Alrededor de 10 de los 30 días del Estado de Calamidad Pública, ratificado por el oficialismo en el Congreso el 22 de junio, permitieron al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) adjudicar más de Q1,197 millones en proyectos de supuestas urgencias para reparaciones y supervisión de carreteras, viviendas, escuelas y puentes. El elevado monto adjudicado en tan corto tiempo dio lugar a aumentar las críticas, al extremo que un exministro calificó las compras de “atraco”.
Aunque alcaldes y diputados habían clamado por el estado de Excepción, las adjudicaciones comenzaron hasta la tercera semana, como lo documentó La Hora en la nota “Mal sabor: 65% de compras por excepción fueron a última hora de la calamidad”, publicada el pasado 30 de julio.
En la publicación se detalla que el día con más compras cerradas fue el 21 de julio con 82 adjudicaciones, que suman Q629 millones 797 mil 373.44.
Ese jueves histórico 80 contratos para la reparación de la infraestructura vial fueron adjudicados al CIV; otro a la Municipalidad de Los Amates, Izabal por Q311 mil 250; y otro al Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) para impermeabilizar el Palacio Nacional de la Cultura por Q2 millones 485 mil.
ESTADO DE CALAMIDAD POR LAS LLUVIAS
Dicho estado de Emergencia fue declarado para atender los daños en el país ocasionados por las lluvias, situación que además permite hacer compras sin cumplir con la Ley de Contrataciones del Estado. Entre quienes apoyaron la solicitud estuvo la Asociación Nacional de Municipalidades y diputados oficialistas que clamaron por ampliar la medida de ocho a los 22 departamentos.
Hasta el pasado 22 de julio cuando finalizó la vigencia de esa emergencia, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) tenía registradas 159 escuelas afectadas, daños en 324 carreteras y 83 puentes, así como más de un millón de personas afectadas.
A pesar de ese panorama, la experiencia de años anteriores pone en duda la correcta ejecución de todos los proyectos por parte del CIV, que dirige Javier Maldonado.
La única forma en que la ciudadanía puede conocer el avance gradual de los proyectos, para tener algún grado de transparencia, es a través del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), pero la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), que obtuvo el 44% de las adjudicaciones del CIV durante el Estado de Calamidad está fuera de ese sistema.
Aunque las otras tres unidades ejecutoras del CIV sí forman parte del SNIP, por ser proyectos de mantenimiento no requieren de inversión y, por tanto tampoco es obligatorio registrar cada uno en el SNIP, como se describe en cada concurso adjudicado en Guatecompras.
ADJUDICACIONES MILLONARIAS PARA EL CIV
La información pública de Guatecompras refleja que 118 concursos fueron adjudicados al CIV en el marco del Decreto 3-2022, que en total suman Q1 mil 197 millones 646 mil 235.13.
El monto fue distribuido en proyectos para cuatro unidades ejecutoras: Covial con Q527.5 millones; la Dirección General de Caminos con Q420.3 millones; el Fondo Social de Solidaridad (FSS) con Q194.8 millones, y cierra la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) con Q55 millones.
Diputados del Grupo Parlamentario de Oposición (GPO) y otros usuarios calificaron el Estado de Calamidad como una “piñata” y cuestionaron la efectividad de la inversión millonaria.
“¡Piñata!”, exclamó en un video la diputada Karina Paz. “Las carreteras no están en buen estado y ellos dicen que ya se ejecutaron”, dijo.
Agregó que además del CIV, otras siete entidades adjudicaron 27 proyectos por un monto total de Q201.750,832.37.
“ATRACO SIN PRECEDENTES”
Por otro lado, el exministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada afirmó: “Mientras todo mundo (estaba) atento a juicio JR Zamora, el gobierno consolida un atraco sin precedentes”.
La premisa expuesta por Estrada respecto al CIV puede ser comprobada por medio de la información disponible en Guatecompras. El portal detalla que las adjudicaciones de ese ministerio durante otros Estados de Calamidad no superan los Q506 millones, contrario a lo que ocurrió con la última medida decretada.
Consulado sobre tal señalamiento, el exfuncionario externó con preocupación por la poca existencia de métodos de transparencia disponibles para analizar las adjudicaciones que van desde Q300 mil hasta Q25 millones.
Mientras todo mundo atento a juicio JR Zamora. El gobierno consolida un atraco sin precedentes > Q 1,200 millones ADJUDICADOS por emergencia. Por lluvias de junio…
Esto encima los Q3200 Millones de COVIAL. 😡😡( imágenes tomadas de Twitter O. Blanco) pic.twitter.com/Kxh3msWasf
— Julio Héctor (@JulioHectorE) August 10, 2022
“No crearon un portal de transparencia, no tenemos idea de los criterios que utilizaron. Las empresas contratadas son empresas individuales, ni siquiera son Sociedades Anónimas, son personas que tienen empresas a su nombre. No vemos claridad en la estrategia y cómo es el alcance de las obras”, amplió.
Asimismo, cuestionó que un Estado de Calamidad “fundamentado por unos días de lluvia y un hoyo que se abrió en Villa Nueva”, ameritara hasta el doble de adjudicaciones que la emergencia de la erupción del Volcán de Fuego en 2018 y casi siete veces más que en el Estado de Calamidad en atención a ETA e IOTA.
“Han adjudicado (el CIV) más de Q1,200 millones a dedo, con publicación luego de haber hecho la adjudicación. Cero seguimiento, cero ruido, cero atención de nadie y sin procesos competitivos”, agregó.
TERREMOTO DE SAN MARCOS 2012
El 7 de noviembre de 2012, durante el gobierno de Otto Pérez Molina con el Partido Patriota, un terremoto de magnitud 7.2 grados Richter sacudió el Suroccidente del país, tras lo cual fue decretado un Estado de Calamidad en Retalhuleu, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango.
En esa emergencia se registraron daños en edificios públicos y carreteras obstruidas; asimismo, la Conred informó que en Retalhuleu 28 escuelas necesitaban reparaciones. A pesar de lo anterior, durante el Estado de Calamidad solo fue adjudicado un concurso de reposición al Ministerio de Gobernación por Q4 millones 76 mil 46.82. Ninguno al CIV.
ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO
En junio de 2018 el entonces presidente Jimmy Morales, en consejo de Ministros, declaró Estado de Calamidad en Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez, los tres departamentos afectados por la erupción del volcán de Fuego. Al concluir, la medida fue extendida 30 días más.
En aquel entonces el Gobierno enfatizó que el Estado de Calamidad fue decretado debido a que la erupción volcánica produjo pérdidas de vidas humanas y daños a la infraestructura vial, habitacional, escolar y de salud, entre otras. Entre sus objetivos se determinó que la medida ayudaría a restablecer la infraestructura y servicios esenciales, así como evitar mayores consecuencias para la población.
El gabinete económico de Morales expuso que los daños y pérdidas por la erupción ascendían a unos Q1,642 millones. No obstante, en aquella ocasión solo fueron adjudicados Q589 millones 614 mil 551.65. De 166 concursos, 39 correspondieron al CIV por Q505 millones 463 mil 845.37.
El ministro de comunicaciones indico que “Ahorita es el momento donde vamos a empezar a ver la transformación del país, en todo el tema de la red vial”. Aquí los detalles 👇 https://t.co/gX5zvcCmC5
— Diario La Hora (@lahoragt) August 18, 2022
COMPARACIÓN CON TORMENTAS ETA E IOTA
Con fundamentos similares al reciente Estado de Calamidad, el 5 de noviembre de 2020 el presidente Giammattei, en Consejo de Ministros decretó el Estado de Calamidad para tratar los efectos de la depresión tropical “ETA” e “IOTA”. Finalmente fue prorrogado dos veces más con aval del Congreso.
De acuerdo con Guatecompras, durante ese tiempo fueron adjudicados 106 concursos, equivalentes a Q210 millones 593 mil 692.07. De estos, 130 eran del CIV por Q157 millones 721 mil 461.70.
Esta emergencia, de acuerdo con la Conred, causó daños en 883 carreteras y destruyó otras 26; además, 455 escuelas fueron afectadas al igual que 48 edificios; 116 puentes sufrieron daños y otros 52 quedaron destruidos.
MINISTRO DEFIENDE ADJUDICACIONES
Sobre las críticas por la falta de transparencia en las adjudicaciones por el Estado de Calamidad, el ministro de Comunicaciones defendió este jueves en conferencia de prensa todo el proceso, al afirmar que en un mes lograron ir a las emergencias, hacer los estudios y montar los eventos, usando Guatecompras, para que fueran “eventos transparentes”.
Maldonado agregó que no hicieron nada fuera de la ley. “Trabajamos en el marco de la ley, no obviamos la Ley de Compras y Contrataciones (sic, por Ley de Contrataciones del Estado), los eventos fueron competitivos, dimos la oportunidad para que las empresas participaran¨, aseguró.
