Esta mañana se llevó a cabo la audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para conocer la solicitud de otorgamiento de medidas provisionales a fiscales B y C de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) a cargo de los casos de ejecuciones extrajudiciales de Humberto Ruiz Fuentes y Tirso Valenzuela. Así como la restitución del ex fiscal Juan Francisco Sandoval a esa Fiscalía.
De acuerdo con Cejil, la audiencia se lleva a cabo en el contexto de riesgo en que se encuentran los fiscales que investigan estos casos, particularmente tras la destitución de Juan Francisco Sandoval, quien se encontraba a cargo de la Fiscalía.
La audiencia se desarrolló con la finalidad de que la Corte recabe la información necesaria para dictaminar si procede el otorgamiento de las medidas provisionales para proteger los derechos a la vida, la integridad y la independencia de los fiscales, así como el derecho al acceso a la justicia de las víctimas de ambos casos.
En la sesión el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) Jordán Rodas y Juan Francisco expusieron motivos por los cuales se deba otorgar las medidas a los solicitantes, mientras que Jorge Luis Donado, Procurador General de la Nación (PGN) en representación del Estado de Guatemala expuso motivos por los cuales la CIDH no debería conocer este proceso.
"Lo que quieren los actores políticos y económicos es seguir con sus privilegios y por eso es que la decisión desafortunada, ilegal y arbitraria de la Fiscal General Consuelo Porras fue contundentemente rechazada a nivel nacional e internacional. pic.twitter.com/QvI3IU6UJ3
— Diario La Hora (@lahoragt) August 27, 2021
¿POR QUÉ SE OTORGARÍAN MEDIDAS DE PROTECCIÓN?
El abogado Alejandro Rodríguez explicó que, en el marco de la destitución ilegal de Juan Francisco Sandoval, se propuso otorgar medidas provisionales (de protección) al ex titular de la FECI y a los fiscales B y C de la FECI por haber estado involucrados en la investigación de las violaciones de DD. HH. de Hugo Humberto Ruiz Fuentes y Tirzo Valenzuela.
En 2019 la CIDH responsabilizó al Estado de Guatemala por las ejecuciones extrajudiciales de Ruiz y Valenzuela, luego de escapar de la prisión “El Infiernito” en 2015. Según refirió el abogado Rodríguez, los ataques a la FECI y fiscales solicitantes se han dado como “una estrategia de obstrucción” de las investigaciones.
LA INVESTIGACIÓN DEL CASO INFLUYÓ EN LA DESTITUCIÓN DE SANDOVAL
El exfiscal Juan Francisco Sandoval detalló que en una entrevista de junio del 2021 con el medio Reuters, el presidente Alejandro Giammattei “se expresó en contra” del trabajo de Sandoval en la fiscalía. El exfuncionario resaltó que “indirectamente se refirió a la investigación que en su momento la fiscalía -FECI- desarrolló en su contra por ejecuciones extrajudiciales de reos (Operación Pavo Real)”.
Tomando en cuenta que su destitución fue arbitraria, señaló que los casos a cargo de la FECI y sus fiscales están en riesgo. pic.twitter.com/Xi2ABqVdhb
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Puntualizó que en la operación participaron “algunas de las autoridades que intervinieron en el Plan Gavilán”, donde se planeó recapturar a reos fugitivos y ejecutarlos; Humberto Ruiz Fuentes y Tirso Román Valenzuela fueron víctimas. Luego del pronunciamiento de Giammattei a Reuters, comentó que la Fiscal General Porras se dedicó a “auditar de lleno” a la FECI.
El exfiscal aseguró que su actuar en la tutela de la FECI y el manejo de los casos de ejecución extrajudicial fueron acorde a sus facultades legales en el puesto. Aun así, dijo que días antes de su destitución fue notificado de una solicitud de apartamiento por parte del partido oficialista Vamos.
“Solo días antes de mi destitución fui notificado de una solicitud de apartamiento de presentada por la agrupación política a la que pertenece el actual Presidente de la República –Vamos– en la que expusieron una serie de argumentos, entre estos los relacionados a mi participación en la investigación del procesamiento de investigaciones de las ejecuciones extrajudiciales donde fue objeto de investigación el Presidente de la República”, contó Sandoval.
En el contexto anterior, describió que el ser destituido de su posición por involucrarse en estos casos no solo vulnera su integridad jurídica y personal, sino la de sus otros compañeros fiscales en la FECI, quienes siguen a cargo de los casos de Valenzuela y Ruiz. Por tanto, consideró pertinente la intervención de la CIDH y el otorgamiento de la protección internacional.
PGN: LA CORTE INTERNACIONAL NO PUEDE INTERVENIR
Jorge Luis Donado (PGN) compareció en la sesión como representante del Estado de Guatemala y adelantó que su postura es en rechazo del otorgamiento de medidas provisionales solicitadas en las sentencias de los casos de Ruiz Fuentes y Tirso Valenzuela. pic.twitter.com/NHyGXwSVr4
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La contraparte de la propuesta fue comparecida por Jorge Luis Donado (PGN), quien, en representación del Estado de Guatemala, indicó que su postura es en rechazo al otorgamiento de medidas provisionales solicitadas en las sentencias de los casos de Ruiz Fuentes y Tirso Valenzuela. Juan Francisco Sandoval mencionó que Donado fungía como subdirector de investigación criminal cuando sucedieron los hechos contra Ruiz y Valenzuela, donde a su vez quedó “clara” la desidia del Ministerio Público.
Jorge Luis donado expresó que inicialmente se solicitó que la audiencia fuera pública e inició sus argumentos indicando una falta de argumentos jurídicos en la presentación de los solicitantes de protección.
“Es preocupante la falta de fundamento jurídico con la que los representantes solicitaron las medidas, así como la decisión de esta corte (25/08/2021) en la que se limita el objeto de la presente audiencia sobre las solicitudes de restituir al licenciado Sandoval como fiscal de sección”, expresó.
La solicitud a la CIDH incluye la eventual restitución del exfiscal Juan Francisco Sandoval en la FECI, considerando la remoción ilegal y su cobertura en los casos ya mencionados. Basándose en ello, Donado formuló que la demanda focaliza a uno de los tres beneficiarios “desnaturalizando el proceso actual y demostrando que la identidad y la vida del fiscal B y C no representan urgencia y necesidad que manifiestan los representantes, ya que se brinda un trato distinto, diferenciado y atención privilegiada a la petición del licenciado Sandoval”.
El primer argumento del Estado para que la CIDH no otorgue las medidas es que la corte internacional “no tiene competencia” para conocer la solicitud; como segundo punto argumentó que la medida provisional no puede ser otorgada en virtud de no concurrir los elementos en el artículo 63.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Entre otros motivos por los cuales opinan que la CIDH no es competente incluye que el carácter de subsidiario del sistema Interamericano de DD. HH. “garantiza” que este no sustituya a la jurisdicción nacional, más bien debe complementarla.
PGN: NO HAY LUGAR PARA CIDH; PDH DICE LO CONTRARIO
Otro argumento presentado por el PGN fue que el Estado ha garantizado la protección física de las víctimas. Dijo que la CIDH no debe conocer la solicitud de medidas porque las fiscalías, el MP está cumpliendo con su trabajo bajo los principios de “legalidad, unidad y jerarquía”. “La destitución del fiscal Juan Francisco Sandoval no afectaría el curso de estos casos, pues estas no se encuentran condicionadas a que solo una persona o grupo determinado de personas las lleve a cabo”, expresó.
Además, indicó que es improcedente otorgar como medida provisional la restitución de Sandoval como fiscal de sección, puesto que “la solicitud de representantes pretende obtener la protección y restitución de un derecho laboral cuando ni siquiera se han agotado los recursos interpuestos ante la referida destitución”. Concretó que el otorgamiento de medidas sería una violación al Derecho Internacional.
Por el contrario, en su ponencia el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas se mostró de acuerdo con que la CIDH otorgue la protección. En contraste al marco de legalidad asegurado por el PGN, Rodas argumentó que la justicia, el trabajo y el debido proceso son Derechos Humanos vulnerados “de forma flagrante” por el Estado Guatemalteco.
“No es un hecho casual, sino es como la guinda al pastel en el proceso de cooptación del Estado que estamos sufriendo”, dijo Jordán Rodas. Describió que los y las operadoras de justicia han trabajado por fortalecer el Sistema de Justicia y actualmente enfrentan acciones sistemáticas contra su labor e independencia, además son víctimas de amenazas.
Para él, ese hostigamiento tiene como estrategia deslegitimizar la función de impulsar la separación de cargos y procesarlos penalmente y realizar su labor en la lucha contra la corrupción e impunidad. “Ya pasó en Nicaragua y Venezuela; hoy estamos a las puertas de un régimen autoritario”, puntualizó Rodas.
Al final de su intervención indicó: “nuevamente, reconozco la competencia de la CIDH para otorgar las medidas solicitadas”.
