Por medio de un comunicado, el Organismo Legislativo indicó que la Junta Directiva realizó una sesión extraordinaria este domingo. Foto La Hora / Congreso de la República

La Junta Directiva del Congreso de la República informó este domingo 3 de septiembre que conoció del comunicado con el cual el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejó sin efecto la resolución del Registro de Ciudadanos (RC) del pasado 28 de agosto, con la cual acató la orden del Juzgado Séptimo Penal A, de suspender de manera provisional al partido político Movimiento Semilla, y que hará la consulta correspondiente antes de reactivar a la bancada de la referida agrupación.

Por medio de un comunicado, el Organismo Legislativo indicó que la Junta Directiva realizó una sesión extraordinaria este domingo.

Según la nota, «con fundamento en el punto segundo literal A) del Acta de Junta Directiva Número 30-2023, de fecha treinta de agosto del año en curso, en el cual se dispuso que se estaría a la espera de cualquier notificación que modifique el estado actual del partido político Movimiento Semilla».

 

REALIZARÁ CONSULTA

De acuerdo con el comunicado, «se hace necesario realizar las consultas correspondientes ante el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, órgano que debe resolver sobre los temas relacionados con los partidos políticos en el país».

También se acordó instruir a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso de la República llevar a cabo las consultas correspondientes al RC, y se dieron indicaciones a Dirección Legislativa que «una vez recibida la certificación emanada del Registro de Ciudadanos, y de ser así, se restablezca el estado del Bloque Legislativo Movimiento Semilla, realizando la actualización en el listado de bloques legislativos, efectuando las notificaciones legales respectivas a los señores diputados del bloque y a las diferentes direcciones de este alto organismo de Estado».

Finalmente, se detalló que el referido órgano de dirección del Legislativo es respetuoso del «Estado Constitucional de Derecho, el principio de legalidad y el debido proceso por lo que garantizará en todo momento el cumplimiento de la ley para garantizar el bien común».

 

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