Preocupación por informaciones sobre la intimidación, amenazas y represalias a las que señalan se han enfrentado algunos jueces, fiscales y abogados. Foto: La Hora

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, por sus siglas en inglés) del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Ecosoc), expresó su preocupación por informaciones sobre la intimidación, amenazas y represalias a las que señalan se han enfrentado algunos jueces, fiscales y abogados, especialmente aquellos que llevan casos prominentes de corrupción o de violaciones de derechos humanos.

Además, externó su preocupación por los altos niveles de impunidad que persisten en el país. Y entre las recomendaciones, sugiere abordar de manera prioritaria las causas subyacentes de la corrupción.

Dichas observaciones fueron compartidas luego que se realizara el cuarto informe periódico de Guatemala, en las sesiones 42 y 44, que se llevó a cabo los días 3 y 4 de octubre, que luego se adoptaron en la sesión 60, celebrada el pasado 14 de octubre en donde el Comité hace la observación a la delegación de Guatemala que la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) continúa siendo muy limitada.

A continuación, una síntesis de las motivaciones y recomendaciones emitidas, que forman parte de un documento de 14 páginas, en el que resaltan los puntos del 6 al 10.

AMENAZAS A JUECES Y FISCALES

El Comité señala informaciones sobre la “intimidación, amenazas y represalias que han enfrentado algunos jueces, fiscales y abogados, especialmente aquellos que llevan casos prominentes de corrupción o de violaciones de derechos humanos”.

Asimismo, observa con preocupación los señalamientos relativos a la falta de transparencia, publicidad y objetividad en los procesos de selección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y la permanencia de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en sus cargos, a pesar del vencimiento del período de sus mandatos, indica el documento.

 

El Comité insta al Estado Parte la adopción de las medidas necesarias para garantizar la independencia y seguridad del Poder Judicial en el ejercicio de sus funciones como medio de salvaguardar el goce de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales.

Asimismo, recomienda que tome todas las medidas necesarias para asegurar que el proceso de selección y nombramiento de jueces y magistrados sea realizado mediante un proceso transparente, objetivo e imparcial en el que prevalezca el mérito, la capacidad y la integridad de los candidatos. El Comité remite al Estado Parte a los Principios básicos sobre la independencia de la judicatura.

CORRUPCIÓN

Según el documento, el Comité toma nota de la información proporcionada por la delegación sobre los esfuerzos para combatir los actos de corrupción. Sin embargo, le preocupan los altos niveles de impunidad que persisten en Guatemala y lamenta no haber recibido información específica sobre los resultados de las investigaciones y sanciones de los casos de corrupción.

En el punto 9, el Comité recomienda al Estado de Guatemala abordar de manera prioritaria las causas subyacentes de la corrupción y garantizar la transparencia de la administración pública y la rendición de cuentas.

Asimismo, insta a asegurar la implementación efectiva de las medidas adoptadas para combatir la corrupción, incluyendo mediante la realización de investigaciones independientes y exhaustivas sobre todos los casos de corrupción en todos los niveles y la publicación de sus resultados.

Una tercera recomendación es que adopte medidas para brindar una protección efectiva a las personas que denuncian actos de corrupción, los jueces, fiscales, abogados y activistas que la combaten, y testigos de tales actos.

DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

Asimismo, señala su preocupación por los ataques, amenazas y represalias en contra de personas defensoras de derechos humanos, incluyendo defensores de derechos económicos, sociales y culturales, líderes indígenas y afrodescendientes. En particular, que se utilice indebidamente el proceso penal como medio de persecución en su contra. Además, el Comité está preocupado por la falta de mecanismos nacionales de protección para personas defensoras de los derechos humanos, señala el informe.

Entre otros aspectos, el Comité menciona que acoge con satisfacción las medidas adoptadas por el Estado Parte para consolidar la promoción y protección del goce de los derechos económicos, sociales y culturales mediante la creación de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos y la implementación de las políticas nacionales de desarrollo derivadas del Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032 y del Plan Nacional de Innovación y Desarrollo.

El mismo también aborda otros aspectos relativos al país.

¿QUÉ ES EL COMITÉ DE DERECHOS?

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) se estableció en virtud de la resolución 1985/17, de 28 de mayo de 1985, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Ecosoc), para desempeñar las funciones de supervisión del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) asignadas a este Consejo en la parte IV del PIDESC.

El CESCR es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) por sus Estados Parte.

Artículo anteriorShirley Rivera, efectiva para el oficialismo y de la confianza del Centro de Gobierno, repetirá
Artículo siguienteToluca acaba racha del América y acecha final del Apertura