Aprobada la ley Antilavado, Finanzas espera que nueva ley de Contrataciones Públicas avance en el Congreso

El viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado, Carlos Melgar, afirmó que la comisión de Economía del Congreso de la República deberá conocer en este segundo semestre del 2026 la nueva Ley de Contrataciones Públicas, presentada durante finales del 2025 por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

Según explica el viceministro, la comisión poseía la prioridad de aprobar la Ley Antilavado de Dinero u Otros Activos, así como recientemente proyectos como la Ley del Sistema Portuario, así como la Ley de Ciberseguridad, dejando relegada a la de contrataciones. No obstante, este asegura que esta puede ser conocida durante este segundo periodo legislativo.

#AhoraLH | Melgar también explica que, tras finalizar el periodo de prioridad para la ley antilavado en el Congreso, se espera que la siguiente ley para discutir en comisiones sea la nueva ley de contrataciones del Estado.

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— Diario La Hora (@lahoragt) June 11, 2026

Así mismo, indicó que cuando este proceso se lleve a cabo, la cartera del Tesoro hará las participaciones correspondientes para dar seguimiento a la ley, así como cualquier cambio correspondiente que sea propuesto por los diputados de la comisión.

«Entendemos que ahí vamos a recibir la convocatoria e invitación por parte de los diputados para ir explicando los diferentes componentes que tiene esta iniciativa de ley y pues ya ellos estarán definiendo si hay necesidad de ajustes o algo al momento de emitir el dictamen, de manera que si la expectativa es que durante este semestre camine la conversación y la discusión sobre la ley», puntualizó el funcionario.

PROPUESTAS DE LA NUEVA LEY

La iniciativa 6688 o Ley de Contrataciones Públicas, busca sustituir a la norma que rige la adquisición de bienes y servicios del país, esto con el fin de renovar la misma tras las «14 reformas que provocaron vacíos jurídicos y contradicciones operativas que le impiden responder eficazmente a las necesidades actuales del país».

La iniciativa plantea «ventajas» contra la ya en regla, donde se destacan:

• Fomenta la realización de las compras de manera electrónica (Guatecompras).
• Establece un proceso de contratación pública estandarizado, con etapas claramente definidas.
• Se contempla la adopción de documentos estandarizados, para que sigan una misma estructura, lenguaje y requisitos, sin importar qué entidad realice la compra, para eliminar ambigüedades y reducir errores.
• Busca mayor control en la ejecución de contratos, a través de un supervisor de cumplimiento de contrato, un supervisor de obras.
• Incorpora el enfoque de inclusión y desarrollo social en las compras públicas, para que también puedan contribuir al desarrollo económico y social del país: Mipymes, empresas lideradas por mujeres, comunidades indígenas, etc.
• Busca mayor control en la ejecución de contratos, a través de un supervisor de cumplimiento de contrato, un supervisor de obras (en dichos casos) y un delegado para la recepción parcial o final y de recepción.

Entre otras de las atribuciones que posee se encuentra la creación de un Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, resolver recursos de apelación relacionados con contrataciones, inconformidades y quejas relacionadas con los procesos de contratación.

Así mismo se propone un cambio a los montos para cada tipo de adquisición que realizan unidades del Estado, con actualizaciones cada cuatro años, que se ajustarán conforme la inflación e incremento del mercado tanto nacional como internacional, creando un reglamento para su correcta implementación y seguimiento a cada rubro de compras.

Dichos cambios en las adquisiciones, se proponen de la siguiente forma: