Por Lourdes Arana
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La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó en definitiva una inconstitucionalidad presentada por Héctor Cifuentes, quien es señalado en el caso Financiamiento Unionista con la que buscaba no ser procesado por el delito de financiamiento electoral ilícito.
De esta forma, se confirmó la resolución de la jueza de mayor riesgo «D», Erika Aifán, que en primera instancia había rechazado esa acción. El 15 de julio pasado la juzgadora rechazó un incidente de inconstitucionalidad planteado por el exsecretario general de la Municipalidad de Guatemala, Héctor Cifuentes.
BUSCABA AMPARARSE EN LA CONSTITUCIÓN
Cifuentes argumentó en ese momento que era violatorio de la Constitución el artículo que tipifica en el Código Penal el delito de financiamiento electoral ilícito por el cual está procesado en ese expediente judicial, en el que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) investiga la sustracción de fondos de la comuna capitalina para fines políticos.
Caso Financiamiento Unionista: La CC rechazó en definitiva una inconstitucionalidad planteada por Héctor Cifuentes quien buscaba no ser procesado por el delito de financiamiento electoral ilícito. Se confirmó la resolución de la jueza Erika Aifán, que había rechazado dicha acción pic.twitter.com/2gmLaxbO6S
— Diario La Hora (@lahoragt) October 30, 2020
El señalado buscaba que no se le aplicara dicha norma, aduciendo que esto es contrario al artículo 17 de la Constitución Política de la República, el mismo que establece que no hay delito ni pena sin ley anterior.
Sin embargo, la jueza Erika Aifán advirtió en su resolución que no existe ninguna contradicción entre lo dispuesto por la ley penal con lo estipulado en la Constitución, declarando sin lugar el incidente que interpuso Héctor Cifuentes.
EN BUSCA DE INDICIOS
El 14 de junio de 2019, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) allanaron la Municipalidad de Guatemala y detuvieron a dos funcionarios: el secretario general, Héctor Adolfo Cifuentes Mendoza y el concejal tercero, Pedro Villa Nueva, a quienes se les señala de los delitos de peculado, sustracción, fraude y financiamiento electoral ilícito.
EL CASO
Según las investigaciones de la FECI, Cifuentes llevó adelante planes y estrategias concebidas para generar o incrementar la militancia y simpatía hacia el partido Unionista, al igual que su caudal de votos.
Para ello, según la unidad de investigación del Ministerio Público (MP), se utilizaron fondos públicos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (FAPU), con que se pagaban actividades de promoción con fines electorales, para mantener en la comuna a la administración de Álvaro Arzú.
