Por Lourdes Arana
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La Fiscalía contra Delitos Electorales del Ministerio Público (MP) ha develado durante los últimos años casos que vinculan a políticos y financistas por supuestas irregularidades en el financiamiento de campañas electorales, sin embargo, en ninguna de esas ocasiones se requirieron órdenes de aprehensión, hasta el miércoles de la semana pasada; la mayoría de señalados han sido citados para rendir su primera declaración ante el juzgado contralor del expediente.
La Fiscalía requirió que fueran detenidos el ex superintendente de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, el exanalista de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Aníbal Antonio Argüello Mayen, así como 13 personas más, entre ellas, el abogado y notario Carlos Ramiro Cárdenas, quien elaboró el acta para la constitución del Partido Político Ambientalista Guatemalteco (Agua) y que originó la investigación por presuntas irregularidades en el documento.
INVESTIGACIONES A CARGO DE LA FISCALÍA
La mayoría de los casos de la Fiscalía a cargo de Rafael Curruchiche son derivadas de investigaciones por financiamiento electoral no registrado en donde se involucran a agrupaciones políticas tales como: Partido de Avanzada Nacional (PAN), Unión del Cambio Nacional (UCN), Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca-Maíz (URNG – Maíz), Winaq, Visión con Valores (VIVA), TODOS, FCN-Nación, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Encuentro por Guatemala (EG).
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De los expedientes que involucran a los partidos antes mencionados, al menos cuatro casos han avanzado a los tribunales de justicia, pero no se han girado órdenes de aprehensión en contra de los señalados, aunque algunos de ellos ya no cuentan con inmunidad o la perdieron tras un proceso de antejuicio.
CITACIÓN A MONTENEGRO
En este sentido, recientemente fue citada ante el Juzgado Cuarto Penal la exdiputada y exsecretaria del partido Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, por presuntamente no haber reportado ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) Q2,039,542.02, que fueron recibidos, según la Fiscalía a cargo de Rafael Curruchiche, para las campañas electorales de 2011 y 2015 respectivamente.
Sin embargo, en este caso, la judicatura programó la audiencia de primera declaración para el próximo 25 de octubre y no emitió una orden de aprehensión en contra de la exdiputada cuando perdió su inmunidad al dejar el cargo el 14 de enero de 2020.
Foto: La Hora
ORLANDO BLANCO TAMBIÉN FUE CITADO
Asimismo, se puede mencionar el caso del aún diputado Orlando Blanco, del partido UNE, quien fue señalado ante el Juzgado Tercero Penal del delito financiamiento electoral no registrado, por haber “incumplido con sus obligaciones de reportar al TSE, aportes dinerarios destinados al pago de transporte aéreo, prestado por la empresa helicópteros de Guatemala, S.A.”, durante el 2015, según indicó en su momento el MP.
En ese sentido, se estableció por parte de la Fiscalía que los servicios aéreos fueron prestados a distintos candidatos, entre ellos Francisco Echeverría, Sandra Julieta Torres Casanova, Carlos Barreda, Mario Vicente López Rodas y Orlando Joaquín Blanco Lapola por la suma de Q2,216,850.
Sin embargo, el partido de la UNE reportó Q1,652,484 como “aportes no dinerarios” de BIENNO, S.A. y MAARIV, S.A., para transporte aéreo. El juzgado, en ese entonces a cargo de Mynor Moto, citó al diputado Blanco cuando perdió su inmunidad a rendir declaración ante la judicatura, puesto que cuando sucedieron los hechos él fungía como secretario general.
En ese momento, el MP tampoco solicitó una orden de captura en contra del diputado.
El caso fue desestimado por el Juzgado Tercero Penal que en ese momento se encontraba a cargo del exjuez Mynor Moto.
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FINANCIAMIENTO FCN-NACIÓN
La Fiscalía de Delitos Electorales también tiene a su cargo el caso por el financiamiento electoral no registrado vinculado a cinco empresarios por la entrega de alrededor de Q8 millones al partido FCN-Nación para la primera y segunda vuelta electoral de la campaña del 2015, que llevó a la presidencia a Jimmy Morales.
Los cinco fueron citados por el Juzgado de Mayor Riesgo “D” a cargo de Erika Aifán, tras ser ligados a proceso recibieron medidas sustitutivas.
La información más reciente de este caso es del pasado 14 de mayo, cuando se conoció que la Sala Primera de Mayor Riesgo otorgó, por unanimidad, un amparo que deja sin efecto los acuerdos de colaboración eficaz de Paulina Paiz Riera de Morales y de Olga Vitalia Méndez López de Figueroa, quienes fungían como representantes de Novaservicios S. A., ambas habían aportado información y entregado documentos, correos, así como facturas que respaldaban las declaraciones a la Fiscalía.
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PROCESO CONTRA ROBERTO VILLATE
Por otro lado, el exdiputado Roberto Villate de igual manera fue citado para comparecer por el delito de obstaculización de la fiscalización de las cuentas del extinto partido Lider, luego de que en 2018 perdiera la inmunidad cuando aún era legislador.
Según la investigación de la Fiscalía contra Delitos Electorales, esa agrupación no reportó Q21.7 millones al Tribunal Supremo Electoral cuando Villate fungió como secretario general.
Adicionalmente, el juez Sexto Penal, Carlos Toledo, dictó falta de mérito a favor de Villate, al considerar que no existían indicios suficientes para ser ligado a proceso penal, por lo que la Sala Tercera de Apelaciones ordenó al Juzgado repetir la audiencia para que amplíe y fundamente la resolución. En este caso tampoco se dictó una orden de captura en contra del exfuncionario.
CURRUCHICHE POR ÓRDENES DE CAPTURA: YO NO VEO POLÍTICOS, VEO HECHOS
En el contexto del caso Política y Falsedad presentado recientemente por la Fiscalía contra Delitos Electorales, La Hora consultó al titular de la Fiscalía, Rafael Curruchiche, los motivos por los cuales se actuó de manera distinta al requerir la captura de Juan Francisco Solórzano Foppa, Aníbal Argüello y 13 personas más, cuando en otras ocasiones han sido citados los presuntos responsables de anomalías en materia electoral, a lo que respondió que él no veía políticos, sino hechos.
Agregó que se decidió solicitar las órdenes de aprehensión, evaluando y analizando el grado de participación, circunstancias agravantes o atenuantes en el proceso de la investigación para establecer el grado de responsabilidad “esos fueron los argumentos para solicitarle al juez, las órdenes de aprehensión”.
Se espera que, para este jueves 27 de mayo, el juez Sexto Penal, Carlos Toledo, lleve a cabo la audiencia de primera declaración para escuchar los delitos que se imputan por parte del MP en contra de los implicados entre ellos, Solórzano Foppa y Argüello Mayen.
