Los jefes de bloque acordaron nombrar a los dos magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el próximo jueves ante la orden de la Corte de Constitucionalidad (CC). Los diputados de la Novena Legislatura dejaron pasar más de tres años y medio para designar a los funcionarios electorales.
Con la designación de los magistrados faltantes, quedará integrado el pleno del ente electoral con cuatro magistrados suplentes y un magistrado titular.
No obstante, la junta directiva del Congreso debe hacer una revisión de los candidatos que estableció la comisión postuladora, que aún tengan interés de integrar el órgano electoral.
Entre los aspirantes a magistrados suplentes aparecen: Roaldo Chávez Pérez, hermano del exdiputado del extinto partido Lider, Luis Chávez que fue condenado por tráfico de influencias.
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Además, de Luis Felipe Lepe Monterrosa, Pablo Adolfo Leal Oliva, José Alfredo Aguilar Orellana y Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo.
También Julio Enrique Ricardo Dougherty Liekens, Gustavo Adolfo Samayoa Romero y Marta Lidia Nij Patzán.
Aunque fueron seleccionados María Eugenia Morales Aceña y Jorge Arauz Aguilar, la primera salió del país, y el segundo ocupa un puesto en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, por lo que las probabilidades de aceptación para magistrados son pocas.
Elección pendiente: ¿Quiénes son los candidatos a magistrados suplentes del TSE?
PRESIONABAN PARA ANULAR RESULTADOS
La urgencia de elegir a los dos magistrados suplentes del TSE se debe al amparo que otorgó la máxima corte a Karen Fischer, que buscaba que dicha designación se hiciera en diciembre pasado para así buscar la forma de revertir los resultados electorales e impedir que Bernardo Arévalo y Karin Herrera asumieran la presidencia del país.
La acción de Fischer se une a la denuncia que presentó junto con Giovanni Fratti contra los magistrados Elizabeth Palencia, Rafael Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco, por haber adjudicado a DATASYS, S.A., la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
La cual fue motivo por la que los diputados le levantaron la inmunidad a los cuatro magistrados titulares para que la fiscal Consuelo Porras solicitara su captura por supuestas anomalías en dicha compra, sin embargo, la Contraloría General de Cuentas no determinó una sobrevaloración, pero se prestó para presentar una denuncia penal.
