En la fotografía el presidente, Alejandro Giammattei y la presidenta del OJ, Silvia Patricia Valdés. Foto: La Hora

El presidente Alejandro Giammattei en varias ocasiones ha asegurado que Guatemala es un país soberano y la presidenta del Organismo Judicial (OJ), Silvia Valdés se unió a esta afirmación cuando calificó de “intromisión extranjera” la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU.) de incluir a 16 guatemaltecos en la Lista Engel, entre ellos dos magistrados y dos jueces que le son afines.

La contradicción de ambos funcionarios se encuentra al momento que un país toma una decisión soberana y que compete a la aplicación de sus leyes, tal como el caso de la Lista Engel, que es en cumplimiento de una norma estadounidense para sancionar a quienes afecten la democracia o participen en actos de corrupción de manera significativa.

En esa dinámica, el pasado 20 de julio el gobierno estadounidense publicó la segunda Lista Engel en la cual sanciona a personas implicadas en corrupción de Guatemala. En dos años, incluidos los nombres del 2021 ya suman 38, a quienes les fue retirado el permiso para ingresar a territorio estadounidense.

Las declaraciones de desacuerdo por las personas incluidas en dicha lista surgieron tanto de parte del Gobierno de Giammattei, como de Valdés.

El mandatario en reiteradas ocasiones ha pedido a Estados Unidos que respete la soberanía de Guatemala, ante distintas decisiones políticas que ha tomado el gobernante, aunque esta sugerencia no lo acata él mismo, entre otras veces, cuando ha criticado al gobierno Joe Biden en Estados Unidos, o al mandatario venezolano Nicolás Maduro, entre otros.

¿QUÉ HAN DICHO GIAMMATTEI Y VALDÉS?

El pasado 11 de mayo durante una reunión con la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Giammattei se mofó de la Lista Engel, unos días antes de nombrar a María Consuelo Porras como jefa del Ministerio Público (MP) para un segundo período.

“Ahora viene la elección del próximo Fiscal, me han llamado, me han amenazado, me han dicho que me van a quitar, que me van hacer, y yo lo único que he podido contestar, como se lo dije a un embajador de una potencia, de un imperio, en una visita que me hizo, le dije: embajador ustedes no han entendido que mientras yo sea presidente de este país, que es así de chiquito comparado con el suyo, aquí se respeta la soberanía del país”, enfatizó.

EN EL CONGRESO POR LA VIDA

El 10 de marzo en su discurso en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, aludió el concepto de soberanía al referirse a EE. UU., cuando dijo estar “amenazado por una nación que se considera poderosa, porque su agenda no va con la nuestra, cada día está más en riesgo la soberanía de los países”.

También La Hora publicó el 10 de junio que Giammattei arremetió contra funcionarios estadounidenses en un podcast para The Global Liberty Alliance.

En esa ocasión señaló que en el país “hemos sido maltratados” y había “una clara injerencia en los asuntos internos del país”, lo cual usó como justificación para negarse a asistir a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos.

En esa entrevista también aseguró que consideraba “una clara injerencia en los asuntos internos del país, nos presionaron, nos dijeron que iban a tomar decisiones contra Guatemala si yo, por ejemplo nombraba a la Fiscal o la volvía a designar, violentando lo que es una responsabilidad soberana”.

 

LO MENCIONA ANTE LA OEA POR EL INFORME DE LA CIDH

Asimismo, el pasado 28 de junio al comparecer ante la Organización de Estados Americanos, al criticar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Giammattei en el inicio de su discurso argumentó es “imperativo afirmar que Guatemala es un país soberano y democrático que reitera su compromiso con la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, por cuanto representa el objeto de consentimiento de los Estados que dieron origen a ese sistema”.

VALDÉS A TRAVÉS DE UNA PREGUNTA CRITICA LA DECISIÓN DE EE. UU.

Valdés por otra parte el 4 de abril, mientras se entrevistaba a Óscar Dávila Mejicanos, actual jefe de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, quien en ese entonces se estaba postulando para el puesto de Fiscal General, en una de las preguntas planteadas le dijo:

“Usted actualmente como Comisionado ha conocido varios casos de corrupción en instancias públicas, en su plan de trabajo en relación con la cooperación Internacional, ¿cómo va a garantizar un MP independiente, tomando en cuenta que, si no accede a llevar los casos que ordenen entes distintos al MP, pueden recibir sanciones internacionales, tomando en consideración que en este caso algunas fiscalías ni siquiera estaban en el sistema informático del MP? cuestionó a Dávila.

 

VALDÉS HABLÓ DEL DERECHO DE GT SOBRE LA JUSTICIA PROPIA

Asimismo, La Hora documentó que el 21 de junio del 2021, el OJ, presidido por Valdés emitió un comunicado luego que los jueces de Mayor Riesgo Erika Aifán, Yassmin Barrios, Miguel Ángel Gálvez y Pablo Xitumul se presentaron al MP a solicitar a la fiscal general, María Consuelo Porras la desestimación de las denuncias sin fundamento que habían sido planteadas en su contra.

El documento indicaba “la Corte Suprema de Justicia ejerce jurisdicción y dentro de su competencia está sujeta únicamente a la Constitución y a las leyes de la República”.

“Por lo tanto, en respeto a la independencia judicial que ostenta, ninguna persona o autoridad puede intervenir en la administración de justicia o bien arrogarse la competencia de indicarle cómo debe resolver los casos sometidos a su juzgamiento, toda vez que las magistradas y los magistrados deben pronunciarse sin presiones ni imposiciones de grupos organizados, asociaciones o de cualquier otra persona ajena a la propia Corte, ya que de hacerlo implicaría una intromisión en la independencia judicial”.

“La Corte Suprema de Justicia proyecta con su actuar certeza, seguridad jurídica, objetividad, independencia e imparcialidad en cada una de las actuaciones judiciales en las que intervine, y no acepta que nadie le indiqué cómo debe resolver los asuntos que son de su conocimiento”.

 

LA DECISIÓN DE ESTADOS UNIDOS, ES SOBERANA Y PROPIA

Pese a todo lo anterior y como se consignó al inicio de la presente nota, la Lista Engel deriva del cumplimiento de una norma estadounidense (aprobada soberanamente por su Congreso) para sancionar en Estados Unidos a quienes afecten la democracia o participen en actos de corrupción de manera significativa.

GOBIERNO NO ESTÁ DE ACUERDO CON DECISIÓN TOMADA POR EE. UU.

Dos días después, el 22 de julio a través de un comunicado el Gobierno reconoció que a través de ese listado, EE. UU. no permita el ingreso a su territorio es una decisión interna, pero también dijo que la rechazaba al considerar que es “una violación a la presunción de inocencia” de los 16 sancionados.

El gobierno de Giammattei afirmó que, si bien esta es una decisión interna de ese país, lamenta y rechaza que la publicación incluya a personas de origen guatemalteco sometidas a “juicios de valor”, porque “representa una clara violación al principio universal de todos los seres humanos relacionado con la presunción de inocencia hasta ser citados, oídos y vencidos en juicio”.

Según el comunicado “se debe cuestionar la utilización de este instrumento político que promueve la condena social de las personas que allí son señaladas, la cual generalmente se deriva de elucubraciones y acusaciones mediáticas infundadas”.

El presidente Alejandro Giammattei ha sido reiterativo respecto a la soberanía. Foto: La Hora/Captura de pantalla

VALDÉS DICE QUE NO APLICARON LEY GUATEMALTECA

En este contexto, el 25 de julio, Valdés en su calidad de presidenta del OJ y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo que rechazaba la inclusión de los magistrados, Nery Medina y Vitalina Orellana, además de los jueces Víctor Cruz y Geisler Smaille Pérez en la “Lista Engel”.

Valdés se pronunció de formar similar a Giammattei sobre la presunción de inocencia, la cual “establece que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables, y que nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido”.

 

La funcionaria consideró una intromisión extranjera el listado emitido por ese país al afirmar: “En mi calidad de presidente (sic) del OJ y de la CSJ rechazo categóricamente la intromisión extranjera en las funciones constitucionales que le competen a este Organismo de Estado”.

Afirmó que “la llamada Lista Engel constituye una ilegal intromisión en las funciones constitucionales que le corresponden con exclusividad al OJ”, y por lo tanto “ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia”.

DECISIÓN SOBERANA DE EE. UU.

Sin embargo, ni Giammattei ni Valdés han reconocido que la sanción de Estados Unidos está referida a una normativa aprobada por miembros de ambos partidos, Demócrata y el Republicano, encaminada a sancionar en aquel país a quienes consideren actores políticos, lista que debe actualizar cada año el Departamento de Estado.

SOBRE LA LEY 353

El documento es parte de la Sección 353 (b) del Departamento de Estado, Operaciones en el Extranjero y Relacionados Ley de asignaciones de programas, 2021 (Div. FF, P.L.116-260).

El informe pertenece a la Sección 353 (b) de los Estados Unidos – Triángulo Norte mejorado Ley de Compromiso (Div. FF, P.L. 116-260), y que se presenta al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Cámara Comisión de la Judicatura y Comisión de la Judicatura del Senado.

Además, consigna que dicha sección requiere la presentación de un informe que identifique lo siguiente: personas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

¿A QUIÉNES INCLUYE?

A personas extranjeras que el presidente ha determinado que han participado a sabiendas en lo siguiente:

– (1) Acciones que socavan los procesos o instituciones democráticas.

– (2) Corrupción significativa.

– (3) Obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción, incluida la siguientes: corrupción relacionada con contratos gubernamentales; soborno y extorsión; la facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso a través de dinero lavado; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales.

A la vez, reiteran que el 10 de noviembre de 2021, el presidente Joe Biden firmó el Reforzamiento de la Adhesión de Condiciones de Nicaragua para la Reforma Electoral (Renacer), agregando a Nicaragua a los países dentro el alcance del artículo 353.

El 21 de junio de 2021 Biden delegó su autoridad bajo la Sección 353 al Secretario de Estado.

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken. Las sanciones las emitió el Departamento de Estado. Foto La Hora/AFP.

¿QUÉ IMPLICA?

Bajo la Sección 353, las personas extranjeras identificadas en el informe presentado al Congreso generalmente no son elegibles para visas y admisión a EE. UU., y cualquier visa actual será revocada inmediatamente y cualquier otra visa o entrada válida documentación cancelada.

El documento destaca que se incluye a personas que el Secretario ha determinado que participaron en actividad relevante y basada en información creíble o alegaciones de la conducta en cuestión, de informes de los medios y otras fuentes.

Asimismo, cita que el Departamento seguirá revise a las personas enumeradas en el informe y considere todas las herramientas disponibles para disuadir e interrumpir la actividad corrupta y antidemocrática en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

También menciona que el Departamento continúa revisando activamente información fidedigna adicional y denuncias sobre corrupción o actividad antidemocrática y utilizar todas las autoridades pertinentes, según corresponda, para asegurar que a los funcionarios corruptos o antidemocráticos se les niegue un refugio seguro en los Estados Unidos.

 

Artículo anteriorAsume primer embajador de Guatemala en Ucrania en medio de la guerra
Artículo siguienteCSJ rechaza antejuicio contra juez Gálvez pedido por implicado en caso “Cancerbero”