El secretario adjunto para asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Brian A. Nicholson, se pronunció al respecto del allanamiento realizado este día por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en la sede del Tribunal Supremo Electoral.
El encargado de la diplomacia estadounidense para el hemisferio occidental condenó la irrupción del ente investigador y advirtió que buscarán que quienes atentan contra la voluntad de los votantes deberán rendir cuentas.
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“Condenamos el allanamiento del Ministerio Público al TSE de Guatemala. Exigiremos rendición de cuentas a quienes participen en acciones para socavar la transición democrática al presidente electo Bernardo Arévalo”, dijo en su cuenta de X, antes Twitter, lo que fue replicado en la cuenta de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala.
Nicholson agregó que: “Las instituciones deben respetar la voluntad de los votantes guatemaltecos”, dijo.
.@WHAAsstSecty: Condenamos el allanamiento del @MPguatemala al @TSEGuatemala. Exigiremos #RendiciónDeCuentas a quienes participen en acciones para socavar la transición democrática al presidente electo @BArevalodeLeon. Las instituciones deben respetar la voluntad del pueblo… https://t.co/IiGKqM1tpk
— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) September 30, 2023
La declaración surgió como respaldo a la publicación realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA) respecto al operativo de la FECI de este 29 de septiembre.
ACTORES ACTIVOS
Con anterioridad, tanto Nichols como otros funcionarios del gobierno estadounidense, incluyendo al presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris han comentado sobre los operativos del Ministerio Público en el proceso electoral guatemalteco y la persecución penal en contra del Movimiento Semilla, varios de sus integrantes y el Tribunal Supremo Electoral.
Sin embargo, quien más severo ha sido en sus declaraciones es el embajador Frank O. Mora, representante permanente ante la OEA, quien ha solicitado a dicha organización internacional aplicar duras sanciones contra quienes resulten responsables de socavar la voluntad de los votantes en Guatemala.
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