Las demandas de cámaras empresariales, sociedad civil, el Organismo Ejecutivo y la embajada de Estados Unidos por la aprobación de la ley contra lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo cada vez son mayores, con el fin de permitir que la Superintendencia de Bancos (SIB) se prepare para la evaluación que hará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en febrero de 2027.
La Hora consultó a la mayoría de los jefes de bloque para conocer su postura, ya que si bien, públicamente responden que apoyarán la aprobación en redacción final de la ley en las plenarias, durante las discusiones que realizó el presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, junto con personal de la SIB y la Intendencia de Verificación Especial (IVE), varios se han opuesto a las observaciones a las enmiendas que se presentaron en la sesión del 12 de mayo, donde se aplazó la creación de esa nueva legislación.
La supervisión del GAFI es para corroborar el apoyo de las autoridades de los países para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y así evitar que Guatemala vuelva al listado gris por poca colaboración contra esos delitos, por lo que requiere que el país tenga una ley actualizada para prevenir y perseguir esos ilícitos.
Ese martes, Contreras informó que las enmiendas cambiaban de «fondo» la ley, por lo que decidió suspender la sesión. Entre los diputados que impulsan esos ajustes están miembros de la UNE, Vamos, Valor, Todos y Cabal, los cuales afectan los artículos del proceso de administración del riesgo, el delito de lavado de dinero, como la autonomía del mismo.
Luis Aguirre, jefe del bloque Cabal, dice que espera que en la reunión del 1 de junio se «finiquiten» los consensos y así llegar al Pleno un día después, el 2 de junio, sin que hayan sorpresas. Aseguró, además, que hay 90 diputados que están a favor de aprobar dicha ley, pero que faltan 17 legisladores que todavía tienen inquietudes, ya que esta ley requiere de 107 votos a favor.
El jefe del bloque Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Cristian Álvarez, respondió que apoyan la ley como lo recomienda la SIB, ya que ellos son los expertos. En ese mismo sentido, la representante de la bancada Winaq, Sonia Gutiérrez, enfatizó que ella votará por la ley como salió con el dictamen de la comisión de Economía y Comercio Exterior, y de las nuevas enmiendas solo apoya dos, que son de forma, pero que está en contra de las otras seis.
También la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) afirmó que apoya la ley antilavado como se dictaminó y las 14 enmiendas que tuvieron consenso público en esa mesa de trabajo y que no respaldarán las otras enmiendas que elaboraron de forma secreta varios bloques.
La subjefa de la bancada Unionista, Lucrecia De Palomo, explicó que es necesario que pase la ley y que hay enmiendas en las que están de acuerdo, pero en otras no. De Palomo resaltó que la nueva ley es importante porque se definen cada término, por ejemplo, qué es lavado de dinero, asociado cercano, contratista del Estado, Persona Expuesta Políticamente (PEP), proveedor, que en la ley actual no lo tiene.
«Ahora es muy vaga y puede atacarse a cualquier persona desde un punto de vista político y no técnico como ha ocurrido en situaciones. Se pueden cambiar algunas de las enmiendas que se proponen, pero no estamos de acuerdo en que se cambie el corazón de la ley, que es delito de lavado de dinero y autonomía del delito, que es lo que se estuvo discutiendo», enfatizó De Palomo.
La congresista es optimista en que se llegarán a los consensos para que se apruebe una ley mejor tanto para la persecución del delito como para las personas y no exista discrecionalidad contra los políticos, y se espera que haya una ley actual objetiva y dijo que la SIB está en lo correcto.
Mientras que otros diputados independientes, y los oficialistas, resaltan que la ley debe aprobarse sin cambios que debiliten ni que la hagan «inútil», por lo que se deben establecer controles financieros para atacar al narcotráfico y crimen organizado.
APOYAN LA LEY, PERO CON CAMBIOS
El atraso de la aprobación de la ley contra lavado de dinero u otros activos pone en riesgo que las autoridades responsables de verificar y reportar transacciones sospechosas se preparen para la evaluación del GAFI. Aunque los diputados tienen información de la importancia de eso, indican que apoyan la nueva ley, pero con la condición de hacerle últimos ajustes.
En los cambios de último momento, está la propuesta, apoyada públicamente por el partido Vamos de modificar los artículos 73 y 74, lo que aniquilaría el delito de lavado de dinero y dejaría sin efecto el espíritu de la ley.
Sabino Velásquez, del bloque Bienestar Nacional (Bien), indicó en ese sentido que apoyan a ley, pero con precisamente con las enmiendas que se han discutido en los últimos dos lunes.
En ese mismo sentido, respondió el jefe de la bancada Elefante, Rodrigo Pellecer, que entre los cambios que reconoció se han hecho más observaciones está el relacionado a la carga de la prueba, porque, según él, en la ley que se discute si se coloca una denuncia contra una persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario.
Pellecer agregó que se revisan los conceptos de transacción sospechosa, porque no puede acusar a alguien de eso si la operación bancaria no se realizó. En cuanto al artículo de autonomía del delito, el diputado indicó que debe comprobarse que el dinero es «mal habido» para que se acuse de lavado de dinero, por lo que debe haber un delito precedente. Justo ese cambio es criticado por las entidades técnicas.
«Como legislador nos corresponde aprobar temas que no riñan con nuestro marco legal y si la ley mejora la normativa actual, pero se debe ser cuidadoso para que la ley no afecte la economía informal, sino que debe hacerse algo bien», indicó Pellecer.
DEFIENDEN CAMBIOS
El segundo vicepresidente del Congreso, Elmer Palencia, expresó que el bloque Valor desde la comisión de Economía se apoya dicha ley, donde se dictaminó favorablemente. A la vez, reconoció que de las nuevas enmiendas se han logrado consensos en cuatro que cambian las primeras.
Palencia resaltó que ninguna enmienda atenta contra la ley contra lavado de dinero, entre ellos a los artículos 8, 73 y 74, por lo que se busca los consensos en la vía técnica y política para que se apruebe la ley, pero que no afecte a ninguna actividad económica, como el comercio informal, agricultores, ganaderos y transportistas, u otros que utilizan efectivo y no precisamente son actividades de lavado de dinero.
«Cada una de las enmiendas que han sido consensuadas, hemos hecho el trabajo técnico para verificar que puedan estar dentro del marco de las recomendaciones del GAFI y se ha atendido al personal de la IVE. En ningún momento he presentado enmiendas, que se presentan en Dirección Legislativa y se puede corroborar, he tratado la manera para trabajar con algunos compañeros inquietudes, precisamente porque he participado en la comisión y otros jefes de bloque han consultado para proponer otras enmiendas», respondió Palencia cuando se le consultó si ha presentado e impulsa nuevos cambios.
Otro de los bloques que apoyan la ley, pero con cambios, es la UNE. El jefe de bloque, José Inés Castillo, espera avanzar con la aprobación de ese decreto, pero indicó que se deben adecuar las recomendaciones del GAFI a la legislación nacional para que no se «colisione» con la Constitución ni los derechos humanos.
Castillo afirmó que la SIB es el ente técnico, que apoya en la redacción de las nuevas enmiendas, entre ellas el de la autonomía del delito, que Castillo al igual que algunos parlamentarios, es que debe existir un delito precedente para acusar a la persona de la comisión de otro hecho delictivo.
«Para qué exista dinero ilícito debe existir un delito, pero la recomendación no lo dice así, sino que se indica que el delito de lavado de dinero tiene autonomía, o sea es totalmente aparte de otros delitos, estamos discutiendo en ese tema. Aunque los constitucionalistas nos diga que es inconstitucional la norma, pero deben recordar que la norma es signatario de ese grupo y tenemos que adecuarnos a esas recomendaciones», respondió Castillo.
Se intentó conocer la postura de otras bancadas, entre ellas las de Todos, pero no respondieron las llamadas ni mensajes.
Enmienda presentada por diputados aniquilaría el delito de lavado de dinero u otros activos
