La protesta se llevó a cabo frente al Palacio Nacional de la Cultura por la supuesta amenaza de desalojo. Foto: La Hora/José Orozco.

Integrantes de la Asociación Coordinadora Nacional de Asentamiento de Línea Férrea (Aconalfer), protestaron frente al Palacio Nacional de la Cultura por la supuesta amenaza de desalojo, debido al inicio de la rehabilitación de la línea férrea como parte del proyecto gubernamental de crear el Ferrocarril Bicentenario a cargo de la empresa mexicana Remed, S.A.

“Perjudican el derecho a la vivienda, están violando el derecho a la niñez y juventud, ya que no tiene donde vivir, son hijos de gente pobre”, expresó Domingo Hernández, representante de Aconalfer e integrante del Movimiento Guatemalteco de Pobladores (MGP).

EXIGEN AL PRESIDENTE COMPRAR TERRENOS 

Según los manifestantes, US$ 700 millones serán invertidos en dicho proyecto, por lo que ellos exigen US$5 millones para la compra de terrenos destinados a las familias afectadas porque de lo contrario continuarán con las protestas.

También expresan que no están en contra del funcionamiento de la línea férrea por ser necesaria su circulación; no obstante, debido a que no hubo una mesa de diálogo, existe preocupación ya que no poseen empleos para adquirir vivienda propia.

Además, hicieron un llamado al Procurador de los Derechos Humanos a pronunciarse, ya que a través del contrato de construcción están violando el derecho a la vivienda a los habitantes de esta zona.

GOBIERNO SE PASA LA BOLITA

La Hora solicitó a Presidencia una postura ante lo señalado por los pobladores afectados; sin embargo, en la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia remitieron a Ferrocarriles de Guatemala (Fegua), quienes a su vez indicaron que se consultara con la Compañía Desarrolladora Ferroviaria, S.A. (Ferrovías), porque es el encargado de emitir una postura.

Al comunicarse con esta Ferrovías, se remitió únicamente al correo de información de la entidad, cuyo 81.1% pertenece al Estado de Guatemala, sin que al momento de cierre de esta nota se haya tenido respuesta.

LA NEGOCIACIÓN

El pasado viernes 14 de enero Ferrovías suscribió el contrato de arrendamiento de bienes en favor de la empresa mexicana Remed, S.A., para la construcción de la primera fase del Ferrocarril Bicentenario, de la frontera con México a Puerto Quetzal, Escuintla.

El proyecto contempla recorrer once departamentos del país y llegaría hasta cuatro puertos. El plazo de uso de este derecho será de 26 años; en la primera etapa se contempla la habilitación de 235 kilómetros de vía férrea, con una inversión de US $700 millones.

La firma estuvo a cargo del administrador Único de Ferrovías, José Fernando Ulloa Rosenberg y el representante legal de Remed, Carlos Álvarez de Alba; en presencia de los ministros de Economía, Antonio Malouf, y de Comunicaciones, Javier Maldonado, y el interventor de Fegua, Augusto Ponce, en cuya sede se desarrolló el acto sin la presencia de periodistas.

CUESTIONADO POR LA PDH

La suscripción se llevó a cabo pese a cuestionamientos de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) por considerar que, al tratarse de bienes del Estado, debía convocarse a una licitación pública, y no solo ceder los bienes para la construcción de la línea ferroviaria, como lo prometió el presidente Alejandro Giammattei.

Por Anaité Álvarez
lahora@lahora.com.gt

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