Ligia Iveth Hernández cumplió tres semanas a cargo del Instituto de la Víctima, y conversó con La Hora de cómo ha sido liderar dicha entidad. La designación de Hernández Gómez se logró luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) revirtiera amparos con los que se mantenía en el puesto la exdirectora Alejandra Carrillo.
Hernández compartió que entre manifestaciones de resistencia para la toma de posesión estuvo la de uno de los cinco directores de la institución, cuyo trámite administrativo llevó más de cuatro horas, porque la anterior directora no se presentó a entregar el cargo, ni su secretaria, por lo que recibió el puesto por la dirección de Recursos Humanos.
“Ellos aducían que estaba pendiente una resolución de la Corte, nosotros revisamos el nombramiento, porque el presidente de la República había agotado el procedimiento, y ya no había otro recurso que pudiera cambiar el fondo de la resolución de la Corte. Aducían que podía cambiar, aun sabiendo que no se modificaría el fondo del asunto, lo cual hizo que el proceso fuera complejo y tenso”, agregó la nueva titular del Instituto de la Víctima.
La directora comentó que Carrillo, aunque no se presentó a entregar el cargo, apareció horas después a la entidad, generando un ambiente tenso, pues algunos trabajadores le mostraron su lealtad, por lo que tuvieron que intervenir los otros directores.
CONFORMAN SINDICATO
Hernández agregó que un día antes de tomar posesión se conformó el primer sindicato, el cual ha pedido la inamovilidad de puestos, lo cual refleja la resistencia por algunos.
Hernández añadió que ha recibido mensajes (amenazas) desde los primeros días de ser nombrada como directora, por los cambios que se realizan, pero enfatizó estar preparada porque está consciente de qué pasaría, como a nivel general hay resistencia al cambio, por lo que analiza las acciones que tomará.
“Algunas direcciones que recientemente han sido nombradas han encontrado tope con algunos trabajadores, lo importante es que las personas que todavía están tendrán que trabajar bajo los nuevos lineamientos, hay personal que no está cumpliendo funciones conforme a los criterios que rige su contrato, algunos salarios elevados. Estamos transitando por unas auditorías rigurosas que van a tener resultados en mediano plazo para identificar dónde se necesita hacer algunos cambios”, añadió, que a la vez, descarta algún riesgo en su nombramiento.
MÁS DE 250 EMPLEADOS Y DE ELLOS 90 SON ABOGADOS
Entre las actividades que ha realizado la directora están la revisión de informes por los anteriores directores, pero aún continúan otros porque se desea hacer una transición ordenada y no pueden rescindir todos los contratos, ya que previo a su llegada se realizaron varias contrataciones, en dicha institución hay más de 250 empleados, entre ellos 90 abogados y muy pocos psicólogos y trabajadores sociales, que es la parte fundamental de la institución.
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BUSCA REGRESARLE SUS FUNCIONES PRINCIPALES
Hernández resaltó que uno de los principales retos al asumir la institución, que fue utilizada para pagar favores políticos al gobierno de turno, es la razón de atender a la víctima que quedó relegado.
El objetivo recalcó que es el de consolidar el control de la institución para ordenar la casa, mejorar y ser eficiente el servicio que se presta, ya que teniendo el control total, los directores cumpliendo los requisitos y las funciones ejecutándose se lograrán directrices concretas que permitan que el instituto brinde el servicio para lo cual fue creado, ya que fue desvirtuado en la administración anterior.
La directora explicó que con las direcciones se realizan análisis sobre el personal, donde se han identificado trabajadores de reciente contratación, en noviembre inclusive el 1 de febrero, mucho personal en renglón 029, que considera no está cumpliendo funciones específicas, por lo que identifican las falencias y proceder conforme lo establece la ley.
“Los últimos contratos resultó que muchos eran de equipo técnico, que atiende a las víctimas y si es necesario en la institución, hay un grupo grande de contratos, algunos 029, que se han identificado en las direcciones, que están en evaluación bajo los términos de sus contratos para determinar si son necesarios. Hemos tenido a la documentación, pues había información desactualizada en la página electrónica y no se tenía información total de la nómina y en los últimos días de la anterior administración se subió la información”.
Hernández resaltó que los hallazgos que le han llamado la atención, hasta ahora, son la debilidad que más que ver con las competencias de los profesionales, tiene que ver con la cantidad de personas que están para atender a las víctimas, porque no hay suficientes abogados, hay pocos psicólogos y trabajadores sociales, tampoco se cuenta con un médico, pero se ha llenado la planilla con personal operativo.
También se identificó que en Quetzaltenango en las últimas semanas se contrató personal para ver recursos humanos, y se contrataron a arquitectos.
Asimismo, las condiciones laborales, hay personal técnico que atiende a víctimas haciendo turnos de 24 horas sin condiciones ni espacios para dormir, abogados que usan sus propios recursos, con salarios bajos, entre Q5 mil a Q13 mil, lo cual “choca” cuando se hizo la revisión, porque hay otros con sueldos elevados.
La directora del Instituto de la Víctima agregó que trabajan por identificar las “plazas apadrinadas”, lo cual espera que se aclare con las auditorías que desarrollen con la Contraloría General de Cuentas y no descarta presentar las denuncias administrativas y penales.
REVISAN TEMA DE PROVEEDORES
Además, indicó que del presupuesto queda poco para ejecutar porque los pagos están ligados a la renta de las sedes departamentales de todo el 2024 que ya está cancelado, por lo que se identificó una sobrevaloración elevada, en ese sentido evalúan colocar a la institución en otro espacio “más saludable para acercar el servicio a las víctimas, ya que están en una zona no céntrica, rodeada de discotecas”.
Otro de los aspectos que revisan además de los contratos y alquileres, es el tema de proveedores porque identificaron que durante el funcionamiento y la administración anterior se adjudicó a los mismos proveedores, por lo que se revisan los favoritismos y asignaciones a dedo, pues se tiene conocimiento que el Ministerio Público tenía una investigación por ese caso.
PLAN DE TRABAJO
Hernández, que es conocida en organizaciones sociales, indicó que desde su llegada al Instituto hay una apertura a la población como son reuniones de cooperación internacional que permitiría mejorar el servicio y condiciones en distintos plazos.
Asimismo, indicó que se coordinan alianzas y convenios para tener acceso a albergues para víctimas de violencia y proponer a universidades para que realicen pasantías, lo cual requiere de una reingeniería de las instalaciones, para que haya un desahogo de la carga de trabajo.
“Nuestro plan de trabajo se va a centrar en devolverle la institución a las víctimas, en acercar el servicio”, la labor que realiza el instituto es poca conocida, se piensa que solo brinda asistencia legal.
Sin embargo, brinda asistencia integral, por lo que se deben fortalecer los equipos, «se conoce que el departamento de Guatemala es uno de los departamentos con altos índices de violencia, lo que queremos es acercar el servicio a la población y lograr ser una vitrina de cómo funciona una institución con cero tolerancia a la corrupción y que cada puesto está ocupado por personas que cumplen con funciones específicas con perfiles que se cumple en favor de las víctimas”, agregó la directora.
El Instituto para la Víctima atiende alrededor de 48 denuncias al día, por lo que con el cambio se espera que esa atención aumente, entre las quejas que reciben son por violencia de género y a la niñez, por lo que también tendrán que revisar la Política de Reparación Digna para la Víctima del Delito, la cual no fue consensuada con la sociedad civil.
Hernández resaltó que entre los cambios es que ya fue citada al Congreso de la República, donde explicó las falencias que han encontrado, pero también mencionó que la anterior directora nunca fue citada al Legislativo.
La directora del Instituto identificó que de las 20 subsedes, algunas están en lugares que no tienen índices de violencia, por lo que se evalúan cambios y fortalecer la atención.
Por último, la funcionaria recordó que se planteó ante la cooperación extranjera el apoyo de personal técnico, mejorar condiciones y dotar de tecnología en las sedes y a los trabajadores.
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