El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) lanzó la campaña nacional «¡Déjame vivir, no me mates!», una iniciativa que busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la fauna silvestre y los efectos que la cacería y el tráfico ilegal tienen sobre los ecosistemas y la biodiversidad del país.
Según el CONAP, la campaña pretende informar a la ciudadanía sobre la función estratégica que cumplen las especies silvestres en el mantenimiento de los ecosistemas naturales y en la provisión de bienes y servicios esenciales para la sociedad guatemalteca.
BIODIVERSIDAD EN RIESGO
De acuerdo con el CONAP, Guatemala es reconocida como una de las naciones megadiversas del mundo debido a su riqueza de especies, ecosistemas y recursos naturales.
La entidad explicó que cada especie desempeña una función esencial dentro de los ecosistemas, por lo que proteger la fauna silvestre también significa resguardar recursos como el agua, los bosques, la seguridad alimentaria y el bienestar de las futuras generaciones.
Según el Conap, la cacería representa una amenaza para la vida silvestre sin importar si se realiza con fines de consumo, trofeo, comercio o tráfico ilegal, ya que todas estas prácticas afectan especies que cumplen un papel fundamental en el equilibrio ecológico.
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IMPACTO DE LA CACERÍA
El CONAP destacó que la cacería no solo provoca la muerte de animales silvestres, sino que también genera sufrimiento y altera procesos ecológicos esenciales.
La desaparición de especies afecta funciones como la dispersión de semillas, las cadenas alimenticias y la regeneración natural de los hábitats, lo que repercute directamente en la salud de los ecosistemas.
Además, la entidad señaló que la cacería suele estar vinculada al tráfico ilegal de vida silvestre, debido a que muchos ejemplares son destinados a mercados clandestinos como mascotas, carne, trofeos o derivados.
MARCO LEGAL
De acuerdo con el CONAP, Guatemala cuenta con la Estrategia Nacional contra el Tráfico Ilegal de Vida Silvestre 2020-2029, un instrumento que busca prevenir, controlar y reducir las actividades ilícitas que afectan a la fauna y flora del país.
Asimismo, la institución recordó que la cacería está regulada por la Ley General de Caza (Decreto 36-04), la cual permite únicamente un aprovechamiento sostenible y establece restricciones para la protección de las especies.
Según la legislación vigente, está prohibida la caza de especies protegidas o en veda, la caza dentro de áreas protegidas, el uso de trampas o venenos y la comercialización de fauna silvestre en mercados, restaurantes y otros establecimientos.
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SANCIONES Y DENUNCIAS
El CONAP indicó que el incumplimiento de estas disposiciones constituye delito y puede ser sancionado con penas de prisión de cinco a diez años, además de multas que van de Q10 mil a Q20 mil, de conformidad con la Ley de Áreas Protegidas.
La entidad destacó que la protección de la fauna silvestre es una responsabilidad compartida y exhortó a la población a denunciar prácticas relacionadas con la cacería furtiva, la tenencia ilegal y el tráfico de especies.
