Por Grecia Ortíz
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Felipe Navarro-Lux, gerente de iniciativas regional del Centro de Estudios de Género y Refugiados desde EE. UU., organización que se unió a la demanda por el Acuerdo de Tercer País Seguro en Guatemala, explicó a La Hora Voz del Migrante varios de los aspectos por los que decidieron acudir a los tribunales y de la poca información que se ha conocido de lo firmado por Guatemala en el gobierno del ahora expresidente Jimmy Morales.
La demanda, según el entrevistado, más allá del convenio como tal se centra en la regla que se estableció para su implementación y una guía del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), porque con el acuerdo sobre asilos se incumplieron varias leyes de EE.UU., manifestó
“La ley de EE.UU., por ejemplo la de Inmigración y Nacionalidad estable que todas las personas que lleguen o están tienen la oportunidad de solicitar asilo en este país si así lo desean y hay ciertas excepciones pero son pocas”, dijo.
De Honduras y El Salvador, explicó que existe una situación de violencia y prueba de ellos es que son miles de personas las que se han visto impulsadas a huir.
Si bien el acuerdo firmado con EE.UU., fue nombrado como de Cooperación de Asilo, el entrevistado dijo que no hay duda que el mismo es de Tercer País Seguro, aunque los tres países que lo aceptaron no son seguros como se pretende hacer ver.
Estos convenios, a decir del entrevistado, vienen a afectar a los migrantes porque les cierran las puertas de asilo a EE.UU. sin que les den la oportunidad de hacerlo allá y al llegar a Guatemala tienen temor de continuar.
“Se está poniendo a las personas en una condición que se vuelve casi imposible que ellos puedan evadir ser enviados a Guatemala si tienen algún temor… EE. UU., está transfiriendo la responsabilidad de dar protección en otros países, porque EE.UU., dice que estos acuerdos son para compartir la responsabilidad”, destacó.
HAY POCA INFORMACIÓN DE LO QUE SE FIRMÓ
La situación incluso, añadió que puede empeorar si al final se empieza a implementar ese acuerdo con Honduras o más adelante en El Salvador, “los migrantes tendrían que sobrepasar la barrera en cada país”.
“Se les están pidiendo condiciones muy difíciles y casi imposibles de cumplir”, apuntó.
Sobre los anexos que hasta ahora no han sido compartidos, dijo que estos se lograron de una manera “bastante secretiva”, pues el acuerdo fue revelado después, “hay anexos y sería bueno saber que dicen para saber que se pactó”.
Desde Estados Unidos, expresó que se percibe que el gobierno saliente de Guatemala ha brindado muy poca información de cómo se implementó esto y que responsabilidades implican.
¿QUIEN PLANTEO LA DEMANDA?
La demanda fue presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC), el Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS) y Human Rights Firts el pasado 15 de enero.
La misma invoca violaciones a la Ley de Refugiados, la Ley de Inmigración y Nacionalidad, así como la Ley de Procedimientos Administrativos.
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El acuerdo fue firmado el 26 de julio del año pasado en la Oficina Oval de la Casa Blanca por el entonces ministro de Gobernación, Enrique Degenhart y hasta la fecha se sigue sin conocer el contenido de los anexos, a pesar que en reiteradas ocasiones le fue solicitado al gobierno del expresidente Morales que los mismos fueran publicados.
Este lunes, el canciller Pedro Brolo dijo que ya tenía el acuerdo y que lo analizarían.
