Una serie de inconsistencias en el Decreto 6-2022 fue el pretexto del presidente Alejandro Giammattei para vetar la Ley de Vacunación, hecho que, por un lado, expertos en el tema explicaron las razones que podrían haber facilitado la decisión del mandatario, mientras que diputados y expertos en salud denuncian un retroceso para la salud pública al aplazar una vez más esta normativa.
El Decreto 6-2022, aprobado con 104 votos en el Congreso de la República, asegura un presupuesto para la vacunación de la población frente a distintas enfermedades y fortalece el Consejo Nacional de Prácticas en Inmunizaciones y promueve la garantía de un esquema de vacunación básico dictado por expertos, que podrá ser adquirido de manera voluntaria por niños, niñas, jóvenes y adultos, entre otros aspectos.
OBSERVACIONES SEÑALADAS
En su mensaje por medio de un video, Giammattei mencionó al menos ocho supuestas inconsistencias en la ley aprobada por el Congreso que motivaron el veto; aunque en el documento remitido a los diputados se detallan 10 observaciones:
? Documento de Veto a Ley de Vacunación
Según comentó la diputada de Semilla y exministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, los argumentos que esgrimió el Presidente carecían de sentido, pero cuando se recibió el veto en el Congreso “todavía hace menos sentido”.
En criterio de la legisladora, existen varias observaciones mal interpretadas por el Presidente, como la interpretación del Artículo 26: asignación presupuestaria, en donde se establece que el Ministerio de Salud deberá asignar anualmente una partida específica en el Presupuesto General de la Nación que garantice una cobertura de no menos del 95% de vacunación para el Programa de Inmunizaciones.
Ante esto el mandatario argumentó: “al indicar que el 95% de la asignación anual en esta materia debe ser para el Programa Nacional de Inmunizaciones, implicaría conflicto al momento de su operativización”.
Sin embargo, Hernández Mack remarcó que solo se busca asignar el financiamiento suficiente para adquirir vacunas que cubra el 95% de la población muestral, no destinar el 95% del presupuesto de la cartera a este fin.
Otro punto cuestionado por Giammattei fue la vacunación voluntaria, al señalar que existe contradicción entre los artículos 2 y 6 de la Ley de Vacunación: “se indica que el Esquema Nacional de Vacunación será una recomendación (…); posteriormente, establece que cuando se desee ampliar solo se podrá “siempre y cuando sea cumplido, convirtiéndolo en obligatorio”.
Pese a lo anterior, el diputado Julio Lainfiesta, ponente del Decreto 6-2022, explicó que la finalidad de la ley no es obligar a la población a vacunarse, sino asegurar que el Estado adquiera las vacunas, independientemente de la voluntad de la administración de turno.
“El espíritu de esta ley es asegurar que a nuestros niños y adolescentes se les garantice el acceso informado, gratuito y voluntario a las vacunas que están en el esquema nacional básico de vacunación”, subrayó.
F. QUEZADA: UNA LEY CON DEFICIENCIAS EN SU FORMULACIÓN
Desde otra perspectiva, Francisco Quezada, del área jurídica del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), opinó que el Decreto 6-2022 fue vetado por el Presidente debido a falencias en su redacción.
“Independientemente si se está de acuerdo (con el decreto), es una ley mal redactada y lo que produce es una ley que no tiene concatenación y tiene muy baja calidad legislativa. Aunque su intención pueda ser buena, las comisiones de estilo del Congreso deberían funcionar”, razonó.
Agregó que la normativa en su redacción final contenía “contradicciones” y “reformas de último momento” que pudieron volverla “inentendible”, por lo cual consideró positivo el veto presidencial.
LAINFIESTA: “SE HIZO EL INTENTO Y VOLVEREMOS A HACERLO”
El Congreso de la República recibió el veto presidencial y luego de una discusión en el Pleno, trasladó el documento a la Comisión de Salud para conocerla nuevamente y, en todo caso, proponer una nueva normativa. Otro camino podría ser la publicación por primacía legislativa, lo cual en criterio de Lainfiesta no es viable.
“Definitivamente rescatar la ley no se puede, a menos que usemos la supremacía parlamentaria con 107 votos, que yo lo veo difícil. La idea es que esta iniciativa, que estuvo cuatro años en el Congreso, mucho más que discutida, la vean con los argumentos del señor Presidente y puedan hacer una nueva ley”, comentó.
De cualquier modo, Lainfiesta remarcó su respeto al derecho del Presidente a vetar la ley; no obstante, consideró que la iniciativa era positiva, por lo cual se continuará trabajando en ella desde el Legislativo.
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— Diario La Hora (@lahoragt) March 8, 2022
“Él (Giammattei) está convencido de que se necesita; luego, el Congreso también está apoyando una ley de vacunación, por ello solicité enviar el veto a la Comisión de Salud. El ‘timing’ quizá no fue el adecuado, pero se hizo el intento y volveremos a hacer el intento de tener una ley de vacunación en el país”, amplió.
La diputada de Semilla dijo desconocer por qué el Presidente vetó la ley, aunque lo atribuyó principalmente a una decisión emocional.
Asimismo, teme que conocer este veto pueda implicar dos efectos: primero, un proceso aún más tardío para crear la ley de vacunas en Guatemala; segundo, un mensaje que propicie la renuencia a todas las vacunas.
“Con una firma de este veto se tiró a la basura un trabajo de años en donde participó el Ministerio de Salud, Conapi, OPS, AGEI, epidemiólogos y expertos de las universidades”, agregó.
RIEGOS Y TROPIEZOS CON EL RETRASO DE LA LEY
Actualmente en Guatemala no existe una ley que obligue al Ministerio de Salud a comprar y disponer de las vacunas necesarias para la población. Cada año la aplicación y compra de las distintas vacunas depende de la voluntad del Ministerio de Salud y del Gobierno, lo cual cambiaría con esta ley, según destacó Alicia Chang, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (AGEI).
La profesional explicó que la Ley de Vacunación contempla un presupuesto fijo, susceptible a modificaciones dependientes a las necesidades de la población, para disponer de las vacunas para niños, adolescentes y adultos.
“Era una manera de garantizar la salud preventiva en Guatemala porque definitivamente, como hemos visto en otras ocasiones, hay gobiernos que no ven la salud como una prioridad y entonces le asignan menos recursos a la vacunación”, opinó.
Asimismo, refirió que en muchas ocasiones no se alcanza la meta de vacunación en las poblaciones y “si no llegamos a las metas, usualmente no se preocupan, en cambio con esta ley que garantiza la compra hay más rigor en cuanto a no dejar vacunas que ya fueron compradas”.
RIESGO CON BASE EN EXPERIENCIAS PASADAS
La Ley de Vacunación en Guatemala data de 2017 y hasta la fecha continúa sin ser materializada en el país, lo que para Chang responde a una falta de voluntad política de los gobiernos de los últimos periodos.
Uno de los antecedentes con los cuales Hernández Mack y Chang argumentaron la importancia de concretar esta ley es la baja cobertura en las inmunizaciones de 2014 y 2015, cuando según datos de la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI), se obtuvo una cobertura de vacunas del 59% en niños y niñas de 12 a 13 meses de edad.
Estas cifras fueron consideradas como un retroceso en los índices de Guatemala y únicamente comparables con la década de los 80 y 90, por ejemplo, en 1987 la cobertura fue del 24.7%; en 1995, del 42.6%; y de 1998, del 59.5%.
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— Diario La Hora (@lahoragt) March 9, 2022
“Sí hay mucho riesgo de que vuelva a pasar lo de 2014 y 2015 o que no haya suficiente recurso para tener coberturas efectivas y volvamos a tener muertes por sarampión, vuelva a aparecer la poliomielitis y no se logre prevenir el cáncer de cérvix con la vacuna del VPH (Virus del Papiloma Humano”, advirtió la diputada Hernández Mack.
Aunado a lo anterior, Chang destacó que la ley fomentaría la aplicación de las vacunas primarias: tétanos, tosferina, difteria, polio, neumococo, varicela, sarampión, rubéola y paperas y, por tanto, a garantizar la erradicación de brotes en esas enfermedades.
