El lunes la fiscal general, María Consuelo Porras y su secretario general, Ángel Pineda fueron incluidos en la “Lista Engel” de los Estados Unidos. Una fuente cercana a agencias estadounidenses de aplicación de la ley expuso que este evento debería ser considerado cautelosamente por el gobierno de Alejandro Giammattei pues, con la nueva administración de los EE. UU., no descarta que Guatemala pueda escalar hasta ser calificado como un estado paria e incluso lo comparó con el régimen de Nicolas Maduro en Venezuela.
Un estado paria se le puede denominar a un país cuyo comportamiento es considerado como excedente a las normas internacionales.
“Otra vez se repite el escenario que generó la administración Morales: ‘quemar todos los barcos’ por razones ideológicas personales”, analizó la fuente cercana al tema de seguridad. Para esta persona la diferencia radica en el cambio de administración en los Estados Unidos, y aunque Guatemala sigue siendo dependiente del país norteamericano, se han impuesto más sanciones políticas durante el gobierno Biden-Harris.
Además de lo que pueda ser considerado “ideológico”, sobre el presidente Giammattei pesan señalamientos de corrupción, concretamente en el tema de puerto que iba a ser usufructuado a Atlantic Bulk Cargo, Sociedad Anónima, en virtud del cual un testigo señala que al mandatario se le entregó dinero envuelto en una alfombra.
“La diferencia es que la actual política exterior de Estados Unidos es distinta a la era Trump, y el riesgo de terminar siendo un ‘Estado paria’ es real. Un país como Guatemala es fuertemente dependiente de Estados Unidos”, planteó la persona conocedora del tema.
La administración del expresidente Jimmy Morales tuvo realce ante la comunidad internacional luego de oficializar la expulsión de la otrora Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), derivada de un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas. Similitudes entre el gobierno FCN-Nación y el de Vamos se vuelven cada vez más notorias, sobre todo al considerar los cambios recientes en el último vestigio de la CICIG: la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), explicó.
El 23 de julio del 2021 fue removido el titular de la FECI, Juan Francisco Sandoval; luego la vacante en la fiscalía fue ocupada por Carla Valenzuela de la Unidad de Métodos Especiales (UME) del Ministerio Público (MP), sin embargo, para el 3 de agosto fue reemplazada por Rafael Curruchiche, quien además de ser señalado como cercano a Consuelo Porras fue conocido como un fiscal condescendiente a ella y cuyos casos no trascienden.
EL COSTO DE SATISFACER INTERESES PROPIOS
Bajo esta misma línea, la fuente describió que este tipo de sanciones por parte de Estados Unidos debería ser razón suficiente de preocupación para Alejandro Giammattei, pues pone al país al mismo nivel que otros percibidos por Estados Unidos como corruptos.
“Para un gobierno de derecha como el actual en Guatemala, este tipo de sanciones debería preocuparles porque los pone en la misma canasta que el gobierno de Nicolás Maduro, uno de los más corruptos en la región”, dijo.
Según esta persona, todas estas sanciones tienen como objetivo final aislar a un régimen o a un gobierno. “Ningún Estado está exento de los efectos que genera en ‘la marca país´”, comentó, más aún con un país calificado por EE. UU. como servil al narcotráfico, la corrupción y la impunidad.
MOLESTIA DE EE. UU. VA MÁS ALLÁ DE LA DIPLOMACIA
Además de lo expuesto anteriormente, esta fuente cercana a las agencias de la ley identificó que el panorama de Guatemala no solo afecta las relaciones diplomáticas entre el país y Estados Unidos; de hecho, planteó que una nueva arma para manifestar su descontento será el manejo de la economía.
“Sin duda hay un efecto en término de la confianza que se tenga sobre determinado país ser considerado como un destino seguro para la inversión. Y, aunque en países como Guatemala se puede invertir y hacer negocios exitosos a pesar de la falta de transparencia, corrupción o impacto del lavado de dinero, es importante tener en cuenta que las sanciones comerciales de parte de EE. UU. son uno de los siguientes pasos”, sostuvo.
Además de la inversión, la penalización económica podría dirigirse a los aranceles de productos guatemaltecos o cualquier otro mecanismo que afecte el ingreso de producto guatemalteco al mercado estadounidense. La fuente infirió que Estados podría optar por limitar el acceso al mercado de EE.UU. al ver que Guatemala no muestra colaboración con Estados Unidos y fomenta una tensión bilateral entre los países.
“Esto es parte también de la enorme cantidad de instrumentos que Estados Unidos tiene para mostrar su molestia”, concretó.
OTRAS VOCES SUSCRIBEN LA MISMA OPINIÓN
En Guatemala, la opinión de distintos analistas concordó con la postura del cercano a agencias estadounidenses de aplicación de la ley. En la nota “Ven complicado atraer inversión con situación de Consuelo Porras” se plasmó el análisis de 5 expertos, quienes no dudaron en que los principales socios comerciales de Guatemala podrían retraer su inversión extranjera.
En uno de los análisis se detalló que la Inversión Extranjera Directa (IED) comenzó a tener una tendencia a la baja desde la crisis agraviada por la expulsión de la CICIG. Esto a su vez está ligado con las percepciones de las calificadoras de riesgo soberano, que son los canales principales de los inversionistas para conocer qué tan factible es invertir en un país.
El riesgo de Guatemala es calificado con base en cuatro: la resiliencia económica, la robustez del sector externo, la captación de inversión extranjera directa, la consolidación fiscal y la estabilidad política. Moody’s lo catalogó para el 2021 como un país Ba2, es decir, con calidad de crédito cuestionable, que contienen elementos especulativos y su futuro no es seguro, donde el pago de intereses y capital está muy ligeramente protegido, y se contextualizan en una situación de incertidumbre.
