Previo a iniciar el año preelectoral, el Partido Humanista de Guatemala (PHG) eligió ayer a su Comité Ejecutivo Nacional, el mismo quedó integrado por tres actuales diputados del Congreso de la República que pertenecen al bloque legislativo de la referida agrupación política.
Se trata de Rudio Lecsan Mérida, Flavio Muñoz y Douglas Rivero, quienes fueron nombrados como Secretario General, Secretario General Adjunto y Secretario de Actas, respectivamente. Los tres diputados fueron electos por unanimidad por delegados del Comité Ejecutivo Nacional.
“Viene una gran responsabilidad. Nosotros en el 2022 -2023-, grábense esto, nosotros en 2022 -2023- vamos a ganar las elecciones, manteniendo los postulados del Tribunal Supremo Electoral, es que las delegadas -del TSE- me ponen nervios, en serio, siento que me están apuntando ahí lo que estoy diciendo. Estamos capacitando a nuestra gente, tenemos buena organización, tenemos un mecanismo de marketing, tenemos una ideología, lo tenemos todo para ganar la elección de 2023”, declaró Lecsan Mérida durante su discurso.
El Partido Humanista participó en las elecciones 2019 con Edmond Mulet como candidato a la Presidencia de la República, sin embargo, a inicios de 2020 esa relación política se rompió. Actualmente el expresidenciable participa en la organización política Cabal.
MÉRIDA IMPULSA CAMBIOS A LA LEY ELECTORAL
Lecsan Mérida en conjunto con Douglas Rivero, presentaron una iniciativa de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que pretende modificar el artículo 21, que se refiere a la fiscalización a las agrupaciones políticas, suprimiendo mecanismos de control.
Este es el párrafo de dicho artículo que los diputados pretenden suprimir: “A requerimiento del Tribunal Supremo Electoral y bajo reserva de confidencialidad, la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Telecomunicaciones, así como los funcionarios públicos, están obligados a hacer las diligencias pertinentes y entregar la información que les sea requerida para la efectiva fiscalización de los aportes públicos y privados que reciban las organizaciones políticas”.
