Por medio de documentos públicos se estableció que Ana Lucía González Solís de Palomo, quien fue candidata a diputada por el partido TODOS del legislador sancionado por Estados Unidos, Felipe Alejos, trabaja como Secretaria General en el Instituto de la Víctima, entidad que dirige Alejandra Carrillo, su esposa.
Varias actas presentadas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) entre febrero y abril de 2019 relacionados a las finanzas del partido, son firmados por González Solís como Secretaria Financiera de la agrupación.
Ese mismo año, aparece inscrita en los registros del TSE como candidata a diputada distrital para formar parte de la Novena Legislatura, sin embargo, no logró una curul en el Organismo Legislativo.
Además, su nombre está consignado en los registros de trabajadores del Congreso de la República de 2019, bajo el renglón 022 como asesor parlamentario II del bloque legislativo TODOS.
CONTRATADA EN ENTIDAD QUE DIRIGE CARRILLO
Alejandra Carrillo fue juramentada en diciembre de 2019 por el expresidente Jimmy Morales como directora del Instituto de la Víctima.
González Solís se desempeña como Secretaria General, devengando un salario mensual de Q29,666.93, según los registros de plazas 022 y 011 publicados hasta junio de 2021 en el sitio web de la institución.
Su nombre aparece por primera vez en octubre de 2020, pero algunas de las planillas de meses anteriores presentan fallas para desplegarse por lo que no se puede verificar si estaba contratada desde antes.
Ana Lucía González Solís de Palomo también es mencionada en el testimonio que Evelyn Vega, exasistente de Carrillo, dio al MP.
En la declaración hace referencia a la forma cómo se acordó la elección de más de cien plazas de forma anómala y que investigaba la Fiscalía contra la Corrupción.
LA INVESTIGACIÓN QUE REALIZA LA FISCALÍA
El 24 de junio pasado, la Fiscalía contra la Corrupción dio a conocer que investigaba la contratación irregular de al menos 109 personas en el Instituto de la Víctima dirigido por Alejandra Carrillo.
Entre los hallazgos encontrados por la Fiscalía, se determinó que, por medio de una convocatoria de julio de 2020, más de cien personas no fueron contratadas siguiendo las bases establecidas, sino por “apadrinamientos o recomendaciones de funcionarios públicos”, señaló en ese momento el auxiliar fiscal, Eduardo Pantaleón, quien estaba a cargo de las pesquisas.
Según el MP, algunos de los funcionarios que hicieron el apadrinamiento, ejercen un cargo público en los tres poderes del Estado. Se indicó, además, que las contrataciones irregulares dentro del Instituto fueron para ocupar puestos de abogados, auxiliares, trabajadores sociales, médicos y psicólogos.
Pero como la investigación se encontraba en desarrollo no se proporcionaron nombres de las personas involucradas.
C. PORRAS CAMBIA A PANTALEÓN
Luego se conoció que, por orden de la fiscal general, María Consuelo Porras, Eduardo Pantaleón fue trasladado de la Fiscalía contra la Corrupción hacia la Unidad Liquidadora del MP, a menos de un mes de las primeras diligencias del caso.
Aunque el ente investigador justificó en su momento que buscaba resguardar la integridad de Pantaleón, una fuente explicó que querían apartarlo de este caso, así como la pesquisa por el supuesto arrendamiento sobrevalorado del edificio donde funciona el Instituto de la Víctima, el caso Libramiento de Chimaltenango y otro por corrupción en el Ministerio de Cultura y Deportes durante la administración de Elder Súchite.
Además, la exasistente de Carrillo consignó en su declaración que Ángel Pineda, secretario general del MP, le filtraba información de casos en curso, lo cual incluso habría entorpecido la captura de Súchite en mayo del 2020.
HERMANO DE MAGISTRADO DE LA CSJ TRABAJA PARA CARRILLO
Este lunes La Hora reportó que Seelvyn Salvador Pineda Barales, hermano del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Antonio Pineda Barales, está contratado en el Instituto de la Víctima.
Esta persona labora para la institución prestando servicios profesionales de la Dirección de Recursos Humanos, con un contrato de 10 meses y 15 días, el cual inició el 16 de febrero de 2021 y culmina el 31 de diciembre de este año, por Q104,642.86 anual.
MP ARGUMENTA QUE INVESTIGACIÓN SIGUE SU CURSO
Recientemente La Hora consultó al Ministerio Público sobre el curso de la investigación de la contratación irregular de 109 plazas fantasmas, debido al cambio de Pantaleón. Según Información y Prensa, las pesquisas han continuado y que el traslado de un auxiliar fiscal no incide en la misma.
Sin embargo, hasta este momento se desconoce el nombre del fiscal a cargo del caso.
En su momento la titular de esta Fiscalía, Aura Marina López, indicó a La Hora que no se conocía del nombramiento de un agente fiscal para estar a cargo de la pesquisa, ya que el mismo debía ser nombrado por el Despacho de la Fiscal General.
