El 13 de octubre, durante el Congreso de buenas prácticas en el Sector Justicia para erradicar la tortura, se otorgaron reconocimientos a María Consuelo Porras, fiscal general, Dina Ochoa, magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) y a Alejandra Carrillo, directora del Instituto de la Víctima. En el evento resaltó la convivencia entre Porras y Carrillo en la misma mesa.
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Tras retirarle a fiscal, Porras y Carrillo comparten mesa ?? [https://t.co/4z8gycHQ6X] pic.twitter.com/gnllpCBAYi— Diario La Hora (@lahoragt) October 14, 2021
Durante el evento de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura se otorgó un premio a la Fiscal General por su labor a favor de la persecución penal objetiva, trato digno y derechos de las personas privadas de libertad; de manera similar se le otorgó un reconocimiento a la directora del Instituto de la Víctima por sus labores desde que fungió como diputada ante el Congreso de la República.
La polémica surge luego que Porras removió a Estuardo Pantaleón, ex fiscal de la Fiscalía Contra la Corrupción, una vez se supo que se estaba llevando a cabo una investigación en contra de Carrillo y el Instituto de la Víctima.
FISCAL QUE INVESTIGÓ A CARRILLO ES TRASLADADO
Alejandra Carrillo, directora del Instituto de la Víctima es investigada por la Fiscalía contra la Corrupción por la supuesta existencia de 109 plazas fantasma en el instituto y por la presunta sobrevaloración del costo de arrendamiento del lugar donde funciona esta entidad.
El primer allanamiento del Ministerio Público (MP) fue realizado el 11 de junio de 2021 en seguimiento a la supuesta sobrevaloración de arrendamiento del edificio ubicado en la zona 10 de la ciudad capital. Un segundo allanamiento fue efectuado por la Fiscalía contra la Corrupción el 24 de junio en respuesta a una denuncia presentada en abril de este mismo año por la posible contratación anómala de 109 personas en la entidad.
Según la investigación del Ministerio Público, los 109 empleados no ingresaron a trabajar por medio de las bases establecidas de contratación, sino por apadrinamientos o recomendaciones de funcionarios públicos; en aquel entonces se determinó que algunos de los funcionarios que habrían hecho la recomendación o apadrinamiento, aún ejercían un cargo público. Además, las personas vinculadas con la investigación pertenecen a los tres poderes del Estado.
Ambas investigaciones estuvieron a cargo del fiscal Eduardo Pantaleón; sin embargo, el 9 de julio fue trasladado de la Fiscalía contra la Corrupción a la Fiscalía Liquidadora, por órdenes de María Consuelo Porras. Esta disposición fue efectuada a menos de un mes de revelarse los casos.
El traslado fue justificado como una medida de resguardo a la integridad del fiscal, pero, contrario a lo indicado por la Fiscalía General, en su oportunidad una fuente cercana al MP, que prefirió no identificarse por temor a represalias, declaró a esta redacción que la Unidad de Análisis del Departamento de Seguridad recibió presiones para dictaminar que se debía minimizar el nivel de riesgo del fiscal y por lo tanto justificar su traslado.
El 20 de septiembre Eduardo Pantaleón presentó una denuncia en contra de Mayra Alejandra Carrillo y su asesor jurídico, José Alfredo Olazábal Mendizábal, por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad y peculado por uso.
Pantaleón describió que Carrillo habría utilizado a personal jurídico de la entidad que dirige para atender casos personales entre ellos los que investigaba cuando integró la Fiscalía contra la Corrupción.
Además, Pantaleón planteó un recurso para que Consuelo Porras reconsiderara su traslado, pero este fue rechazado por la Fiscal General.
EL CONTEXTO DE C. PORRAS Y CARRILLO
La fiscal general, María Consuelo Porras Argueta fue incluida el 20 de septiembre pasado en la lista Engel, un compendio de actores señalados por el gobierno de Estados Unidos de perpetuar la corrupción e impunidad y socavar la democracia.
Esta decisión fue tomada luego de una serie de eventos acaecidos en Guatemala. Como primer punto, el 23 de julio de 2021 la Fiscal General removió a Juan Francisco Sandoval como titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Para el 27 de julio el Departamento de Estado de EE. UU. anunció que perdió la confianza en la Jefa del Ministerio Público y retiraría temporalmente la ayuda a la entidad.
La sanción más reciente data del 20 de septiembre con su inclusión a la lista de actores corruptos, lo cual implica que C. Porras no podrá ingresar al territorio estadounidense y una advertencia sobre las relaciones bilaterales entre Guatemala y EE. UU. Este último hecho ocurrió pese a los esfuerzos del país norteamericano por cesar la corrupción e impunidad, con viajes de funcionarios a Guatemala y la creación de una agenda de trabajo enfocada en este flagelo.
Por otro lado, las investigaciones en contra de Carrillo no reportaron ningún avance.
Además, el secretario general del MP, Ángel Pineda es investigado por filtrar información a Carrillo de casos que estaban en desarrollo; este funcionario también fue incluido junto a Consuelo Porras en la Lista Engel.
IMAGEN
Pese a los señalamientos que vinculan a ambas funcionarias, en las imágenes del evento se retrata a María Consuelo Porras y Alejandra Carrillo sentadas en la misma mesa reservada y conversando, separadas únicamente por otra persona en el medio.
