiz; la representante de la PGN, Rosa Alicia Maldonado, y el fiscal Noé Nehemías Rivera, en contra de las medidas sustitutivas que el Tribunal Primero de Sentencia de Quetzaltenango le otorgó a Laparra en julio pasado.
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PROCESOS EN SU CONTRA
El MP dirigido por la Fiscal General, María Consuelo Porras, inició una persecución penal en contra de Laparra, luego de que la exfiscal denunciara a Lesther Castellanos, quien se desempeñaba como juez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, por supuestas irregularidades administrativas.
Castellanos explicó durante el debate que en octubre de 2018 Laparra lo denunció en cuatro ocasiones, y aseguró que de esa forma cometió el delito de abuso de autoridad en forma continuada, por considerar que ella no tenía dicha facultad en su calidad del cargo que desempeñaba en el MP.
De esa cuenta, en diciembre de 2022, la jueza Oly González impuso a Laparra la pena de cuatro años de cárcel conmutables a razón de Q10 diarios. Dicho fallo aún no está en firme y la exfiscal apela en las distintas cortes del país para obtener un fallo que la declare inocente.
El 4 de enero de 2023, Laparra fue ligada a otro proceso penal por supuestamente haber revelado información confidencial cuando fungía como titular de la FECI en Quetzaltenango. La denuncia también fue interpuesta por Castellanos.
