El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este 19 de julio su informe sobre la situación de trata de personas en el mundo y el secretario de Estado, Antony Blinken, remarcó que la corrupción sigue siendo una de las principales herramientas de los traficantes.
En el caso de Guatemala, el documento señala el gobierno no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata, pero que está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo.
Today we released the 2022 Trafficking in Persons Report, which is meant to effect positive change and encourage governments to increase and improve their anti-trafficking efforts each year. Read it here: https://t.co/dRZXon7fRg #EndHumanTrafficking pic.twitter.com/AEhtoWyDAH
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 19, 2022
Sin embargo, mencionan que el gobierno arrestó a funcionarios sospechosos de complicidad en delitos de trata, pero no procesó ni condenó a ningún cómplice.
Blinken mencionó que los funcionarios cómplices pueden “hacer la vista gorda” ante actividades ilícitas, proporcionar documentos falsos a los trabajadores y alertar a los traficantes sobre redadas inminentes y eso, les permite que continúen actuando con impunidad.
El informe consigna diferentes clasificaciones, y Guatemala se ubica junto a otros 100 países, en el nivel 2 que reúne a naciones cuyos gobiernos no cumplen plenamente con los estándares mínimos, pero están haciendo esfuerzos significativos para seguir de conformidad con esas normas.
GUATEMALA EN EL INFORME
Sobre el país, este documento menciona que el Gobierno no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata, pero está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo.
“El gobierno demostró un aumento general de los esfuerzos en comparación con el período del informe anterior, considerando el impacto de la pandemia de COVID-19 en su capacidad contra la trata; por lo tanto, Guatemala permaneció en el Nivel 2”, explica el Departamento de Estado.
A la vez, señala que estos esfuerzos incluyeron enjuiciar y condenar a más traficantes sexuales y laborales, ampliar la presencia del sector judicial y el alcance educativo para las comunidades desatendidas, auxiliar a más víctimas en refugios públicos, así como de ONG, y aumentar la capacitación de los funcionarios de primera línea para identificar y ayudarlas.
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— Diario La Hora (@lahoragt) July 20, 2022
NO SE CUMPLIÓ CON ESTÁNDARES MÍNIMOS EN ÁREAS CLAVE
Sin embargo, el Departamento de Estado señaló que el gobierno no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave.
“El gobierno no brindó suficientes servicios especializados a las víctimas dado el alcance del problema, y el monitoreo y la supervisión en los albergues gubernamentales siguieron siendo débiles. Algunos funcionarios de justicia penal fuera de las zonas urbanas carecían de conocimientos suficientes sobre los elementos e indicadores de la trata de personas o los métodos centrados en las víctimas”, se menciona en el informe.
SEÑALAN CORRUPCIÓN EN DELITOS DE TRÁFICO
La corrupción en los delitos de tráfico siguió siendo una preocupación importante de acuerdo al Departamento de Estado y esto, añadió que inhibió la acción policial durante el año, mientras este problema fue especialmente agudo en las zonas fronterizas donde la presencia del gobierno y el estado de derecho eran débiles.
“El gobierno investigó varios casos de funcionarios públicos presuntamente cómplices y realizó un arresto. En un caso, las autoridades investigaron y arrestaron a un alcalde municipal por presunta participación en el tráfico sexual de una niña de 13 años secuestrada”, destacó.
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RESULTADOS
El informe también consigna que la fiscalía investigó a mandos medios de la policía por su participación en una operación delictiva de lavado de dinero y tráfico sexual de mujeres de Colombia, Venezuela, Brasil y Centroamérica en un balneario de la capital; y que las autoridades arrestaron y acusaron a un oficial de policía en este caso.
Además, los fiscales investigaron a soldados del ejército guatemalteco que presuntamente fueron cómplices de compartir material pornográfico que mostraba a niños que podrían haber sido víctimas de tráfico sexual.
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“El gobierno no proporcionó una actualización del caso de 2018 de dos funcionarios gubernamentales acusados de delitos de trata. El gobierno informó que los fiscales se coordinaron con sus homólogos extranjeros en seis investigaciones de trata abiertas por funcionarios en la República Dominicana, El Salvador, Honduras y Panamá y cinco investigaciones dentro de Guatemala”, concluyó.
