POR INVESTIGACIÓN LA HORA
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La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) adjudicó una contratación para el arrendamiento de dos barcos remolcadores, debido a que no cuentan con los recursos financieros para comprarlos, justificó. Sin embargo, que el representante legal de la empresa adjudicada fue el notario de un contrato previo declarado lesivo, una auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC), y el millonario pago que representara generan dudas alrededor del contrato.
De acuerdo con el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Guatecompras, el 25 de noviembre pasado la portuaria lanzó un evento de licitación para la “contratación de servicios especializados de remolcaje para atraques, desatraques y movimientos internos de embarcaciones en la Empornac”; el 5 de enero de este año recibirían ofertas de las empresas interesadas en proporcionar el servicio.
EMPRESA CONTRATADA FUE ÚNICO OFERENTE
El Número de Operación Guatecompras (NOG) 18615813 detalla que hubo un solo oferente, siendo esta Arrendadora Continental, Sociedad Anónima (S.A.)
La misma “cumplió satisfactoriamente con presentar todos los requisitos establecidos en las bases de licitación”, de acuerdo con la junta de calificación de Empornac.
El 20 de enero la portuaria le adjudicó el concurso a Arrendadora Continental S.A., por un monto total de Q170,922,576.38, cuyo representante legal es José Guillermo Castellanos Molina.
Datos de Guatecompras describen que los barcos que ofertó la entidad mencionada fueron marca Med Marine; modelo MED ASD-2360.
COTIZACIÓN A EMPRESA INTERNACIONAL
La Hora solicitó la cotización de un barco con las mismas especificaciones planteadas en la licitación a la empresa internacional Med Marine, con sede en Turquía, para conocer el precio que representaría la adquisición de ese vehículo. Sin embargo, al cierre de esta nota no se había obtenido respuesta a un correo electrónico enviado y a llamadas telefónicas realizadas.
NO COMPRARON EMBARCACIONES PROPIAS, OPTARON POR ARRENDAR
En las bases de licitación se explica que el objeto y finalidad de la misma es porque los barcos remolcadores que actualmente tiene Empornac no cuentan con la mínima potencia requerida ni con registro vigente de Sociedad Clasificadora Internacional para una operación segura y adecuada en el atraque y desatraque de buques en los atracaderos, así como en las terminales de la portuaria.
“Actualmente Empornac no cuenta con la viabilidad financiera para adquirir dos barcos remolcadores nuevos de la potencia necesaria para ser competitivo con Puerto Cortés, Honduras y Puerto Progreso, México, los cuales cuentan con barcos remolcadores con potencia igual o mayor a 60 Bollard Pull y atienden las mismas embarcaciones que Puerto Santo Tomás de Castilla”, especifica.
“Los servicios que se requieren consisten en el atraque, desatraque, movimientos internos y otros (fondeo, salvataje), que sean requeridos por el usuario o la portuaria, de buques que recalen en los atracaderos del muelle o terminales de Empornac por medio de dos (2) barcos tipo remolcador propiedad del oferente y contratista, los cuales, deben ajustarse a las especificaciones y características técnicas de los presentes documentos de licitación”, agrega.
“Ambos barcos remolcadores con los que se prestará el servicio solicitado deberán ser nuevos, sin uso, como mínimo de fabricación 2022 y deberán ser capaces de manejar, en maniobra combinada, embarcaciones de hasta 70,000 TRB. Ambas embarcaciones deberán ser gemelas, fabricadas por el mismo fabricante, de tal manera que puedan operar con exacta potencia en maniobra conjunta en Puerto Santo Tomás de Castilla”, se consigna en el documento de las bases de licitación.
Además, el dictamen técnico que emitió la Portuaria indica que se tiene programada la adquisición de un nuevo remolcador.
Pese a que Empornac justifica que no tiene el presupuesto para comprar dos barcos remolcadores y contar con sus propias embarcaciones, sí está dispuesto a comprometer más de Q170 millones por el arrendamiento de estas.
ARRENDAMIENTO PODRÍA SER HASTA POR 20 AÑOS
En las bases de licitación también se refiere al plazo contractual, que es “el período en días calendario, meses o años de que dispone el contratista para el cumplimiento del objeto del contrato”.
En este caso, el plazo contractual del arrendamiento es por 10 años, mismo que podría extenderse a 20, de acuerdo con las bases de licitación.
“Tomando en cuenta que los barcos remolcadores serán nuevos y la inversión que esto representa para el contratista, el plazo contractual para la prestación del servicio será de diez (10) años, contados a partir de la fecha del Acta de inicio de operaciones de la prestación de los servicios, suscrita entre el Supervisor de la portuaria y el Representante Legal del contratista, la que deberá publicarse en el Sistema Guatecompras dentro del plazo establecido en la disposición legal correspondiente”, se lee.
Asimismo, indica que podría darse una prórroga del arrendamiento de los barcos remolcadores.
“Con base a lo establecido en los Artículos 51 de la ley (de Contrataciones del Estado) y 43 del Reglamento, de mutuo acuerdo o a solicitud de la portuaria o del contratista, el plazo contractual para tener los barcos remolcadores (con los que se prestará el servicio objeto del contrato), listos para operar podrá prorrogarse por una sola vez por el mismo plazo o menor según las circunstancias de conformidad con la ley”, dice.
Hasta el viernes 27 de enero, el contrato que firmaron ambas entidades por dicho servicio no ha sido publicado en Guatecompras.
EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ADJUDICADA Y UN CONTRATO LESIVO
El representante legal de la empresa contratada, Arrendadora Continental S.A., José Guillermo Castellanos Molina, fue el notario que autorizó la escritura pública de un contrato que hizo en 2014 Empornac y que fue declarado lesivo por afectar intereses del Estado.
El Acuerdo Gubernativo 252-2017 establece: “Acuérdese declarar lesivos para los intereses del Estado de Guatemala, los contratos de Servicios Técnicos y autorización para la carga y descarga de buques con granel sólido a través de una instalación nueva de pontones flotantes y removibles, independientes a los atracaderos actuales de la Empornac, y de autorización para utilizar un área de 300 metros de frente en dirección noreste-sureste por 70 metros de fondo en dirección noroeste-sureste, celebrados entre la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla y la entidad Comercializadora Pahame S.A.”.
Además, detalla que se utilizó una figura jurídica que no corresponde a la naturaleza de los referidos contratos y no se realizó el trámite administrativo correspondiente ante la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas para obtener la autorización para utilizar un área perteneciente a la Nación, pactando condiciones económicas que causan perjuicios económicos a la Empornac y por ende al Estado.
AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA EVIDENCIA DEFICIENCIAS EN LA LICITACIÓN
Documentos subidos a Guatecompras detallan que la Contraloría realizó un examen especial de auditoría concurrente con seguridad limitada a este proceso de adjudicación e identificó dos deficiencias.
La primera se refiere a que la convocatoria publicada en el Diario Oficial se hizo fuera de tiempo.
“(…) Publicó dicha convocatoria en el Diario de Centro América (DCA) el día martes 6 de diciembre de 2022, por lo que existen 10 días calendario entre ambas publicaciones. La Ley de Contrataciones del Estado establece que las convocatorias a licitar se deben publicar en Guatecompras, y una vez en el Diario Oficial. Entre ambas publicaciones debe mediar un plazo no mayor de 5 días calendario”, puntualiza la CGC.
En cuanto a la segunda fue por deficiencias en publicaciones de eventos.
“(…) Uno de los requisitos fundamentales contenidos en las bases de licitación pública, consiste en que los oferentes interesados en ofertar deben presentar constancia de visita técnica emitida por los funcionarios que representen a la Dirección de Operaciones Marítimas de la Empresa, la cual estaba programada para realizarse en día martes 29 de noviembre de 2022 a las 9:00 horas, es decir, que la visita técnica se llevó a cabo en una fecha anterior a la publicación de la convocatoria del evento en el Diario Oficial”, enfatiza.
“(…) Por lo que la incongruencia entre las fechas restringe y afecta la libre competencia en el presente proceso”, determina la CGC.
Al respecto, el departamento de compras de Empornac reconoció que hubo incumplimiento en el plazo de publicación en el DCA, pero justifica que la Ley de Contrataciones del Estado indica que entre la publicación en Guatecompras y el día fijado para la presentación y recepción de ofertas deben transcurrir por lo menos 40 días calendario.
Además, la empresa Río Dulce S.A. presentó una inconformidad porque la referida visita técnica se programó antes de la publicación en el DCA; Empornac rechazó este alegato.
SIN RESPUESTA DE EMPORNAC
Por esta adjudicación desde el jueves 26 de enero La Hora se comunicó a la central de Empornac para entrevistar al gerente general, Kevin Gabriel Comas, pero el área de relaciones públicas indicó que no se encontraba en las oficinas debido a que viajó a la ciudad capital a una reunión, por lo que aseguró que devolverían la llamada, pero eso no ocurrió.
El viernes 27 de enero se contactó a comunicación social de Empornac solicitando entrevistar a Comas, a lo que pidió que se le enviaran las preguntas por escrito.
Debido a que no se logró entablar una entrevista con el gerente general, esta Redacción envió únicamente la siguiente pregunta: ¿cómo explica la portuaria que el representante legal de una entidad a la que ahora le adjudican un contrato de Q170 millones es el mismo quien fue el abogado de un contrato que celebró la portuaria con una entidad privada que fue declarado lesivo?
Aunque el comunicador dijo que trasladaría la interrogante a Comas, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.