Cuando parte del Palacio Legislativo fue incendiado por veteranos militares que buscaban el pago de Q120 mil por sus servicios prestados durante el Conflicto Armado Interno, el 19 de octubre de 2021, el Congreso de la República contaba con un seguro contra incendios, sin embargo, a la fecha el área afectada aún no ha sido remozada y la investigación del caso sigue sin mayores resultados, más que la captura de cuatro sospechosos que enfrentan un proceso penal.
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Alrededor de este siniestro se han generado eventos que más allá de esclarecer el hecho provocan más dudas; por ejemplo, el poco interés que han demostrado los integrantes de la Junta Directiva del Congreso, presidida por Shirley Rivera, en dar con los responsables, pues más allá de las denuncias que presentaron en su momento ante el Ministerio Público (MP), no han tomado un papel activo como lo han hecho en el pasado con temas que les interesa.
Por ejemplo, la conformación de una comisión de investigación en septiembre del 2018, que denunció la compra de un edificio en la zona 5 capitalina para el ente investigador durante la administración de la exfiscal general Thelma Aldana. En ese entonces la Junta Directiva era presidida por Álvaro Arzú Escobar.
Asimismo, a la fecha no se conoce la cuantificación de daños y si ya hicieron efectivo el cobro de la póliza contra incendios. Además, los diputados de oposición no han emitido algún pronunciamiento reciente, para que las investigaciones se agilicen en el MP.
UNA RAQUÍTICA INVESTIGACIÓN DEL MP
Sobre los avances de la investigación de la quema del Congreso provocada por exmilitares, el MP se limitó a decir que ese caso está siendo investigado por la Fiscalía de Delitos Contra la Vida y la Integridad de las Personas.
Asimismo, se preguntó si tenían indicios de quiénes podrían ser los autores intelectuales, pero solo respondió que hay cuatro personas ligadas a proceso: Juan Parachico, ligado a proceso por terrorismo y depredación contra el patrimonio; Mynor de Jesús Barrientos, ligado a proceso por terrorismo y atentado; Telésforo Ramírez, ligado a proceso por terrorismo y Ernesto Martínez, ligado a proceso por terrorismo”.
“La audiencia de etapa intermedia está programada para el 12 de enero de 2023”, agregó Juan Luis Pantaleón, jefe de información y prensa del MP.
UN SEGURO CONTRA INCENDIOS CON MUCHAS RESTRICCIONES
Recientemente el Organismo Legislativo renovó la póliza de dicho seguro contra incendio, de acuerdo con el Sistema de Información de Contrataciones de Adquisiciones del Estado Guatecompras, Número de Operación Guatecompras (NOG) 18401678, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 por un costo de Q207,779.37 con el Crédito Hipotecario Nacional (CHN).
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Aunque en una parte del contrato dice que, “es contra perdidas y daños directa e inmediatamente causados por incendio y/o rayo a los bienes que se describen en las condiciones particulares”, en las especificaciones se podría entender que este servicio no cubriría la quema provocada por los exsoldados, ya que literalmente describe:
Riesgos cubiertos:
Esta póliza de seguro cubre contra todo riesgo de pérdidas o daño físico directo a la propiedad asegurada, ocasionado por cualquier siniestro accidental, súbito e imprevisto, originado por cualquier causa externa no excluida más adelante (…).
Riesgos excluidos:
A) Daños o pérdidas directa o indirectamente causados por o derivados a consecuencias de cualesquiera de los eventos siguientes:
B) Guerra internacional o civil, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones bélicas (con o sin declaración de guerra), guerra civil.
C) Motín, conmociones civiles asumiendo las características de un levantamiento popular, levantamiento militar, insurrección, rebelión, revolución, poder militar o usurpado; actos de terrorismo cometidos por cualquier persona que actúe en nombre de o en conexión con organizaciones de toda clase. A los efectos de la presente condición, se entiende por “terrorismo” el uso de violencia para fines políticos, incluido cualquier uso de violencia con el objeto de amenazar al público o a cualquier sector del mismo, salvo que se incluya por endoso y conforme texto del anexo respectivo.
BUSCABAN UNA NUEVA CONTRATACIÓN PARA REPARAR EL ÁREA
Quizá por esas restricciones en la póliza el Congreso quiso hacer un gasto adicional para la reparación del parqueo del Palacio Legislativo, ya que fue ahí donde los veteranos militares iniciaron el fuego, afectando gran parte de una estructura metálica que sostiene oficinas donde laboran trabajadores de la entidad.
Con el NOG 18519482 dicho Organismo quiso adquirir un servicio de “mantenimiento y reparación de edificios, apuntalamiento, mano de obra para desmontaje de vigas, columnas, corte y retiro de pernos dañados, nivelación con grout de pedestales de concreto para columnas y reparación con grout de piso en salida de gradas de llegada al segundo nivel, para parqueo del Congreso de la República”.
El 7 de noviembre se fijó la fecha para recibir ofertas, pero no recibieron ninguna, por lo que el evento fue declarado como finalizado anulado. Hasta el 8 de diciembre no han subido otro de este tipo.
En la justificación del pedido de compra el Congreso indica que es para rehabilitación del área afectada por los disturbios del 19 de octubre del año 2021 en el parqueo del Congreso de la República.
EL CHN –PROVEEDOR- DICE QUE EL COBRO DE LA PÓLIZA LLEVA UN PROCESO DE HASTA TRES AÑOS
El presidente del CHN, Gustavo Adolfo Mancur Milian explicó a La Hora que para hacer efectivo el cobro de una póliza del seguro contra incendios se realiza primero un estudio y evaluación de los daños, para determinar si este los cubre, el proceso en ocasiones lleva hasta tres años.
Las modificaciones fueron hechas por medio del acuerdo gubernativo pero ¿Cuáles son las nuevas fechas? Aquí los detalles #LaHoraDeActualizarnos
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“Todas estas pólizas llevan un proceso; se hace un ajuste del reclamo, se revisa si tiene cobertura y demás. No es nada más de pagar, tiene que haber un informe de un ajustador independiente que determina si procede o no el pago y de proceder cuál sería el monto. Así es como funciona”, detalló Mancur Milian.
“Al final la póliza es un contrato entre el Congreso y el CHN, donde el Congreso se compromete a llevar ciertas tareas de protección a sus edificios y en caso que eso no funciona el banco paga, como en este caso, un incendio, porque se puede tener en un edificio obras de arte, muebles, vehículos, etc. Cada uno de esos artículos puede o no estar cubiertos, dependiendo de lo que contrate el Congreso con nosotros”, agregó.
Se le preguntó si el Congreso ya hizo efectivo el cobro del seguro, pero dijo no tener certeza de ello. “No manejo esa información, no la tengo a la mano”, expresó.
Por ello, el presidente del CHN proporcionó una dirección de correo electrónico de un tercero para que por esa vía se solicitara dicha información y posteriormente proporcionaría la misma, sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se había obtenido respuesta del correo que se envió.
Mancur Milian también dijo que las pólizas son un contrato, y que se puede recibir el pago, inclusive, uno o dos, hasta tres años después, porque tienen cierto plazo para que se cumplan con todos los requisitos. “Tampoco funciona como que el incendio fue hoy y mañana se está pagando”, añadió.
“Es un contrato, cada póliza de nosotros está aprobada por la Superintendencia de Bancos, nosotros tenemos que cumplir con todo lo que dice la póliza”, afirmó.
Además, se preguntó si el incendió provocado por exmiilitares si lo cubre el referido seguro, a lo que respondió: “Habría que revisarlo, se hace un informe de ajuste, hay que catalogar si eso es un incendio provocado, si fue mano criminal, etc. En general la mayoría de pólizas deberían de cubrir eso, pero esta que tenemos con el Congreso no la conozco en específico”.
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“Quien decide qué cubre y qué no es el Contratante, en este caso el Congreso. Ellos dicen qué edificios cubrir”, anotó.
“Nosotros tenemos reaseguradoras de primer nivel, para nosotros lo que proceda pagar no es ningún inconveniente porque esta reasegurado en el exterior y no hay ningún problema en pagarlo, una vez los informes hayan cumplido con todos los procedimientos que indica la póliza”, enfatizó el presidente del CHN.
UNA JUNTA DIRECTIVA DEL CONGRESO QUE NO DA MAYORES DETALLES
Se buscó conocer con la Junta Directiva del Congreso si ya hicieron efectivo el cobro del seguro, así como conocer los avances de la denuncia que interpusieron en su momento en el MP, por lo que se intentó obtener comunicación con la presidenta del Organismo Legislativo, Shirley Rivera, así como con los directivos Carlo López Maldonado, Carolina Orellana, Marvin Alvarado y Aníbal Rojas, pero no respondieron a las llamadas realizadas.
También se buscó comunicación con el directivo Efraín Menéndez, quien indicó no tener los datos precisos, pero aseguró que ya se hizo el cobro de la póliza con el CHN y que ya tienen la cuantificación de daños.
“Sí la tenemos –cuantificación de daños-, pero le mentiría el dato exacto, incluso el seguro ya nos cubrió el pago de esto. La licenciada Silvia Valiente, directora general, antes era de jurídico, tiene conocimiento de eso, sería bueno que se abocara directamente con ella para que le pudiera compartir un informe, porque esto es información pública, porque sí ya se cerró el ciclo de lo del incendio”, declaró.
“El CHN ya nos cumplió, principalmente lo del parqueo, que era lo último que estaba, pero para la información certera… y como todo esto es administrativo y miramos tantos temas a la vez, según lo que recuerdo ya lo hicimos, pero para que lo verifique, comuníquese con ella”, reiteró.
Además, se le preguntó a Menéndez sobre las referidas denuncias en el MP, pero se limitó a decir: “Casualmente ella le podrá ayudar, porque era la directora jurídica y ella llevó ese proceso”.
Se llamó a la directora general, Silvia Valiente, pero dijo que la directora de comunicación social, Joselyn Mérida es la encargada de atender a los medios de comunicación, por lo que no brindó información.
Se intentó establecer comunicación con Mérida, pero no atendió las llamadas que se le hicieron.
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ASALTO EN EL CONGRESO
La quema del Congreso provocada por los veteranos militares surgió por la exigencia de la aprobación de una ley que les permita obtener una compensación económica por Q120 mil a cada uno.
Este beneficio fue ofrecido por el Presidente Alejandro Giammattei durante su campaña electoral, asimismo, el diputado de TODOS, Felipe Alejos presentó la propuesta de ley.
Actualmente, se han registrado manifestaciones y bloqueos exigiendo ese pago, incluso, representantes de asociaciones de exmiiltares han amenazado con violar los Acuerdos de Paz si las autoridades del gobierno no atienden sus peticiones, responsabilizando al gobernante y a Rivera.
El 12 de octubre los diputados aprobaron la Ley Temporal de Desarrollo Integral, el cual otorgaría Q36 mil a los exsoldados a cambio de ser parte de un programa de reforestación. No obstante, aún no ha entrado en vigencia, ya que no se ha publicado en el Diario Oficial, a pesar que el mandatario la sancionó y los exmilitares accionaron contra la legislación en la Corte de Constitucionalidad porque continúan exigiendo la aprobación de los Q120 mil.
