La adjudicación de la frecuencia radioeléctrica de 700 megahertz (MHz) que hizo la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) en 2023 continúa en controversia. Esta vez, la Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó una denuncia en el Ministerio Público (MP) por anomalías en el expediente.
Carlos Tejeda, delegado de la CGC, informó durante una citación en el Congreso de la República que, luego de la auditoría, se detectó un hallazgo y se presentó una denuncia para que se realicen las investigaciones correspondientes.
Anteriormente, el titular de la SIT, Herbert Rubio, anunció que presentaron una denuncia penal por falta de información en el expediente de la adjudicación de esa frecuencia que ha servido para la introducción de la tecnología 5G.
Además, el extitular de esa institución, Marco Antonio Baten Ruiz, enfrenta una acción en su contra derivada de esa adjudicación.
Rubio habló sobre otro informe en el que también se analizó dicha adjudicación. En ese documento se detalló que las «situaciones encontradas» no son acordes a lo que creen que haya sucedido.
«Es claro que hay situaciones que son inconsistentes, otras que responden a un desorden y algunas más que incluso consideramos que podrían constituir un delito. Por eso presentamos las denuncias que correspondían en su momento. En cuanto a la lesividad, nosotros somos la autoridad y no tenemos la potestad para declarar si un acto es lesivo o no. Por ello, nos limitamos a trasladar todo lo que hemos encontrado y será a nivel de la Presidencia donde se decidirá lo que corresponda», agregó Rubio.
SEÑALA IRREGULARIDADES
El diputado de Cabal, Julio Héctor Estrada, recordó que desde el inicio del proceso se detectaron incoherencias e inconsistencias, algunas de las cuales, según indicó, fueron confirmadas por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT). También señaló que existen indicios de posibles delitos y consideró que lo ocurrido representa una afectación al patrimonio nacional.
“Creo que una adjudicación en proceso de transición de gobierno, armada sobre una redistribución de frecuencias en 2020, teniendo que despedir antes al superintendente para que otro firmara. El gobierno de Bernardo Arévalo puede iniciar el proceso, por lo menos, para poner presión y decir que no está de acuerdo con eso. Creo que es la oportunidad que tiene el presidente de demostrarlo, porque la lesividad es iniciar un juicio, que es una manera de marcar distancia con el camino anterior, ya que las empresas han manejado a los gobiernos a su sabor y antojo”, resaltó Estrada.
El legislador reiteró que el presidente de la República puede iniciar el proceso correspondiente para buscar la recuperación de ese patrimonio.
A la vez, Estrada indicó que se ha revisado y publicado la licitación relacionada con las dos frecuencias adjudicadas a las compañías telefónicas. En ese sentido, señaló que las denuncias se han enfocado específicamente en los contratos correspondientes a la frecuencia de 700 megahertz y en la conversión de frecuencias adquiridas a canales nacionales, una figura que, según afirmó, no está contemplada en la legislación.
#AhoraLH | Las delegadas de la Procuraduría General de la Nación explican el procedimiento para pronunciarse por la adjudicación de la frecuencia radioeléctrica de 700 megahertz.
📹: Roberto Cordón/LH
✍️: Joel Maldonado/LH pic.twitter.com/GAVQCqbycY— Diario La Hora (@lahoragt) August 25, 2026
