El Instituto para la Asistencia y Atención de la Víctima del Delito ha tenido a su disposición millonarios presupuestos que se han incrementado progresivamente desde el 2020, año en que empezó a funcionar.
Desde entonces, hasta el pasado 2 de febrero estuvo a cargo de Alejandra Carrillo, exdiputada del desaparecido Partido Patriota y esposa de Felipe Alejos, congresista del partido Todos.
El legislador fue sancionado por el Departamento de Estado y del Tesoro de Estados Unidos, al ser considerado un actor antidemocrático con señalamientos creíbles de haber participado en actos de corrupción.
En 2020, el Instituto gastó Q20.85 millones, al año siguiente se elevó a Q41.86 millones. En 2022 alcanzó los Q48.2 millones y finalmente, el año pasado, la ejecución presupuestaria llego a Q54.22 millones.
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El gasto de la institución en estos cuatro años se concentró en el pago de sueldos, salarios, bonificaciones, prestaciones laborales y cuotas patronales de los trabajadores. En total, destinó Q120.93 millones en estos rubros, el equivalente al 73%.
El renglón 022 fue el que más concentró el pago de personal, al final de los cuatro años se pagaron más de Q56 millones. Acá se incluye a los trabajadores temporales a quienes se les asigna tareas «especiales y transitorias», de acuerdo con el Manual de clasificaciones presupuestarias del Ministerio de Finanzas.
En el renglón 011, personal permanente, el gasto fue de Q27.5 millones, mientras que en el 029, trabajadores contratados por servicios profesionales, este llegó a Q5.42 millones.
CARGO
El Instituto de la Víctima fue dirigido por Carrillo desde diciembre de 2019 cuando fue nombrada por el expresidente Jimmy Morales. Cuando se vencieron los cuatro años de su nombramiento —20 de diciembre de 2023— Alejandro Giammattei intentó removerla pero un amparo promovido por el Consejo Directivo de la institución lo impidió.
El argumento del amparo era que no se podía hacer un nombramiento porque no existe un procedimiento establecido más que la designación del presidente de la República; no obstante, Carrillo estuvo los cuatro años sin que se aprobara un mecanismo para la elección.
La exdiputada pretendía quedarse de manera indefinida, pero el pasado 29 de enero la Corte de Constitucionalidad (CC) revirtió el amparo luego de una apelación presentada por la Procuraduría General de la Nación.
De esa cuenta, cuatro días después, el presidente Bernardo Arévalo nombró en el cargo a la también exdiputada Ligia Hernández.
Enseguida del pago de sueldos y salarios, durante la época de Carrillo fue en arrendamiento de inmuebles para las instituciones y delegaciones departamentales en lo que más gastó recursos la institución, un total de Q7.9 millones.
Le siguen, la compra de nueve picops y dos microbuses que le costaron Q2.7 millones. Para el pago de seguridad y vigilancia se erogó Q1.9 millones, mientras que se gastaron Q700 mil en cupones para la adquisición de combustibles y Q621 mil 600 para comprar computadoras portátiles.
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SEÑALAMENTOS
El Instituto de la Víctima fue creado el 12 de noviembre de 2019, mediante el decreto 9-2019 aprobado por el Congreso de la República, su función es proporcionar asistencia gratuita a las víctimas del delito para garantizar el acceso a la justicia.
No obstante, la institución ha sido objeto de críticas y señalamientos de posibles hechos de corrupción.
En junio de 2021, la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público inició una investigación sobre la posible sobrevaloración del edificio donde funciona la sede central, derivado de una denuncia presentada ante la fiscalía por manipulación y falsificación del contrato de arrendamiento del edificio.
Este mismo mes, una publicación de La Hora reveló que también se llevaba a cabo otra investigación por la posible existencia de 109 plazas fantasmas en donde estarían implicados partidarios de Vamos, en ese entonces partido oficial. Estas contrataciones se habrían efectuado por apadrinamientos de funcionarios y exfuncionarios del Ejecutivo, Legislativo y del Organismo Judicial, según las pesquisas.
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En agosto de 2021 se estableció que una excandidata a diputada por el partido Todos, a donde pertenece Felipe Alejos, había sido contratada como secretaria general del Instituto, devengando un salario de Q29 mil mensuales.
En septiembre de 2021 se conoció que parte del personal jurídico de la institución fue designado para atender casos personales de Carrillo. Puntualmente, la denuncia era contra los profesionales José Alfredo Olazábal y Hugo Leonel Marroquín.
Este año, ya con las investigaciones en marcha, Carrillo denunció al fiscal Eduardo Pantaleón, supuestamente por abuso de autoridad al haber pedido apoyo de la Policía Nacional Civil para los allanamientos que se hicieron a la institución.
Pantaleón se desempeñaba como auxiliar de la Fiscalía contra la Corrupción, pero luego de este episodio fue cambiado a la Fiscalía Liquidadora del MP, por orden de la fiscal general Consuelo Porras.
Luego, el fiscal Pantaleón sería perseguido por la Fiscalía de Asuntos Internos, acusado de malos manejos en la investigación del libramiento de Chimaltenango. Actualmente permanece en prisión y el proceso ya se encuentra en la etapa de juicio.
En febrero de este año se conoció que familiares del exjuez Mynor Moto y el hermano del magistrado de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia, Axel Ottoniel Maas, también trabajaban para la institución.
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