El dictamen del Presupuesto General de la Nación 2022, que el Congreso de la República buscará aprobar este jueves, destina Q3 millones al Instituto de Justicia Ciudadana, una entidad inoperante, con una página de Facebook desactualizada y cuyo representante legal es Ragde Rivera Aquino, quien ha sido contratado por sus servicios profesionales en la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y fue aspirante a magistrado de la Corte de Apelaciones.
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Exasesor de la Presidencia recibe Q3 millones por ONG ?? [https://t.co/QnAeyskqtg] pic.twitter.com/iR2vihXuVJ— Diario La Hora (@lahoragt) November 18, 2021
MILLONES PARA UNA ONG INOPERANTE
El artículo 131 (nuevo) del proyecto de presupuesto dictaminado por la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso detalla en su literal “a” el aporte adicional en el Ministerio de Gobernación (Mingob) de Q3,000,000 para el Instituto de Justicia Ciudadana (Injuci).
Esta ONG cuenta con reducida información pública. La única plataforma habilitada es una página de Facebook creada en 2015, con poco más de 90 me gustas; solo tiene seis publicaciones, la más reciente del 18 de julio de 2016, en donde se etiquetó la ubicación del Mingob con la descripción: “Realizando gestiones para la creacion (sic) del municipio de El Cerinal”.
La entidad se identificó como una “asociacion (sic) no lucrativa que presta servicios gratuitos a personas en Pobreza y Pobreza Extrema para plantear acciones legales en beneficio de la sociedad”.
La Hora acudió a la ubicación de la supuesta sede de la ONG en el edificio El Centro, 7ª av. 8-56 de la zona 1 capitalina. En el comercial, autoridades de seguridad indicaron que la oficina del instituto, ya no se encontraba en el inmueble, en su lugar, el local está ocupado por un negocio de consejería familiar y Mejoramiento de Su Negocio (Mesun), según resalta su fachada.
Por otro lado, al llamar al número telefónico disponible en la página de Facebook (+502 5965 5576) un individuo contestó en representación del Injuci. Solo una pregunta pudo formular antes que el representante cortara la llamada: “¿Esta organización de qué trata?”, a lo cual el sujeto respondió:
“Fíjese que yo ahorita no le voy a dar esa información; yo creo que solo es para estarnos fregando ahí en los medios de comunicación. Gracias”, pronunció para posteriormente terminar la llamada.
Se consultó con Comunicación Social del Mingob cuál fue la justificación para solicitar los Q3 millones destinados al Injuci; sin embargo, el vocero de la institución, Pablo Castillo desconoció su existencia. “No la había escuchado antes. (…) Igual voy a preguntar, pero le soy honesto que nunca la había escuchado”, respondió el portavoz del ministerio.
PRESIDENTE DE LA ONG ES EX ASESOR DE LA PRESIDENCIA
Ragde Rivera Aquino presentó su papelería a las Comisiones de Postulación de la Corte de Apelaciones en 2019, pero no fue seleccionado para el listado final. El resumen de Currículum Vitae (CV) presentado en dicha ocasión consigna al exaspirante como uno de los fundadores y representante legal de la institución.
“Soy miembro fundador, Presidente y Representante Legal del Instituto de Justicia Ciudadana, entidad sin fines de lucro orientada a prestar asesoría legal a personas que se encuentran en pobreza y pobreza extrema”, expuso.
El jurídico también ha sido contratado por sus servicios profesionales en la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. El portal Guatecompras detalla que del 4 de febrero al 31 de marzo de 2020 fue pactado el contrato 406-2020 (NPG E469305614) por el cual la secretaría pagó Q24,000 a Rivera.
Del 3 de abril al 30 de junio fue firmado otro contrato por servicios profesionales equivalente a Q36,000. Según el listado de asesores al 29 de febrero de 2020 de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, el honorario mensual que devengaba Rivera solía ser de Q12,000.
El listado de 54 asesores distingue que Rivera fue contratado por sus servicios profesionales como asesor jurídico en descentralización de la Dirección General para la Descentralización.
BENEFICIO RESPALDADO POR EL OFICIALISMO
Durante la sesión de aprobación del dictamen del presupuesto 2022, el diputado Samuel Pérez Álvarez solicitó remover las ONG nuevas incluidas por la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso, argumentando que su procedencia era cuestionable. Entre las fundaciones u ONG señaladas, resaltó al Injuci.
“Incluso hay algunos ejemplos que tengo. (…) Al Ministerio de Gobernación se le está aumentando al Instituto de Justicia Ciudadana; esta fundación ha sido cuestionada porque, de hecho, era de un contratista del Estado o en ocasiones ha generado muchos problemas porque esta se iba directamente a pago de favores. No es en esta administración; en anteriores, pero no debería repetirse”, dijo el diputado de Semilla.
Posteriormente, la sala de trabajo del Congreso votó por la moción de Pérez de eliminar a las nuevas fundaciones y ONG del dictamen. Con 15 votos a favor y 1 en contra la Comisión denegó la solicitud de Pérez para eliminar a estas entidades del proyecto presupuestario.
Esta no es la primera vez en que la entidad busca ser beneficiada por los diputados. En el presupuesto de 2020 la Comisión de Finanzas y Moneda asignó Q6 millones al instituto, pero, al ser improbado el proyecto presupuestario, la entidad perdió los fondos.
Además, con ese monto, se podrían reparar 40 escuelas, con un aporte de Q75 mil cada una a través del programa Remozamiento de edificios escolares públicos del Mineduc.
PACTÓ SERVICIOS CON LA USAC Y EL MIDES DE JIMMY MORALES
En 2019, durante la administración de Jimmy Morales, Rivera Aquino fue contratado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para la prestación de servicios profesionales. El excandidato a la magistratura de Apelaciones devengó Q72,000 por esta contratación (MIDES-FODES-SP-2019-029-174).
También ha recibido Q3,900 como pago de las juntas examinadoras de exámenes privados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). La casa de estudios ha contratado cinco veces a Rivera para la prestación de servicios técnicos profesionales, tres de las contrataciones fueron por Q75,000 cada una.
UN INTENTO FALLIDO POR REACTIVAR EL TRANSFUGUISMO EN EL CONGRESO
En 2018, Ragde Rivera Aquino, junto con los abogados Arardo Alessandro Sandoval y Juan Francisco García Morales, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la prohibición del transfuguismo establecida en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).
El amparo fue revocado por la Corte de Constitucionalidad (CC) en 2019, con lo cual continúa vigente la disposición para que los bloques legislativos del Congreso de la República no puedan adherir a sus filas a diputados previamente electos por otra agrupación política.
