Por la tarde de este viernes 29 de septiembre, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentaron dos acciones de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), en contra de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, y el titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, con la cual buscan que se ordene al Ministerio Público (MP) que no secuestre las Actas No. 4 y No. 8 que guardan la pureza del proceso electoral.
Lo anterior, debido a que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a cargo de Rafael Curruchiche, realizó un allanamiento en la sede central del TSE, autorizado por el juez Orellana, en el cual busca secuestrar dicha documentación.
De esta cuenta, el TSE pide que se deje sin efecto provisionalmente, el allanamiento, inspección, secuestro y registro autorizado por Orellana, en el expediente 01079-2023-00231, que se realiza este viernes, y de esta cuenta se deje sin efecto la resolución que autorizó estas diligencias que buscan el decomiso de las actas de la primera y segunda vuelta electoral.
“Se ordena que no se secuestren esos documentos por el MP, ni se entreguen por el TSE al MP, las actas 4 y 8 que resguardan los resultados electorales de todas las elecciones generales realizadas, ello por virtud de ser documentos únicos de los cuales no hay otro registro ni duplicado y porque solamente corresponde al TSE, su debido resguardo”, agrega.
Además, el amparo sostiene que en caso hayan sido extraídas se deduzcan responsabilidades legales por la extracción de la documentación durante los allanamientos.
DICE QUE SE PODRÍA DEJAR SIN EFECTO LAS ELECCIONES
En el amparo, los magistrados mencionan que es urgente la intervención de la alta Corte, ya que con la extracción de las Actas, se pone de nueva cuenta en grave riesgo el proceso electoral, puesto que están siendo debidamente resguardadas y podrán ser manipuladas por el ente fiscal, y con ello, podrían ocasionar una grave afectación no solo al Tribunal, sino que a la democracia.
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Según el TSE, con la extracción de las copias originales de los documentos, se pone en “grave riesgo y peligro la finalización del presente proceso electoral y los resultados oficialmente dados por el Tribunal”, al mismo tiempo que se vulnera el proceso, pues no se prevé esta clase de allanamientos.
“Conlleva la posibilidad de afectar el proceso electoral en cuanto a buscarse afectar la cadena de custodia con posibilidad de adulterar las actas 4 y 8 y buscar con ello anular las elecciones generales realizadas y alterar la paz y tranquilidad que debe privar en esta clase de proceso electoral y lesiona el bien común como la máxima que el Estado guatemalteco debe propiciar”, agrega.
Entre otros riesgos, señala que las actas pueden ser alteradas, y por ende, manipuladas, al grado que pueden variar datos oficiales sin que el TSE esté presente y verifique que ello no ocurra.
Además, sostiene que se podría dejar sin efecto las elecciones generales realizadas, así como la toma de posesión del cargo del binomio presidencial electo, y las demás autoridades electas legítimamente, además, sostiene que se viola el artículo 233, 243, 237, 238 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).
PALENCIA SEÑALA IRREGULARIDADES
Para interponer el amparo, se hizo presente la magistrada presidenta del TSE, Irma Palencia, en compañía de los magistrados Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco, sin la presencia de la magistrada Blanca Alfaro.
«El Acta 4 es elaborada por la Junta Receptora de Votos (JRV) y el Acta 8, por la Junta Electoral Departamental (JED), estos documentos originales, nosotros no tenemos ningún problema en dárselos a la FECI o a quien nos lo solicite en una copia certificada, que podría estar certificada en presencia de ellos, o como gusten, pero los originales pertenecen al TSE», sostuvo.
De acuerdo con Palencia, el resguardo celoso de la voluntad popular es un mandato constitucional del TSE, por ello sostuvo que no solo hubo exceso sino también problemas de competencia, al mismo tiempo que se está violentando la voluntad expresada por los ciudadanos.
En esta línea, la magistrada recalcó que la acción es debido a una serie de irregularidades que existen en la resolución de Orellana, a la que mostró un total desacuerdo por la manera de llegar abruptamente hasta las oficinas, ya que vulnera el mandato constitucional del Tribunal.
Según Palencia, buscan que la máxima Corte conozca el amparo, puesto que se está vulnerando y poniendo en riesgo el orden constitucional, así como la estabilidad política y social del país.
DICE QUE ALLANAMIENTOS NO FINALIZARÁN ESTE VIERNES
De la misma manera, la presidenta del TSE aseguró que el allanamiento no acabará por la tarde de este viernes. “Yo no creo que puedan concluirlo en un día y, por lo tanto, esperamos tener una respuesta inmediata de esta alta Corte», agregó.
«¿En qué sentido? Pensamos que se puede detener esa orden, que la circunstancia de que emane de un órgano jurisdiccional no significa que sea legítima o legal, porque se están cometiendo muchas ilegalidades que atentan contra el orden electoral», añadió.
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Según Palencia, están siendo víctimas, puesto que son los encargados de velar porque se respete la voluntad popular y custodiarla de manera celosa, y que no cuentan con preferencia, ni ideología, ya que son “árbitros electorales”.
A su vez, señaló que el caso se encuentra bajo reserva judicial, por lo que no se les ha informado sobre los denunciantes, ni qué buscan exactamente y ello los deja en “indefensión”.
DICE QUE AFIRMACIÓN DE CURRUCHICHE ES ABSURDA
Sobre la afirmación del jefe de la FECI sobre que los allanamientos era un “rescate a la democracia”, Palencia aseguró que es todo lo contrario, y que “hubo un ejercicio democrático en dos fechas, el 25 de junio y el 20 de agosto, y fueron los ciudadanos los que se manifestaron, expresaron su voluntad y no tenemos noticias nosotros de que los ciudadanos estén dudando de lo que ahí expresaron».
Palencia señaló que existen grupos que no aceptan los resultados, lo cual lamentó, debido a que, al ser árbitros no pueden tener preferencias. “Sin embargo, si somos celosamente respetuosos de la voluntad de los ciudadanos, ese es nuestro trabajo y hay una incomprensión de ese mandato que nosotros tenemos», subrayó.
En esta línea, agregó que, «nos preocupa muchísimo, porque al contrario, esto hace que palidezca nuestra democracia, con estas acciones, puesto a que también hay formas, yo entiendo que hay investigaciones y como bien ha dicho el magistrado Aguilera, en otros escenarios que ha sido entrevistado, nosotros no nos oponemos a ser fiscalizados».
Recalcó que si querían escrutar lo podían realizar, pero existe forma, y no es secuestrando documentos, los cuales son únicos y resguardan la voluntad de los ciudadanos, al mismo tiempo que señaló un ataque sistemático, puesto a que son cuatro fiscalías que investigan al TSE y no conocen detalles.
También Palencia enfatizó en que la afirmación de Curruchiche es “absurda” porque las acciones muestran lo contrario.
PIDE A CC QUE JUEGUE ROL CONSTITUCIONAL
Asimismo, Palencia resaltó que con el amparo pretenden detener la acción del MP. “Si la CC quiere jugar el rol constitucional que legalmente le corresponde, porque esto ya rebasó los límites, ¿qué más podemos esperar después de eso?”.
«Bueno, nuestros antejuicios, que ahí están, nosotros posiblemente no somos las personas que tenían que dar los resultados que esperaban, pero nosotros no damos resultados creados por nosotros, son los ciudadanos los que recepcionaron los votos, los contaron, en presencia de ellos se transmitieron, en presencia de los fiscales de los partidos, firmaron las actas que están escaneadas», continuó Palencia.
Además, señaló que publicarán oportunamente los documentos, para que los ciudadanos tengan la seguridad de que no tienen absolutamente nada que esconder.
EL CASO
Durante este viernes, la FECI se presentó a la sede central del TSE con un fuerte despliegue de agentes de la PNC, en un operativo en seguimiento a los allanamientos en donde abrieron las cajas electorales que resguardan los resultados de los comicios, ya que según Curruchiche 1 mil «guatemaltecos valientes» interpusieron denuncias, sin embargo, no se refirió a quiénes fueron las personas, ni sobre los hechos que señalan.
