La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó, su «profunda preocupación» tras los allanamientos realizados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y afirmó que estas acciones constituyen una prueba más de que el Ministerio Público (MP), lejos de ajustarse a los estándares democráticos, viene agudizando una estrategia de cuestionamiento a las elecciones.
En el comunicado compartido a horas de que la FECI de Rafael Curruchiche desarrollara las órdenes de allanamiento en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE), la Misión de Observación aseveró que toma nota del artículo 243 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), de rango constitucional.
«El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las Juntas Electorales Departamentales (JED) son los únicos órganos competentes para verificar y calificar la documentación electoral. La apertura de paquetes electorales por parte de personas e instituciones distintas a las señaladas por ley representa un ataque frontal a la integridad del voto y una afrenta a la voluntad popular», agregó.
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SE INTIMIDA A AUTORIDADES ELECTORALES
Por eso la Misión agregó que estas acciones constituyen una prueba más de que el MP, «lejos de ajustar sus acciones a los estándares democráticos, viene agudizando una estrategia de cuestionamiento al proceso electoral y de intimidación a las autoridades electorales, al personal electoral y a las miles de personas que, con enorme compromiso cívico, llevaron adelante dos jornadas de votación pacíficas y transparentes».
En ese sentido la Misión reitera que la falta de oportunidad y de proporcionalidad de las acciones del ente investigador, y del juzgado penal del juez Fredy Orellana, que nuevamente lo autoriza, «son evidencia de una instrumentalización política del aparato de persecución penal».
Sobre lo anterior, recuerdan que es tal y como lo expresó ante el Consejo Permanente, la MOE que considera que estas acciones pueden constituir conductas típicas de los delitos de prevaricato y abuso de autoridad.
SE CUESTIONA VOLUNTAD POPULAR
Por eso creen que, «cuestionar estas elecciones ya celebradas es cuestionar la voluntad misma del pueblo de Guatemala, que el 20 de agosto se expresó de manera contundente en las urnas».
En tanto afirman que, el presidente electo, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta, Karin Herrera, han recibido sus credenciales por parte del TSE.
«El proceso de transición política se encuentra plenamente en curso, con el respaldo y bajo el auspicio del presidente Alejandro Giammattei y con el acompañamiento de la OEA. Una democracia se mide tanto en su capacidad de registrar la preferencia del electorado como en su capacidad de garantizar la transmisión pacífica del mando, sin amenazas, ni actos que socaven el principio constitucional de alternabilidad en el poder», explicó la MOE OEA.
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NO HAY EVIDENCIA DE ALTERACIONES
A la vez indican que la Misión ha analizado los hallazgos sobre los que se basan las denuncias planteadas en torno a supuestas irregularidades en la primera y segunda vuelta electoral, y ha comprobado que estas carecen de sustento y que por eso, «no existe evidencia de que en la primera vuelta electoral se hayan alterado las copias amarillas de los Documentos Número 4».
Además indican que si bien hay casos muy aislados de errores en las actas en ambas rondas, estos no llegaron a alterar el orden de las preferencias, ni mucho menos alcanzaron una magnitud que pudiera poner en duda una diferencia que, en la segunda vuelta, fue de más de 20 puntos porcentuales y casi 875,000 votos.
«Cuestionamientos en torno a la agilidad con que operó el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) el 20 de agosto se basan en cálculos equivocados sobre el ritmo en que se procesaron las actas: como informó la Misión, el flujo de las actas fue totalmente acorde con la mayor simplicidad de la elección presidencial y se ajusta a lo observado en el simulacro nacional del 18 de agosto, así como a la observación directa de la Misión el día de la elección», agregó la Misión.
Por último, la Misión afirmó que continuará acompañando el proceso y no cesará en sus esfuerzos por asegurar que se respete la voluntad popular expresada en las urnas.
