Además de las destituciones de las fiscales Hilda Pineda, Sara Romero y Wendy Ordóñez, el Ministerio Público (MP) confirmó que otros seis profesionales fueron separados de la entidad, por disposición de la Fiscal General María Consuelo Porras.
La justificación de la Fiscalía General señala que las destituciones contribuirán al fortalecimiento institucional, lo cual fue cuestionado por un analista consultado, mientras que otra experta enfatizó la necesidad de una explicación más amplia al respecto.
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SUMAN SEIS DESPIDOS
El 30 de junio la entidad confirmó las destituciones de la exfiscal que llevó a juicio al exdictador Efraín Ríos Montt por genocidio, Hilda Pineda; la exfiscal de sección de la Fiscalía de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Sara Romero; y a Wendy Ordóñez de la Unidad de Asuntos Internacionales.
Las tres mujeres habían laborado en el MP desde hace más de diez años, con casos de trascendencia nacional.
A estos despidos se suman los siguientes, según lo confirmado por el MP a La Hora:
a) Dilma Samayoa, subsecretaria general;
b) Orlando Muñoz, secretario de Asuntos Internacionales;
c) Lilian Carías, directora de Recursos Humanos;
d) Pedro Barán, secretario de Pueblos Indígenas;
e) Elka Lucrecia Huitz, fiscal distrital de San Marcos; y
f) Eleonora Nohemí Castillo, jefa Distrital de Sololá.
DESTITUCIONES VIOLAN EL DEBIDO PROCESO
Al consultar sobre los motivos de las destituciones, el MP respondió que el personal es de libre nombramiento y remoción, tal y como lo establece la Ley Orgánica de la institución; además que “son acciones de personal orientadas al fortalecimiento institucional, derivadas de las necesidades en el servicio”.
Al igual que en el caso de las tres fiscales destituidas el jueves, indicó que se ha priorizado la política de ascensos en la referida institución y, de esta cuenta, entre 2018-2022 se han realizado aproximadamente 400 nombramientos y más de 1,700 ascensos en el MP dirigido por Porras, sobre quien pesa doble sanción por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Oswaldo Samayoa, doctor en derecho constitucional, expuso que son dos los aspectos que se deben considerar en este proceso. Primero, los fiscales de carrera tienen derecho a que para ser removidos deba existir una causal y, de no existir esa razón, consideró que no debería proceder la destitución.
“Si la fiscal general considera que hay una causal para destituir, por ser fiscal de carrera debe iniciar el proceso administrativo y el fiscal que está sujeto a ese procedimiento tiene el derecho de contraargumentar que la causante que está alegando no existe. Ese es el debido proceso que se debió respetar”, dijo.
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En segundo lugar, comentó que el hecho de que el personal sea de libre nombramiento y remoción no es excluyente del debido proceso que debió llevarse a cabo al destituir a los trabajadores.
“Lo que estamos viendo es como se argumenta con desconocimiento de la población y se inventan mecanismos supuestamente legales, pero que eran propios o anteriores a la consolidación del Ministerio Público; en otras palabras, se acabó la institucionalidad en el MP”, sostuvo.
Respecto al fortalecimiento institucional al que se refirió el MP, Samayoa consideró que el argumento es contradictorio tomando en cuenta la trayectoria que poseen las personas destituidas.
MP DEBE TRANSPARENTAR LA INFORMACIÓN
La Hora consultó con el MP si ya se han nombrado a quienes suplirán los cargos de los nueve separados, pero respondieron que ese proceso continúa bajo análisis.
En este contexto, María Isabel Bonilla, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) opinó que, si bien la Fiscal General tiene la potestad legal para realizar los cambios en la institución, es importante socializar las razones y la demás información relacionada a estos puestos.
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“Lo que la ciudadanía pide es que sean más transparentes en el sentido de que puedan trasladar razones por las cuales se dan las destituciones. Razones habrá muchas (…), cualquiera de los casos y dada la posición en la cual está actualmente el Ministerio Público y dado lo sensibles que pudieron ser los casos, vale la pena hacer más públicas las razones hasta la medida en que se pueda”, consideró.
Lo anterior, para la experta le serviría a la población para comprender los motivos de las destituciones, o bien exigir las investigaciones correspondientes.
