La fiscal general María Consuelo Porras ordenó el traslado de la auxiliar fiscal Iris Carrillo quien hasta hace poco tenía a su cargo el expediente del caso Financiamiento UNE. Carrillo estaba asignada a la -Agencia Siete- de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y daba seguimiento al caso de financiamiento electoral registrado que se lleva en contra de la excandidata presidencial Sandra Torres.
Aunque este cambio también fue respaldado por el MP como parte del fortalecimiento de la institución, el mismo se da luego de que la Sala Segunda de Mayor Riesgo resolvió otorgar un amparo provisional a Torres, por medio de la cual revocaron la prohibición de participar en actividades políticas.
Posteriormente el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó a la excandidata presidencial, como Secretaria General del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) devolviéndole el control de la agrupación.
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Exasesor de la Presidencia recibe Q3 millones por ONG ?? [https://t.co/QnAeyskqtg] pic.twitter.com/iR2vihXuVJ— Diario La Hora (@lahoragt) November 18, 2021
EXFISCAL DENUNCIÓ A PORRAS DE RETRASAR EL CASO FINANCIAMIENTO UNE
El 15 de octubre de 2019, el exfiscal de la FECI Andrei González denunció que María Consuelo Porras retrasó la presentación del caso Financiamiento UNE, ya que ella tuvo conocimiento del expediente judicial desde octubre de 2018.
Sin embargo, fue hasta febrero de 2019, cuando Sandra Torres ya tenía inmunidad como candidata presidencial del partido UNE, que dio luz verde para pedir el retiro de la misma.
En ese momento la Fiscal General se defendió de los señalamientos indicando que denunciaría a González ya que aseguraba no había retardado el proceso legal a favor de Torres.
ANTECEDENTES
De acuerdo a la investigación realizada por la FECI, Sandra Torres no reportó más Q5 millones ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que fueron utilizados durante la campaña electoral del 2015.
Entre Torres y otros miembros del partido, no se habrían reportado al TSE alrededor de Q27.6 millones que fueron recaudados por las entidades Maariv, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales, S. A., y Grupo Empresarial San Felipe, S. A.
Según las pesquisas, al menos siete aportes de la agrupación política no fueron registrados ante la institución.
El 16 de octubre del 2019, el Juzgado de Mayor Riesgo “A” a cargo de Claudette Domínguez resolvió ligar a proceso a Torres por los delitos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita.
