El Decreto Gubernativo 3-2022, publicado este 22 de junio en el Diario de Centro América establece el Estado de Calamidad pública en ocho departamentos del país. Sin embargo, como únicas medidas de control y transparencia señala que los gastos deben ser avalados por informes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y presentar informes circunstanciados al Congreso.
Según el decreto aprobado por el presidente Alejandro Giammattei en Consejo de Ministros el martes 21 de junio, la declaración del estado de Excepción es respuesta a los efectos de los ciclones BLAS y Celia que han afectado la mayor parte del país, y que, según las autoridades, se ha concentrado en ocho departamentos.
El decreto consta de 15 artículos, siendo los números 7, 10 y 11 los únicos referentes a la asignación presupuestaria y gestión de los recursos del Estado, como garantía de transparencia anunciada por el gobierno.
ADJUDICACIONES SUJETAS A INFORME DE CONRED
El Estado de Calamidad tendrá una vigencia de 30 días a partir de este miércoles en los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Chiquimula, El Progreso, Sacatepéquez y Zacapa.
#PORTADADEHOY
Estado de Calamidad facilita adjudicaciones exprés 👉🏼 [https://t.co/Wd9jMDY5S0] pic.twitter.com/JGtFnQS1tp— Diario La Hora (@lahoragt) June 22, 2022
Durante este periodo, según el artículo 7 del decreto, se autoriza la adquisición o contratación exclusiva de bienes, obras, servicios, suministros de trabajos para el cumplimiento de dicha disposición.
Luego, en el segundo párrafo de este artículo detalla: “Las adquisiciones y/o contrataciones al amparo del presente artículo, únicamente por daños en infraestructura, deberá efectuarse previa constancia de causa y daño emitida por la Secretaría Ejecutiva de la Conred”.
Sin embargo, no se detalla en relación a lo de “causa y daño”, lo cual deja abierto al informe, de quien lo elabore y con metodología para evaluar lo que se reporte como deteriorado.
Este miércoles salió publicado en el Diario de Centro América el decreto 3-2022 sobre la declaración de Estado de Calamidad Publica en los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Chiquimula, El Progreso, Sacatepéquez y Zacapa. pic.twitter.com/iVZQDN53f9
— Diario La Hora (@lahoragt) June 22, 2022
También delega en la Conred coordinar la recepción de donaciones en el marco de la actual emergencia. No obstante, no se brindan mayores detalles sobre qué debe incluir esta constancia o la metodología que se utilizará para ello.
GESTIÓN PRESUPUESTARIA
Por otro lado, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) está facultado para identificar y asignar los espacios presupuestarios para atender la calamidad y que los recursos sean trasladados a las unidades ejecutoras de gasto.
Finalmente, el artículo 11 determina que la transparencia también será garantizada mediante un informe que deberán presentar las entidades descentralizadas y autónomas al Congreso de la República. Sin embargo, no se señala la periodicidad en que se deban presentar los reportes aludidos.
Además, detalla que “sin perjuicio de lo anterior, las respectivas unidades ejecutoras del gasto serán responsables de publicar en sus respectivos portales de información pública, de oficio, los informes remitidos al Congreso de la República de Guatemala”.
La Comisión Permanente del Congreso, convocó de manera urgente para el miércoles 22 de junio a una sesión extraordinaria para conocer el Estado de Calamidad Publica trasladado por el Organismo Ejecutivo. pic.twitter.com/JlBW4qbkwD
— Diario La Hora (@lahoragt) June 22, 2022
CONTROL DE FONDOS EN RIESGO
En la nota “Quieren Estado de Calamidad para disponer de fondos sin control”, analistas coincidieron en que la aprobación de medidas de esta naturales obedece más a un interés de los políticos, funcionarios y alcaldes de gastar los recursos sin ningún tipo de control que a la atención a los daños por las lluvias.
Lo anterior, fue argumentado por los expertos con base en la evidencia de años anteriores, cuando se han observado adquisiciones opacas con pocos resultados visibles.
“El gran problema que se da es que la Ley de Contrataciones del Estado establece que cuando hay un estado de excepción cualquiera de los que sea, deja de aplicar la Ley de Contrataciones del Estado”, explicó Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales.
