Este viernes 27 de agosto se desarrolló una audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para considerar la otorgación de medidas provisionales a fiscales B y C de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y Juan Francisco Sandoval, incluyendo su eventual regreso a la jefatura de la unidad. En esta sesión Sandoval profundizó sobre su remoción, sugiriendo que la decisión fue tomada luego de dos eventos: la investigación por ejecuciones extrajudiciales y la oposición al nombramiento de Cinthia Monterroso.
El abogado Alejandro Rodríguez expresó su preocupación en la audiencia respecto a las decisiones de Consuelo Porras, sugiriendo que, en el marco de la destitución ilegal de Juan Francisco Sandoval, otros fiscales identificados como “B” y “C” podrían correr la misma amenaza. B y C son fiscales “que tienen a su cargo la investigación de ejecuciones extrajudiciales de Tirso Ávila y Humberto Fuentes”, dijo el profesional.
Como marco general, el exfiscal inició argumentando que su destitución fue ilegal (pues no cometió una falta administrativa) y su trabajo en la FECI contribuyó a conocer casos de corrupción y otros actos ilícitos. Juan Francisco Sandoval mencionó que la FECI formó parte de un plan que determinó casos de impunidad y violaciones a DD. HH. en Guatemala, entre ellas “las sufridas por Humberto Ruiz Fuentes y Tirso Valenzuela, cuyo esclarecimiento está en grave amenaza de daños”.
Relató que su destitución se suscitó luego de una serie de acontecimientos que involucran al presidente guatemalteco Alejandro Giammattei. pic.twitter.com/psFP1iaQKx
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DESTITUIDO LUEGO DE INVESTIGAR EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
Los casos de Tirso Valenzuela y Humberto Ruiz Fuentes tratan de dos ejecuciones extrajudiciales en 2005, bajo el “Plan Gavilán”, un operativo que pretendía recapturar a fugitivos de la prisión “El Infiernito” para luego ejecutarlos. El 10 y 11 de octubre del 2019 la CIDH responsabilizó al Estado de Guatemala por la muerte de Valenzuela y Ruiz con fundamento en la figura de “peligrosidad futura”.
Sandoval describió que su labor en la FECI duró seis años, periodo en el que la fiscalía llevó también los casos de Valenzuela y Ruiz. “Esto en el marco de acciones que realizó la Fiscal General para obstaculizar mi trabajo”, declaró el extitular de la FECI.
Relató que su destitución sucedió luego de una serie de acontecimientos que involucran al presidente guatemalteco Alejandro Giammattei. Sandoval se refirió a una entrevista internacional en junio del 2021 con Reuters donde el presidente “se expresó en contra” de su trabajo en la FECI. “Indirectamente se refirió a la investigación que en su momento la fiscalía desarrolló en su contra por ejecuciones extrajudiciales de reos (operación Pavo Real)”, detalló.
La operación Pavo Real ocurrió en 2006 con la ejecución extrajudicial de reos en la Granja Penal de Pavón, mientras Giammattei fungía como director del Sistema Penitenciario (SP). Sandoval mencionó que en esa operación participaron “algunas de las autoridades que intervinieron en el Plan Gavilán (el cual produjo las ejecuciones de Humberto Ruiz Fuentes y Tirso Román Valenzuela).
Luego del pronunciamiento de Giammattei en Reuters “la Fiscal General Porras se dedicó a auditar de lleno a la FECI”, según declaraciones de Sandoval.
“Solo días antes de mi destitución fui notificado de una solicitud de apartamiento presentada por la agrupación política a la que pertenece el actual presidente de la República -Vamos- en la que expusieron una serie de argumentos, entre estos los relacionados a mi participación en la investigación del procesamiento de investigaciones de las ejecuciones extrajudiciales donde fue objeto de investigación el presidente de la República”, contó Sandoval.
Además, Sandoval comunicó que el fin de semana pasado se realizaron diligencias de investigación en su contra y el personal de la FECI y esta semana se giraron instrucciones para que los fiscales informaran sobre investigaciones que el exfiscal hubiera ordenado contra Giammattei. Estos fenómenos, mencionó, no afectan solo a Juan Francisco Sandoval, sino a toda la Fiscalía.
SE OPUSO AL NOMBRAMIENTO DE CINTHIA MONTERROSO
Las declaraciones de Sandoval también giraron en torno a su oposición al nombramiento de Cinthia Monterroso como encargada de la Agencia-Ocho, donde manejaría el caso Construcción y Corrupción. Juan Francisco Sandoval presentó una objeción ante la designación el 22 de julio, al día siguiente fue destituido como fiscal titular de la FECI.
Sandoval mencionó que su destitución se dio formalmente por “haber objetado una decisión de la Fiscal General consistente en la designación de una fiscal que tenía impedimento para actuar en los casos que instruyó la Fiscal General que se le designara”. Agregó que “esa fiscal”, meses antes había denunciado a la jueza Ericka Aifán, quien tenía a su cargo el control de “varias investigaciones que directamente se le estaban asignando por la autoridad superior de la institución”.
Juan Francisco Sandoval, en su tiempo como fiscal, consideró que dicha instrucción vulneraba la Ley del Organismo Judicial, pues los hechos relatados anteriormente prohibían a esta fiscal actuar en sus casos asignados “haciendo uso de una facultad contemplada en la Constitución de la República que es el derecho de petición, así como el art. 68 de la Ley Orgánica del MP”.
Por tanto, solicitó la reconsideración de la instrucción. “No existe en Guatemala ninguna disposición que establezca la prohibición de requerir al Fiscal General que considere una decisión”, refirió, “no desobedecí ninguna directriz, al contrario, pedí su consideración por considerarla ilegal”, agregó.
Sin embargo, el exfiscal fue removido de su cargo el 23 de julio. Sandoval argumentó que, si esa petición hubiese constituido una falta grave, la resolución tendría que haber partido de un acto declarativo de la junta de disciplina luego de agotar el procedimiento disciplinario para la cadena fiscal estipulado en el artículo 65 bis de la Ley Orgánica del MP. “Procedimiento que no fue agotado”, aseguró.
CARLA VALENZUELA FUE REMOVIDA POR NO ATENDER LA PETICIÓN
El exfiscal Sandoval reconoció que Carla Valenzuela, primera suplente en la tutela de la FECI, dio seguimiento a las decisiones de Sandoval e impidió que Cinthia Monterroso con las investigaciones a su cargo. Valenzuela duró 11 días en el puesto y luego de continuar con la sugerencia de Sandoval fue sustituida por el fiscal Rafael Curruchiche.
Curruchiche fue descrito por el exfiscal Sandoval como un funcionario “que se ha caracterizado por beneficiar a las personas que por investigaciones desarrolladas con el apoyo de la CICIG acreditaban la participación de los imputados en graves actos que afectaron el desarrollo del sistema democrático de Guatemala”.
PGN NO APOYA AL EXFISCAL
En la audiencia pública también intervino Jorge Luis Donado, quien compareció en representación del Estado de Guatemala. Donado dijo que es improcedente otorgar como medida provisional la restitución de Sandoval como fiscal de sección, puesto que “la solicitud de representantes pretende obtener la protección y restitución de un derecho laboral cuando ni siquiera se han agotado los recursos interpuestos ante la referida destitución”.
Dijo que la CIDH no debe conocer la solicitud de medidas porque las fiscalías el MP está cumpliendo con su trabajo bajo los principios de "legalidad, unidad y jerarquía". pic.twitter.com/5i3ADMkZLe
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“Si la corte llegase a otorgar las medidas provisionales, estaría prejuzgando de manera indirecta sobre el asunto que no es de su conocimiento actual y con ello, declarando la violación de DD. HH. contenidos en la convención, lo cual constituye una grave violación al Derecho Internacional”, formuló Luis Donado.
Además, en nombre del Estado de Guatemala el Procurador General de la Nación (PGN) aseguró que la destitución del fiscal no fue influenciada por el presidente. “De acuerdo a la agenda de la Fiscal General, el 21 de julio no se reunió con el presidente de la República”, dijo.
“Es un señalamiento grave respecto a la supuesta influencia por parte del presidente de la República en la destitución de Juan Francisco Sandoval, pero denota, de nuevo la subjetividad de los representantes y los argumentos sin fundamentos que utilizan para rescatar la solicitud de medidas provisionales”, agregó.
PDH TAMBIÉN SE PRONUNCIÓ
Por su parte, el PDH Jordán Rodas sí reconoció la competencia de la CIDH para analizar estas solicitudes de medidas provisionales. pic.twitter.com/tMVrwpLMhm
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Por el contrario, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) aseguró que “lo que quieren los actores políticos y económicos es seguir con sus privilegios y por eso es que la decisión desafortunada, ilegal y arbitraria de la Fiscal General Consuelo Porras fue contundentemente rechazada a nivel nacional e internacional porque Juan Francisco Sandoval, la cabeza del equipo de la FECI, representa un grupo de fiscales independientes que han hecho su trabajo”.
Por lo anterior apoyó la moción de restituir al fiscal en la FECI y así “dejar un precedente a cualquier estado que piense que estamos viviendo en épocas que ya habíamos pasado en las democracias, donde la arbitrariedad prevalece y la justicia tiene que ceder ante el poder económico y el poder político”.
LAS ACCIONES DE PORRAS CON OTROS FISCALES
Además de destituir a Sandoval, Porras ha realizado movimientos internos en el MP relacionados a Fiscales que tuvieron a su cargo investigaciones que de alguna manera involucraban al mandatario.
Stuardo Campo, ex jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción explicó a La Hora, horas antes de conocerse su cambio, se refirió a algunas investigaciones que se han develado y que involucran a funcionarios de la administración del presidente Alejandro Giammattei, pese a que el mandatario aseguró que no había señalamientos de corrupción en su Gobierno.
Porras, también ordenó trasladar de la Fiscalía contra la Corrupción a la Fiscalía Liquidadora del Ministerio Público al fiscal Eduardo Pantaleón. El ente investigador dijo que el cambio se hizo para resguardar su vida e integridad física. Sin embargo, La Hora pudo conocer que esto fue solo una excusa para separarlo de importantes investigaciones que tenía a su cargo, especialmente la de posibles plazas fantasmas en el Instituto de la Víctima.
