En la fotografía el mandatario, Alejandro Giammattei. Foto: La Hora/Captura de pantalla

El presidente Alejandro Giammattei al presentarse ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, Estados Unidos, criticó fuertemente el informe 2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que surge la pregunta sobre qué información da ese documento.

Según la CIDH, ese informe compila la situación de los derechos humanos, presenta los avances y desafíos que se han producido en la región.

Julissa Mantilla Falcón, presidenta de la CIDH, señala que el informe contribuye con la implementación de los estándares interamericanos que “transforman la vida de las personas y el quehacer de las instituciones públicas de los países de la región”. El documento contiene seis capítulos en donde se “exhiben los logros institucionales”.

 

CAPÍTULO I

Según un comunicado de la OEA, da a conocer que el capítulo I presenta las actividades de la CIDH.

CAPÍTULO II

Este contiene información sobre los avances históricos conseguidos respecto a la reducción del atraso procesal y el seguimiento de recomendaciones del sistema de peticiones y casos.

También los resultados que han tenido un impacto notorio en la protección y acceso integral a la justicia, tanto de las víctimas que recurrieron a la CIDH, como en aquellas políticas y leyes que inciden en los derechos humanos.

Asimismo, lo referido “al acceso a la justicia y a la proporcionalidad de las sanciones por crímenes de lesa humanidad, los derechos de las mujeres en contextos de privación de la libertad, el derecho a la reparación por la responsabilidad de empresas por graves violaciones a los derechos humanos y la obligación de prevenir la tortura y violencia sexual de mujeres desaparecidas”.

“Se recoge también el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas, la licencia por maternidad para madres adoptantes, el derecho a la salud de las personas mayores, como también las obligaciones de regulación y fiscalización de las políticas públicas de salud reproductiva y de planificación familiar”, añade.

 

CAPÍTULO III

Este se enfoca en las actividades de las relatorías temáticas y de país, de promoción y capacitación.

En la fotografía Julissa Mantilla Falcón, presidenta de la CIDH. Foto: La Hora/CIDH

CAPÍTULO IV

Muestra las tendencias regionales con avances y desafíos en derechos humanos que tienen los 35 Estados miembros de la OEA.

Entre los avances se destacan las acciones de algunos Estados para llevar a cabo elecciones de forma pacífica en el contexto de la pandemia, reducir las tasas de encarcelamiento, reconocer la identidad de género en documentos de identidad y el matrimonio igualitario.

El capítulo resalta la implementación de normas para la regularización de la situación de personas migrantes y asegurarles el acceso a las vacunas contra COVID-19, además de implementar políticas inclusivas de personas con discapacidad y avanzar en la posibilidad de la interrupción legal del embarazo.

Señaló que en algunos países hubo retrocesos en la vigencia del Estado de derecho y ataques o desconocimiento a la independencia judicial. Se observó el debilitamiento de instituciones nacionales de derechos humanos, el cierre de espacios democráticos mediante la promulgación de leyes e iniciativas que restringieron el derecho de asociación, a la libertad de expresión, de participación y de reunión pacífica.

Además “la preocupante militarización en tareas de seguridad ciudadana, así como el uso desproporcionado de la fuerza y la criminalización de las protestas sociales”.

También apuntó los retrocesos en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de personas LGBTI, las situaciones de violencia extrema del crimen organizado, la persistencia de desaparición de personas, así como las múltiples formas de violencia contra las mujeres.

Dio a conocer que decenas de miles de personas migrantes y refugiadas se enfrentaron a políticas migratorias restrictivas y a situaciones de riesgo e inseguridad en las fronteras.

 

CAPÍTULO MENCIONADO POR GIAMMATTEI

En el capítulo IV.B se encuentran los Estados de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Guatemala debido a que en dichos países la CIDH observó graves violaciones a los derechos humanos y ataques a la institucionalidad democrática, aunque en ese punto reconoce la iniciativa de Guatemala para establecer una ruta de trabajo “sobre la base de un diálogo franco, con el fin de dar seguimiento a sus recomendaciones respecto de las preocupaciones observadas, así como su disposición para atender los requerimientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

CAPÍTULO V

El capítulo V se centra en el seguimiento de recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana a los Estados de Honduras y México mediante los informes de país y el informe temático sobre verdad, justicia y reparación en Colombia.

CAPÍTULO VI

En el último capítulo del Informe Anual detalla la estructura institucional, la distribución y ejecución de sus recursos financieros y los proyectos implementados con sus respectivos donantes.

En los anexos se encuentran informes, resoluciones y los trabajos de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA).

 

GIAMMATTEI CRÍTICA A EXJUECES Y EXFISCALES

En relación con el tema judicial, según el gobernante “el apartado de Guatemala en el capítulo IV.B se encuentra plagado de errores metodológicos que evidencian la falta de rigor jurídico y el sesgo ideológico que afecta a Guatemala porque”.

Luego detalló: El primer punto afirma que “el informe hace referencia y cuestiona resoluciones judiciales. La CIDH debe actuar en forma subsidiaria y no como una cuarta instancia dentro de las instituciones judiciales de un país. Tampoco es la CIDH revisora o juzgadora de las resoluciones internas, las cuales tienen regulados sus propios mecanismos de impugnación”.

Según Giammattei, “cuestionar esas resoluciones sin que hayan sido agotados en el ámbito interno todos los recursos y sin que exista un informe de fondo de la CIDH bajo el sistema de peticiones y casos es una clara arbitrariedad y un error metodológico grosero”.

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